El Consejo transitorio negó que se vulneren sus derechos y se declaró competente.
Los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) fueron cesados ayer por el Consejo transitorio de Participación Ciudadana. Esto, tras aprobar el informe técnico de evaluación y ratificar todas las irregularidades detectadas en el camino.
El informe tuvo 210 páginas, su lectura duró casi dos horas. Las irregularidades empezaron desde la propia designación de los jueces y se extendieron hasta concretar lo que los consejeros denominaron “una concentración indebida de poder”.
Pero antes de entrar en materia, los consejeros se tomaron su tiempo para declararse “competentes” para realizar esta evaluación, basados en la Consulta Popular de febrero.
En la evaluación se estableció falta de independencia en el propio proceso de designación por parte del anterior Consejo de Participación, cuyos vocales ya fueron cesados.
En pleno inicio del proceso de designación –indica el documento–, los exconsejeros no aceptaron impugnaciones de la ciudadanía, vulneraron la transparencia en el sorteo y sobrevaloraron calificaciones de manera subjetiva.
Jueces
El informe también recoge los cuestionamientos de los jueces Tatiana Ordeña y Alfredo Ruiz de que se atentaría a sus derechos y a la estabilidad institucional del país. A ellos y a los demás magistrados, se les responde que: “No se desconoce sus derechos” y que no se analizaron sus posiciones jurídicas, sino si cumplieron o no la Ley y sus funciones para proteger derechos.
350
causas represadas tiene cada juez, según el informe.Respecto de su desempeño en materia de administración de justicia, la evaluación concluye que los jueces no dieron paso a iniciativas de consultas populares solicitadas por la ciudadanía, sino exclusivamente las planteadas por el Gobierno de Rafael Correa.
Como ejemplo de esto, agregaron, hasta la presente fecha no califican el pedido de consulta popular solicitado por el presidente, Lenín Moreno, aunque que ya se celebró.
Causas y reacciones
Sobre la selección de las causas y los tiempos para resolverlas, la evaluación señala que se provocó inseguridad jurídica. El caso Zatya (de solicitud de inscripción en el Registro Civil de una niña como hija de una pareja de mujeres) se demoró seis años y el litigio tributario contra la empresa Oleoducto de Crudos Pesados apenas dos meses.
210
páginas tuvo el informe leído ayer. Para el catedrático en derecho constitucional Santiago Orbe, esta cesación responde única y exclusivamente al clamor de la ciudadanía de recuperar la institucionalidad del más alto tribunal del país. “Hay que ver que ciertos fallos fueron direccionados a favor de Rafael Correa y su grupo político. Era preocupante que siguiera así y es adecuada la decisión del Consejo, que tiene un tiempo limitado para actuar”.
El también constitucionalista Rafael Oyarte recordó que los jueces cesados incurrieron en “represamiento de causas en la historia: más de 10.000, lo que significa denegación de justicia”. (JCER)
Se puede impugnar
° Tras la notificación de la resolución, ordenada ayer mismo por el presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo, los jueces cesados tienen tres días para presentar los “recursos de impugnación” que consideren pertinentes.
La notificación también se entregó a la Contraloría, para que prosiga sus estudios y auditorías.