Existen supuestos ilícitos por lavado de activos y defraudación tributaria y aduanera, según las autoridades.
Redacción QUITO Y GUAYAQUIL
“Tenemos 45 casos de comportamientos irregulares en operaciones de comercio exterior que estamos investigando. Esto se añade a la reciente denuncia sobre la compañía China Xinlong S.A., ubicada en Milagro”. María Alejandra Muñoz, directora de Aduanas del Ecuador (Senae), señaló que a través de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción (Ofielc) se están canalizando todas las denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción no solo de funcionarios de la Senae, sino de empresas y personas naturales.
Esta dependencia, incluida dentro de la estructura de las Aduanas, fue creada por Muñoz al momento de iniciar sus funciones hace más de dos meses. Al momento de detectar operaciones inusuales, como en el caso de las 45 empresas investigadas actualmente, la Senae remite un oficio a Fiscalía para que se coordinen acciones para probar lavado de activos, defraudación tributaria y aduanera, entre otros.
Además, en todos los casos donde se comprueben delitos, Muñoz afirmó que desde la institución que dirige se exigirá que los bienes y recursos producto de la corrupción sean restituidos al Estado ecuatoriano.
Perjuicios millonarios
Alberto Vinueza, exfuncionario del SRI y experto en temas tributarios y aduaneros, comentó que en tan poco tiempo se hayan recogido 45 casos de empresas que estarían incurriendo en actos de corrupción significa un fuerte llamado de alerta, y da pistas de que ese tipo de acciones son más comunes de lo que se podría pensar.
“Existe un gran problema de evasión tributaria, contrabando y hasta lavado de activos. Esto se extendió por la permisividad de las autoridades durante la última década. Solo en facturación falsa se puede hablar de perjuicios al Estado de más de 2.000 millones anuales”, contó.
Involucrados se defienden
El exvicepresidente Jorge Glas amenazó con iniciar un proceso penal a los funcionarios del Gobierno que vincularon su nombre con la acería china Xinlong, denunciada por el Régimen, por supuestos delitos de lavado de activos, defraudación tributaria y testaferrismo, según dijo en Guayaquil su abogado, Eduardo Franco Loor.
EL DATO
La acería, según los abogados, existe jurídicamente desde 2014 y cuenta con todos los permisos legales.La advertencia es en contra de Iván Granda, subsecretario general de Acción Política de la Presidencia de la República; María Alejandra Muñoz, directora de la Senae y Raúl Ledesma, ministro de Trabajo.
Mientras tanto, desde un hotel del norte del ‘Puerto principal’, la defensa Xinlong S.A rechazó las acusaciones y descartó guardar relación con las personas mencionadas por los funcionarios del Gobierno, cuyos nombres se revelaron en una pieza audiovisual proyectada en la rueda de prensa.
La compañía afirmó que está dispuesta a que se investiguen los supuestos delitos de lavado de activos y testaferrismo, según dijo Vicente Egas, uno de los abogados.
Jorge Mayorga, otro de los abogados, señaló que la empresa hará las respectivas descargas para que estas lleven a las autoridades a una conclusión motivada.
Mientras tanto, Karina Molina, contadora de Xinlong S.A., señaló que todo está en regla y declarado. También descartó que la inversión de la empresa sea de 30 millones y aclaró que el monto es de apenas 1,5 millones, incluida la maquinaria adquirida en el país. (JS-DAB)