Ipiales, La Hora
El 24 de enero del 2004, María Lidia Cabrera, de 61 años de edad, salió a la vereda de su casa, ubicada en el barrio San Vicente de Ipiales, y desde ahí despidió con un beso en la frente a su hijo menor, Armando Germán Muñoz Cabrera, un teniente del Ejército colombiano que regresaba a las selvas del Putumayo a combatir a la guerrilla después de unas breves vacaciones.
“Fue la última vez que lo vi”, recuerda con lágrimas en sus ojos esta mujer que siempre participa en las marchas que eventualmente se organizan en la frontera colombiana para protestar contra el secuestro.
Ella sale a marchar con una cartelera que tiene pegada una foto de su hijo con el uniforme de oficial y que dice lo siguiente: “Contra el secuestro. Armando Germán Muñoz Cabrera, teniente del Ejército Nacional, secuestrado hace tres años y medio. Como madre exijo su libertad. Señor Presidente y señores de las FARC, por favor, les suplico que dialoguen y lleguen a un acuerdo de paz.”
Siempre camina al lado de otras personas que también padecen su misma tragedia. Una de ellas es Pastora Tovar, ipialeña, de 55 años de edad. Su esposo, Carlos Efraín Martínez, de 58 años, fue secuestrado en 1999. El 26 de junio de ese año le llegó a su casa una carta en la que las FARC lo citaban a un lugar de las selvas de la frontera para explicarle por qué desapareció una cantidad de dinero importante de una asociación de vivienda que él dirigía. “Como tenía su conciencia tranquila acudió a la cita a hablar con la guerrilla y nunca más regresó,” cuenta Pastora Tovar.
Ella es la que más tiempo lleva en Ipiales participando en marchas contra el secuestro. Son ya ocho años de esta dolorosa experiencia. Comenta que junto a sus hijos ya superó la depresión, pero que el dolor sólo sanará cuando su esposo regrese a casa.
Lo mismo piensa Miguel Ángel Potosí Chamorro, un humilde agricultor de 47 años de edad, que reside en la población de Potosí, ubicada a 15 kilómetros de Ipiales. Su hermano, José Guillermo, fue secuestrado el 22 de mayo de 1998. Los guerrilleros de las FARC llegaron a la media noche a su vivienda y se lo llevaron sin dar explicaciones y sin reparar en el llanto de su esposa y sus cuatro pequeños hijos, quienes presintieron lo peor. Al parecer, a José Guillermo se lo llevaron porque era el líder de una comunidad indígena en la zona y se oponía abiertamente a la presencia de hombres armados en su territorio, sin importar si pertenecían al Ejército, a la guerrilla o a los paramilitares.
No saben si viven
Ninguna de estas personas, ni María Lidia Cabrera, madre del oficial del Ejército, ni Pastora Tovar, esposa del director de la asociación de vivienda, ni Miguel Ángel Potosí Chamorro, hermano del líder de la comunidad indígena, han recibido pruebas de supervivencia de sus familiares. Ni siquiera la esperanza de una llamada telefónica en la que les exijan dinero a cambio de la libertad de sus seres queridos.
La única familiar de un secuestrado que sí tiene alguna certeza de la suerte de su ser querido es Ángela Rodríguez, esposa del senador Luis Eladio Pérez, quien fue secuestrado el 10 de julio del 2001. Ese día, lo llamaron por teléfono para darle la buena noticia de que el vehículo que días atrás le habían robado en Ipiales estaba en la población de La Victoria. A pesar de las recomendaciones de sus amigos, el senador fue a reclamar su carro, pero nunca regresó. Su libertad, su vida y sus sueños quedaron en manos de los grupos subversivos, al igual que le sucedió al teniente Armando Germán Muñoz, al gerente Carlos Efraín Martínez y al indígena José Guillermo Potosí.
RECUADRO
Guerrilla
Un lucrativo negocio
Los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido responsables de más de 20 mil secuestros desde 1997, según cifras de la organización colombiana País Libre.
Sin embargo, familiares de secuestrados sostienen que las cifras oficiales sobre el secuestro en Colombia están muy por debajo de la realidad, pues la mayoría de las familias afectadas no denuncian por temor a represalias.
Según cifras de la OMS, la cotidianidad colombiana está caracterizada por una violencia generalizada con alrededor de 26 mil homicidios al año.
El conflicto colombiano, uno de los más antiguos del mundo, ha sido impulsado por la producción y tráfico de estupefacientes. Según cifras oficiales, tan sólo las FARC, recaudan anualmente entre 300 y 800 millones de dólares al año a través del narcotráfico, el secuestro y otras operaciones clandestinas.
CORTOS A UNA COLUMNA
Experiencias
Es lo peor que le puede suceder a un ser humano
Así se refirió Roberto Chacón, fundador del Trío Los Antares, a los 63 días que pasó en cautiverio, en poder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Es algo que no le deseo a nadie. El Gobierno colombiano debe realizar el intercambio humanitario para permitir que los secuestrados regresen a sus hogares“, dijo el reconocido artista.
Durante su cautiverio, que inició el 28 de enero del 2006, Chacón recibió innumerables manifestaciones de apoyo, con marchas que se realizaron para exigir su libertad.
Hay que acabar de raíz con ese problema
El alcalde de Ipiales, quien padeció en carne propia el secuestro, hizo un llamado a los grupos subversivos para que finalice este problema que tanto sufrimiento ha dejado en centenares de familias.
“Desde aquí pedimos que devuelvan a tantos colombianos que hoy sufren el cautiverio, el que también sufren sus familias por no saber de la condición de sus seres queridos”, dijo Villota, durante el discurso que pronunció el pasado 20 de Julio, en la fiesta de la independencia de Colombia.
Un delito atroz
Arturo Correa Toro, obispo de Ipiales y quien ha luchado permanentemente por la Defensa de los Derechos Humanos en la frontera colombiana, calificó el secuestro como uno de los crímenes más aberrantes de la guerra que padece Colombia.
“Hay gente inocente, que no tiene nada que ver con el conflicto, pero paga las consecuencias y sus familias también“, dijo el líder religioso.