Redacción QUITO
El Consejo de Participación Ciudadana resolvió la mañana de hoy jueves 23 de agosto de 2018 cesar de sus funciones a los jueces de la Corte Constitucional.
Los consejeros adoptaron esta decisión tras analizar un informe de la evaluación de su gestión como integrantes del alto organismo de control del país. Previamente se declararon “competentes” para realizar esta gestión conforme los resultados de la Consulta Popular del 4 de febrero anterior.
Este informe de evaluación puntualiza que el Consejo tiene plena competencia para evaluar a los jueces constitucionales y que en la evaluación propiamente dicha se estableció que existieron irregularidades y falta de independencia en el propio proceso de designación por parte del anterior Consejo de Participación.
Se detectó, por ejemplo, una vinculación política con el gobierno anterior, conflicto de intereses y una ‘indebida concentración de poder’. Estas irregularidades empezaron desde el inicio de la selección de los postulantes a ejercer ese cargo al no aceptar impugnaciones de la ciudadanía, vulnerar transparencia en el sorteo y sobrevalorar calificaciones de manera subjetiva por parte del Comisión Verificadora.
El documento también recoge los cuestionamientos de la jueza constitucional Tatiana Ordeña y Alfredo Ruiz de que se atentaría a sus derechos y la estabilidad institucional del país. A ellos y a los demás magistrados, en el mismo informe se les responde que “no se desconoce sus derechos” y que no se analizó sus posiciones jurídicas sino si cumplieron o no la ley y sus funciones para proteger derechos de los ciudadanos.
La sesión se instaló a las 10:50, es decir con 50 minutos de retraso a la hora señalada inicialmente en la convocatoria formal de esta cita.
Además, el informe señala, que los jueces constitucionales no dieron paso a iniciativas de consultas populares solicitadas por ciudadanía sino exclusivamente las planteadas por el Gobierno.
También indica que la selección de las causas y los tiempos para resolver provocó inseguridad jurídica. El caso Zatya, por ejemplo, se demoró 6 años y el caso OCP apenas 2 meses.
En la parte administrativa también se detectaron irregularidades. En noviembre de 2014, por ejemplo, se contrató contrataciones en programación neurolinguistica y habilidades ‘anti estrés’.
En un contrato de capacitación con un gremio de abogados también se detectó cercanía entre los contratados y autoridades de la Corte.
La destitución se aprobó cerca de las 13:00 con cinco votos a favor. Los jueces cesados son: Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Francisco Butiñá, Ruth Seni, Manuel Viteri, Wendy Molina y Alfredo Ruiz (presidente) y Pamela Martínez (vicepresidenta). Tras la notificación de la resolución, ordenada hoy mismo, ellos tienen 3 días para apelar.
¡Atención!
Jueces constitucionales destituidos por ‘indebida concentración de poder’.
Los detalles►https://t.co/Lc4dpLyNRC #Ecuador pic.twitter.com/aktR8sQQVb— Diario La Hora (@lahoraecuador) 23 de agosto de 2018