El gasto total, incluidos la importación de combustibles y la amortización de deuda pública, aumenta 6,6%.
El Gobierno dice que presenta una pro forma presupuestaria austera, donde se cumple el objetivo de llevar unas finanzas con fuerte control del gasto. Sin embargo, varios analistas consideran que hay cifras que deben ser revisadas con cuidado porque podrían quedar lejos de las expectativas.
La primera duda se despierta con el supuesto de un crecimiento económico de 1,43% para 2019, que incide en la proyección de ingresos tributarios. Según la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), esto “luce demasiado optimista considerando una previsible ralentización del crédito bancario, un dólar fuerte y el propio ajuste fiscal”.
EL DATO
El Gobierno estableció que necesitará 8.200 millones de dólares de nueva deuda para cerrar el presupuesto 2019.Con esto concuerdan las proyecciones de los principales organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le da al Ecuador un pronóstico de crecimiento no mayor al 0,7% en 2019; o el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que esperan un aumento de la economía de alrededor del 1%. El mismo Banco Central, aunque sin presentar el estudio definitivo, está proyectando un crecimiento del 1,1%.
El precio petrolero
Otro aspecto que podría acarrear problemas es, según Oswaldo Landázuri, analista económico, el precio de 58,29 dólares por barril de petróleo, el cual estaría casi bordeando el costo real actual, sin dejar el espacio suficiente para blindar al país de posibles crisis por una caída inesperada.
EL DATO
Otros gastos adicionales para 2019 son los 1.240 millones de dólares por el pago del 40% de pensiones jubilares y los 278 millones de dólares por la ley Amazónica.Este año, el precio incluido en el presupuesto fue de 42 dólares por barril, y según Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el diferencial con el precio internacional, de alrededor de 60 dólares, ha servido para el pago de deudas atrasadas y en su mayoría no se ha convertido en ingreso extraordinario.
“El Gobierno pierde una oportunidad valiosa para crear fondos necesarios de estabilización con los excedentes petroleros, por el contrario, con aparente comportamiento político no se juega por una reducción del aparato burocrático y contradice su propio discurso. En la práctica, las cifras de gasto corriente permanecen casi intactas, mientras que las de obra pública caen”, aseveró.
El tamaño del Estado
La tercera duda, precisamente, tiene que ver con que en la pro forma no se ve una reducción sustancial del gasto corriente, sobre todo en sueldos y salarios del sector público, donde la disminución llegaría a 71 millones durante todo 2019, dentro de un monto total que bordea los 11.000 millones de dólares.
Esto, a criterio de Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, a pesar del recorte positivo del 14% en compras de bienes y servicios, demostraría que el proceso de optimización del tamaño del Estado quedaría de lado, y ya no sería una prioridad para el Gobierno.
Si se suman los 4.841 millones de dólares por importación de combustibles, y los 3.851,67 millones de dólares por el pago de amortizaciones de deuda pública, el gasto total para el próximo año sube 6,6% en comparación a 2018. (JS)
Posponiendo el problema
° Alberto Acosta Burneo, analista económico, llamó la atención sobre el hecho de que se busque financiar gasto corriente con ingreso ocasional.
Dentro del presupuesto está incluido un valor de 1.000,12 millones de dólares por concepto de concesiones de empresas públicas. “La utilización del ingreso por una concesión es como pagar tarjeta de crédito vendiendo el auto, pero seguir gastando. Solo pospone el problema”, concluyó (JS)