Caracas, EFE
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, decidió hoy arrogarse las competencias para legislar de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que tiene una contundente mayoría opositora y que rechazó esta decisión al considerarla una «disolución».
La ANC tomó esta medida luego de que la directiva del Parlamento no acudiera a la reunión a la que había sido convocada por parte de la Constituyente, un órgano que los opositores tildan de «fraudulento» y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
Mediante un decreto el cuerpo plenipotenciario aprobó «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos».
«Así como para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución», agrega el acuerdo que alega el poder supraconstitucional de la Constituyente para emitir decisiones incontestables.
Los más de 500 representantes de la ANC celebraron entre aplausos esta declaración que la directiva del Parlamento y los diputados de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconocen y aseguran que no acatarán, según indicó el presidente de la Cámara a través de Twitter, Julio Borges.
El opositor consideró que el decreto «de la fraudulenta ANC busca repetir» dos sentencias emitidas en marzo por el Supremo en las que se suprimía parcialmente la inmunidad de los legisladores y la Sala Constitucional se arrogaba las competencias de la Cámara, lo que dio pie a una oleada de protestas que se saldó con más de 120 muertos.
«El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de (Nicolás) Maduro contra AN y Constitución (…). La ANC es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Decisión de anulación no será acatada por AN, comunidad internacional o pueblo», prosiguió Borges