Entre 2007 y 2017, durante el régimen de Rafael Correa, el aparato de justicia, en lugar de proteger los derechos constitucionales, los violó. Así, los jueces se encontraron a la “vanguardia de la persecución de grupos con ideas políticas opuestas a las mayoritarias”.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más. Ayer se presentó el informe final, que estudió 247 casos. Desde agosto del año pasado, la Mesa recibió documentación de procesos judiciales y administrativos, y escuchó a las víctimas en audiencias públicas.
El resultado: “Efectivamente existió persecución política y criminalización de la protesta social, por parte del Estado”, confirmó Paúl Jácome, presidente de la Mesa. Una persecución “sistemática, estructura, enérgica y deliberada”, en contra de quienes se opusieron al régimen correísta o sus políticas.
Los 10 miembros de la Mesa identificaron un patrón, en el que la persecución no fue aislada y en la que varias instituciones de un Estado autoritario, además del aparato de justicia, participaron. Además, se instituyó una “política comunicacional perversa”, que calificaba de “delincuentes, odiadores, enemigos del Gobierno y del pueblo” a los opositores, según Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio.
Cifras
1.435
casos se conocieron en la Mesa.
El objetivo de esta persecución era el de tener una “sociedad sumisa”, a través de “un disciplinamiento”, que se evidenciaba con la estigmatización y criminalización de dirigentes, para fraccionar a las organizaciones o comunidades.
Papel de la Justicia
“Es lamentable el papel del sistema de justicia”, dijo Porras ayer en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. De las 247 víctimas, se registraron 263 causas, principalmente penales.
La “exagerada reacción penal” se evidenció, explica el informe, en que los tipos penales utilizados (sabotaje y terrorismo, paralización de servicio público, magnicidio, ataque o resistencia) no correspondían a los hechos. “No se trata de argumentar la inocencia absoluta de las personas enjuiciadas. Sus procesos debieron ser llevados dentro de los cánones de independencia judicial y proporcionalidad de la pena”, dice el informe.
247
casos completaron la ficha con la información
solicitada. Esto porque los procesos se iniciaron por delitos “difusos”. Hubo un caso con acusaciones de hasta 52 tipos penales. Los jueces de primera instancia “vulneraron el debido proceso, el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y a la interculturalidad”, y los de segunda instancia no valoraron las pruebas de las víctimas.
Por eso, la Mesa pide al Consejo de la Judicatura que investigue a 495 funcionarios judiciales mencionados en el informe, comenzando por los 14 denunciados en diciembre pasado, en los que se incluye a jueces nacionales. (AGO)
Recomendaciones
Mesa por la Verdad y Justicia
Acelerar la revisión de las acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional.
Reformar el Código Penal para que se incorpore la causal de revisión cuando la sentencia no se ha probado conforme a la Ley y revisar las normas de la cooperación eficaz.
Crear una comisión dentro de la Asamblea para investigar los casos denunciados.
Iniciar investigaciones en el Consejo de la Judicatura contra los 495 jueces y fiscales señalados en el informe.
Impulsar la amnistía e indulto a las personas que todavía cumplen “sentencias fraudulentas”.
Fortalecer la argumentación en las sentencias de los jueces.