Con los brazos levantados en señal de victoria, el cura José Carlos Tuárez entró el 13 de junio a la Asamblea Nacional para ser posesionado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Vestía un terno negro y la característica camisa de sacerdote, también negra, con cuello de tirilla blanca.
Con esa vestimenta se le vio posando en las fotografías ese día, al igual que en las primeras sesiones del Cpccs, como su presidente. Pero también desde antes, cuando era candidato, se mostraba como cura, inclusive en la papeleta elaborada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) apareció con el cuello de sacerdote.
La Ley Orgánica del Consejo de Participación establece que los representantes de los cultos religiosos no podrán ser candidatos, ni ser designados ni desempeñarse como consejeros. Esa constituye una de las 14 prohibiciones que estipula la norma, en el artículo 21 numeral 10. Por esa razón, el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) presentará un pedido de juicio político en su contra.
Pedido
Villamar ha reunido 49 firmas para presentar la solicitud al presidente del Legislativo, César Litardo. Tiene previsto hacerlo hoy o mañana. Lo único que espera es reunir más adhesiones para que, en el eventual escenario de que el juicio se dé y llegue al Pleno, existan suficientes votos. Los bloques legislativos le solicitaron el texto para analizarlo y definir su postura.
Mientras eso ocurre, hoy está previsto que Tuárez comparezca a la Comisión de Participación Ciudadana, a las 11:00, para responder a los cuestionamientos sobre su presunta falsificación de documentos para inscribir su candidatura.
El presidente del Cpccs confirmó a los medios que sí asistirá y rechazó el argumento de Villamar. “Yo no represento a la Iglesia católica, no soy representante legal”, dijo y agregó que solicitó a Contraloría que le realice un examen especial para verificar la documentación, porque insiste que es verídica.
¿Existen causales?
Para que un juicio político se produzca, la persona debe haber incumplido las funciones que le asigna la Constitución y la ley. Según Villamar, eso puede ser por acción u omisión y se habría evidenciado con la designación y el desempeño de Tuárez siendo cura. A esa razón se sumaría su falta de probidad e idoneidad por los supuestos documentos falsos.
EL DATO
El presunto uso de documentos falsos también será investigado por la Fiscalía. Esta posición la apoya la asambleísta Lourdes Cuesta (independiente), quien sostiene que “desde el día uno está incumpliendo una norma expresa”. Además, Eliseo Asuero (independiente) añade como elemento que Tuárez habría participado en mítines políticos. Sin embargo, hay asambleístas que cuestionan si hay o no incumplimiento de funciones, por el corto tiempo en el cargo.
Los legisladores correístas todavía no tienen una postura definida. Pabel Muñoz sostiene que “los argumentos para un juicio político no son sólidos”. Así que primero analizarán el caso y, de existir los elementos para un juicio, estarán a favor. Henry Cucalón (PSC) también se mantiene cauto. Él sostiene que primero deben revisarse las pruebas de cargo y descargo.
Pero todos coinciden en que, además del análisis de los posibles incumplimientos de Tuárez, también se debe revisar la actuación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobaron los documentos con los que se inscribió la candidatura del sacerdote. (AGO)