La Mesa por la Verdad y Justicia, que analizó los casos de persecución política durante el correísmo, presentó ayer una solicitud en el Consejo de la Judicatura para que se abra una investigación a nueve jueces nacionales, cinco conjueces nacionales y una fiscal vinculados a procesos judiciales en contra de perseguidos políticos.
El presidente de la Mesa, Paúl Jácome, junto a otros miembros, ingresaron ayer el documento en la ventanilla de la Judicatura, en Quito.
En el informe preliminar, que presentó la Mesa el lunes de la semana pasada, señaló que hay alrededor de 493 jueces, conjueces y fiscales denunciados por las víctimas de la persecución. Ese día, los miembros fueron recibidos por el pleno del Consejo, donde se realizó el pedido formal para que inicien las investigaciones.
Sin embargo, debido a que la actuación de los funcionarios podría haber incurrido en nueve infracciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, dice el documento, “solicitamos que se aperture la investigación de oficio” y que, dicho proceso inicie con los jueces de la Corte Nacional de Justicia.
EL DATO
El informe preliminar incluye alrededor de 230 casos de persecución política. Los jueces nacionales denunciados son de la Sala Penal: Édgar Flores, Iván Saquicela, Miguel Jurado, Sylvia Sánchez, Marco Rodríguez y Luis Enríquez. También de la Sala de lo Contencioso Administrativo: Álvaro Ojeda, Pablo Tinajero y Cynthia Mosquera.
Igualmente, se pide la investigación de los conjueces: Marco Maldonado, Richard Cabezas, Roberto Guzmán, David Jacho y Patricio Secaira, y de la exfiscal Thania Moreno. Por su parte, Angélica Ximena Porras denunció, a la Fiscalía de Pichincha, amenazas por el accionar de la Mesa. (AGO)