PATRICIO CÓRDOVA CEPEDA
Hay servicios públicos que deben dar total garantía, confianza, seguridad, solvencia, aunque parezca imposible otorgarlos sin dudas de ninguna naturaleza, como soporte básico y esencial para el bienestar social y el desarrollo colectivo.
Uno de estos servicios es la Justicia, encargada por el Estado a los jueces que emiten sus sentencias luego de un debido proceso y con participación activa de las partes. Claro que en materia penal, en los delitos de acción pública, la intervención de Fiscalía resulta vital para dirigir la investigación y acusar cuando existe mérito.
En la Administración de Justicia está de por medio derechos fundamentales, aspectos relacionados a la libertad, dignidad, reputación, y también al patrimonio, por lo tanto su rol social es indiscutible y debe convertirse en una verdadera vanguardia de objetividad, equilibrio, responsabilidad, capacidad, conocimiento y honestidad.
Quienes ocupan esos delicados cargos deben revestirse de los principios más elevados de dignidad humana, dejar a un lado afectos o desafectos, amistades, compadrazgos, relaciones sociales, es decir alejarse de cualquier situación que posibilite inclinar un criterio o dictar un fallo interesado.
Más allá de la verdad que los funcionarios públicos tienen un sueldo pagado por el Estado, en base a la producción de la riqueza común, de impuestos y contribuciones de los ciudadanos, cada juez tiene la obligación de conciencia de actuar con absoluta honestidad, olvidarse de sus panas de paseo, café o licor, peor direccionar las cosas desde adentro para que afuera asomen “patrocinadores particulares”, cuando a él mismo le toca resolver esos casos, en donde se rompe el principio de igualdad, se genera un ambiente turbio y hay crónicas de sentencias anunciadas, al estilo de Gabriel García Márquez.