Un caso fue denunciado ante la Presidencia de Rafael Correa, en enero de 2016.
“Podemos actuar de oficio sin ningún problema”. Así respondió el fiscal general, Paúl Pérez, al ser interpelado por los periodistas sobre las investigaciones acerca del cobro de ‘diezmos’ de parte de asambleístas a asesores.
Luego de pasar casi dos horas rindiendo testimonio ante la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas, Pérez indicó que apenas la semana pasada la Fiscal Subrogante recibió de manos de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, información sobre los cobros del llamado ‘impuesto al trabajo’ y agregó: “Estamos recabando toda la información, el jueves (mañana) daremos una rueda de prensa”.
El Fiscal indicó que no necesitan informe previo de la Contraloría para actuar, porque “eso solo es necesario cuando el delito a imputar es enriquecimiento ilícito”. Y que con las denuncias sobre cobros indebidos se podría imputar delitos de “cohecho y coerción, dependiendo de lo que den las investigaciones”.
Además, ante la duda de si la inmunidad parlamentaria sería un problema, Pérez contestó: “Vamos a necesitar el apoyo de la Asamblea para dar cabida a estos casos, también se debe ver si el asambleísta cometió alguna falta estando en el cargo o no”.
¿Se sabía hace mucho?
Según documentación recabada por el asambleísta Fabricio Villamar, el 6 de enero de 2016, Luis Gonzalo Salgado Quimbita entregó en el despacho del expresidente Rafael Correa una carta de cinco páginas en la que contaba las cuotas de su salario que le exigía el exasambleísta por Galápagos Ángel Vilema, para contribuciones a Alianza PAÍS. La misiva fue sellada.
5.000
dólares mensuales gana un asambleísta.Salgado explicaba que entró trabajando como chofer, y con ese cargo le quitaban 400 dólares mensuales. Luego ascendió a asesor 2, y le quitaron el primer año 1.000 dólares y luego 800 dólares al mes.
Una copia de esta carta está entre los documentos que el asambleísta mantiene como evidencias de que estas prácticas dentro del Legislativo tienen años en ejecución, y también son conocidas y aplicadas fuera de la Asamblea. “Empleados de gobiernos locales, alcaldías y ministerios también son víctimas de estos cobros”, asegura Villamar.
400
dólares al mes se le descontaban a un chofer para Alianza PAIS, según su denuncia. Entre esas evidencias, está también un supuesto correo enviado a la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, en 2016, de parte de otro exasesor 1, en el que no menciona a la asambleísta con la que trabajó, pero denunciaba que su liquidación no había sido cancelada, porque “por capricho” de la funcionaria, y al no pagar lo que solicitaba mientras estuvo en su despacho, había retenido la firma de su informe final de actividades y asistencias. (JDC)
La lista de denuncias crece
° Desde que terminó la vacancia legislativa, el pasado 3 de septiembre, varios asambleístas han sido señalados por exasesores.
Andrea Utreras, quien esta semana presentará su caso ante Fiscalía, denunció a Karina Arteaga. Elizabeth Guachilema, actual secretaria de la asambleísta Jeannine Cruz, denunció a Raúl Auquilla. Vanessa Guerra, exasesora 2, denunció a Johanna Cedeño.
En Fiscalía reposan los casos del asambleísta Tito Puanchir, denunciado por Martha Campoverde, exasesora de su despacho y también los de los exasambleístas, Ángel Vilema y Leandro Cadena.
Este último, denunciado por su exnovia, Viviana de la Cadena, quien indicó que su cuenta bancaria fue utilizada por el exparlamentario para depositar los ‘diezmos’ que cobraba.