Redacción BUENOS AIRES
AFP
El Congreso argentino aprobó ayer en una sesión maratónica una polémica ley de pensiones, crucial para el Gobierno de Mauricio Macri, pero signada por violentos incidentes en Buenos Aires y protestas en rechazo a la reforma.
Por 128 votos afirmativos y 116 negativos, con dos abstenciones, la alianza oficialista obtuvo la aprobación de la ley que implicará un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos al año (unos 5.600 millones de dólares).
El oficialismo consiguió el apoyo de aliados para la primera de una serie de reformas. Macri busca aprobar además una laboral y otra impositiva en el segundo tramo de su mandato, alentado por el apoyo que consiguió en las legislativas de octubre.
Disturbios
El debate, que comenzó el lunes pasado al mediodía y prosiguió durante toda la noche, estuvo signado por violentos enfrentamientos entre miles de manifestantes y la Policía que dejaron decenas de heridos, detenidos y un tendal de destrozos en los alrededores del Congreso. La batalla se prolongó durante horas.
La multitud buscaba forzar la interrupción del debate como lo había hecho la semana pasada cuando incidentes similares hicieron caer la sesión. Mientras el Parlamento proseguía con la sesión, múltiples protestas estallaron también en distintos puntos de la capital argentina, bastión electoral del oficialismo.
Cacerolazo y huelga
El batir de cacerolas se escuchó en decenas de barrios donde familias enteras salieron a protestar pacíficamente contra la reforma..
Las centrales obreras lanzaron una huelga general por 24 horas que terminó al mediodía, aunque sin la adhesión del sindicato de autobuses urbanos. Trenes, aviones y el metro sí participan.
Por la madrugada centenares de manifestantes volvieron a concentrarse frente al Congreso batiendo cacerolas y fueron dispersados por la Policía, que mantiene al Parlamento acordonado.
En el país se volvieron a vivir escenas de choques y represión inéditas desde las movilizaciones desatadas por la crisis económica de 2001.
Reforma de reformas
El Gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma. El Gobierno propone elevar la edad jubilatoria de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.
En la contienda trató de mediar la Iglesia católica pero con un llamamiento en línea con las encíclicas del papa Francisco. “Hay que extremar recursos para no perjudicar a los sectores menos favorecidos”, dijo el obispo Marcelo Colombo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.