El organismo insta a pedir una opinión consultiva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Redacción MIGUEL MOLINA DÍAZ, EE.UU.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente, Lenín Moreno, está en lo correcto cuando dice que “la libertad de expresión es consustancial a la democracia”. Sin embargo, advierte, esa declaración no es suficiente. La tarde de ayer, la Asamblea General de ese organismo emitió una resolución sobre la situación de Ecuador, que tiene un eje central: la Ley de Comunicación.
Pese a que Moreno la calificó de “sancionadora”, todavía no hay certezas sobre la reforma que el Gobierno impulsará al respecto. Por eso, la SIP hizo un llamado a Moreno para “que mantenga su compromiso de modificar la Ley y sus reglamentos, con reformas que incluyan el organismo de sanción, la Superintendencia de Comunicación, la distribución equitativa de la publicidad, entre otros”. Para este propósito, la SIP hace una solicitud histórica: que el Gobierno de Ecuador pida una opinión consultiva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El objetivo es que los órganos del Sistema, en primera instancia la Comisión y luego la Corte Interamericana, analicen la compatibilidad de la Ley con los estándares internacionales de libertad de expresión.
Además, la SIP piensa monitorear el proceso de modificación y contempla la posibilidad de enviar una misión internacional que dialogue con las autoridades del Estado, las organizaciones sociales y los periodistas, lo cual fue solicitado expresamente por la Asamblea General.
La SIP pidió a Moreno y a la Asamblea Nacional que reformen también la Constitución para eliminar la figura de la comunicación como “servicio público”.
DESCARGA► Resolución de la 73 Asamblea General
Daño moral
En su resolución, el organismo pide a la Función Judicial, especialmente a la Corte Nacional de Justicia, que revise los procesos por los que ha sido sentenciado el periodista Freddy Aponte, iniciados por el alcalde de Loja, Bolívar Castillo.
Esta decisión se tomó tras la alarma que concitó entre los periódicos del continente enterarse de que Castillo impulsó seis procesos contra el periodista, incluyendo una sentencia que ordenaba a Aponte a pagar 55.000 dólares por daño moral e injurias al político. Actualmente, Aponte está declarado “insolvente” ante su imposibilidad de pagar esa cantidad de dinero al político.