La solicitud que hizo el fiscal José Maldonado de reformular cargos en el caso de Froilán Jiménez no implicaría que el Estado “no sea sujeto a la responsabilidad que tiene en su muerte, por cuanto los procesados son funcionarios del Estado”.
Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, señaló ayer que el pedido de una audiencia de reformulación de cargos para que la investigación pase de ejecución extrajudicial a asesinato, no implica que el Estado se puede deslindar.
La ejecución extrajudicial es un delito de lesa humanidad, que se configura cuando un funcionario público o agente del Estado, “de manera deliberada, en el desempeño de su cargo actúe con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona”. La pena es de 22 a 26 años de prisión. Una misma condena tiene el asesinato, pero este se da cuando, como se pide en este caso, la muerte se produce durante concentraciones masivas.
Por otro lado, él ve con preocupación que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, “con mal espíritu de cuerpo no ha remitido la información que ha sido solicitada por más de 10 ocasiones”. (AGO)