Solo la mitad de los detenidos en la cárcel de Latacunga asiste a los programas y talleres de rehabilitación. ¿Qué está pasando con los demás privados de libertad en un sistema en el que se ha comprobado hacinamiento, sobrepoblación, malas condiciones de vida, muertes violentas, extorsión y tortura? El informe actualizado de la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes ha concluido que la intervención es urgente.
EL DATO
En 23 centros del país hay hacinamiento.
Después de 172 visitas desde 2013 a diferentes centros de rehabilitación, casas de acogida y otros sitios catalogados como de «privación de la libertad», Gabriela Hidalgo, al frente de la dirección, confirmó que a nivel nacional el porcentaje de hacinamiento sería de casi 80%. Hoy que se presentaron los resultados, Hidalgo relató que en las visitas se comprobaron situaciones de castigos inhumanos, reparticiones de comida en las manos por falta de platos, adecuaciones de camas sobre los baños y visitas maritales en los patios.
Desde 2018 hasta lo que va del año se han registrado 19 muertes al interior de las prisiones, sin contar con las cifras de suicidios. La Dirección Nacional pertenece a la Defensoría del Pueblo, por lo que, como representante de la institución, Gina Benavides hizo un llamado para que el sistema penitenciario se declare en emergencia de forma urgente. Insistió en que los esfuerzos no solo deben enfocarse en la construcción de más centros ni en el endurecimiento de las penas, sino también en mecanismos de prevención del delito.
Entre 2016 y 2018 se presentaron 66 informes, de los cuales solo se recibieron 4 respuestas por parte de las instituciones encargadas. Benavides mencionó que el problema es estructural y que el Estado deberá responder por los problemas que se evidenciaron y por la reparación de quienes han sido víctimas de hechos que, en conjunto, desembocan en tortura. (PCV)