La empresa Tecnazul simuló gastos por 17,6 millones en obras correístas que nunca pudieron justificarse.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) realizó graves hallazgos en materia de determinación de gastos injustificados por parte de Tecnazul en 2014 y hay serios indicios también en contra Worley Parsons, ambas empresas involucradas en los megaproyectos de repotenciación de la Refinería Esmeraldas y la inexistente Refinería del Pacífico.
Sin embargo, la entidad tributaria dejó vencer el plazo, hasta finales de este mes de marzo, para auditar el ejercicio del año fiscal 2015 de Worley Parsons, Tecnazul y las otras empresas del Grupo Azul. Además, tampoco presentó la denuncia a Fiscalía para que se investigue un posible delito de fraude tributario e incluso peculado.
Gastos sin justificar
EL DATO
En 2014, WorleyParsons generó ingresos por un total de 114´842.278,50 dólares, pero no registró gasto y costos de personal. Por su parte, Tecnazul superó los 34 millones de dólares.Este delito se configuraría porque, según un proceso administrativo del SRI, la consultora Tecnazul, cuyo dueño y accionista mayoritario es William Phillips Cooper, asesor y amigo personal del expresidente Rafael Correa, simuló en 2014 gastos por 17,6 millones de dólares. El uso de ese dinero nunca pudo ser justificado ante la autoridad tributaria.
Tecnazul no ha presentado, hasta la fecha, pruebas para justificar los gastos glosados, ni ha tomado acciones judiciales para defenderse. Se acogió a la Ley de Remisión Tributaria impulsada por Lenín Moreno, y pagó 3’500.000 dólares sobre un valor de 3’432.000 dólares; un excedente de 68.000 dólares. (JS)
Subcontrataciones
° Worley Parsons fue contratada para fiscalizar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas y el proyecto Refinería del Pacífico, pero según el mismo SRI subcontrató todos los servicios con otras empresas.
Solo en 2014, la subcontratación con Tecnazul fue de 34´975.926,42 dólares, es decir el 30% de sus contratos vigentes a esa fecha. Eso a pesar que la Ley Orgánica de Contratación Publica prohíbe subcontratar actividades incluidas en contratos de fiscalización con el estado ecuatoriano.