El delegado de la Defensoría del Pueblo en Zamora Chinchipe, Gonzalo Aguilar, proporciona detalles de una denuncia que presentaron el prefecto provincial, Salvador Quishpe y el asambleísta, Elio Peña, en contra del proyecto minero Mirador, impulsado por la empresa Ecuacorriente (ECSA).
Aguilar indica que el prefecto y el asambleísta presentaron una denuncia en contra de la compañía minera por daños al medio ambiente, para lo cual han hecho el reconocimiento de firmas. En dicho proceso la Defensoría del Pueblo se encuentra realizando las funciones de veedor.
Además, menciona que la Fiscalía del cantón El Pangui realiza la investigación del caso, para lo cual hasta el momento ha recibido las versiones de las partes procesales.
Recalca que el artículo 71 de la Constitución refiere que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, es decir que si una persona causa algún daño al ambiente éste no solo se limite a paralizar los trabajos, sino que la naturaleza debe ser reparada integralmente y de igual manera indemnizar a las personas y comunidades afectadas.
Por último Gonzalo Aguilar dijo que el proceso penal tiene sus etapas, ante lo cual se encuentran a la espera de las pruebas y los informes del Ministerio del Ambiente y de otras instituciones de control que posee la Fiscalía. (WRSA)
EL DATO
Aguilar revela que producto de los trabajos de la compañía extranjera habría desaparecido el poblado de San Marcos, de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui.