Su director Fabricio Altamirano afirmó a LA HORA que seguirán luchando ante la justicia para defender la labor periodística e indicó que la acción viola el articulado de la ley que pretenden utilizar para condenarlos
El proceso de demanda contra el Diario de Hoy y un periodista en El Salvador es una nueva muestra de como la censura de los gobiernos autoritarios busca silenciar a los medios de comunicación que ejercen su labor de informar oportunamente a la ciudadanía.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el hecho como un “acto de intimidación” y lamentó que se incumplan los “estándares interamericanos que protegen la libertad de prensa”.
La demanda interpuesta por el empresario, Yakov Fauster, busca conseguir una indemnización por parte del diario de unos 5 millones de dólares y la misma cantidad por parte del periodista que Jorge Beltrán Luna, por el supuesto daño moral al que habría sido expuesto.
LA HORA conversó con el director del Diario de Hoy, Fabricio Altamirano, quien explicó como el sistema de justicia de El Salvador ha respondido en defensa del empresario, quien es padrastro del jefe de inteligencia del gobierno del presidente Nayid Bukele.
Altamirano explicó que la acusación es el siguiente paso en un proceso que inició luego que el diario y el periodista publicaron una información aparecida en un medio de comunicación mexicano (Revista Proceso), en el que se señalaba a Fauster como socio de una empresa mexicana investigada por sus vínculos con el cartel de Sinaloa en el año 2020.
Adicionalmente, la socia minoritaria de Fauster ( Estefania Plascencia Ponce) fue condenada a 57 meses de prisión por lavado de dinero y fraude criminal por un juez federal del estado de California, Estados Unidos.
El director del Diario de Hoy remarcó que seguirán defendiendo su posición. “Mi principal aliado es la ley, nosotros hemos actuado en impecable acato de todas las leyes. El problema es que la revista mexicana ‘Proceso’ publicó una nota, donde se hace la precisión de que este señor (Fauster) fue socio de una empresa mexicana (de Plascencia Ponce), cuyos vínculos con cartel de Sinaloa fueron mencionados en las investigaciones de las autoridades Americanas. Siendo el padrastro del jefe de Inteligencia del Estado nos pareció que debíamos dar a conocer esta realidad”, detalló.
Indicó que luego de aparecer la información se le concedió al empresario Fauster un derecho de respuesta, “que nosotros cumplimos y no satisfecho con esto a través de un Tribunal se ordenó la publicación de una nueva respuesta y ahora año y medio después ponen esta demanda”.
Explicó además que la Ley de Reparación del Daño Moral sobre la que están acusando al diario excluye en su articulado a los medios de comunicación e indicó además que la Resolución Herrera Ulloa vs Costa Rica de la CIDH, es clara al señalar que no se puede hacer responsable a un medio de comunicación por la información tomada de otros medios internacionales. Resolución que es vinculante para todos los países de la región.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, indicó que estas acciones tienen «la intención de amedrentar y buscar el efecto de la autocensura».
Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, recordó una resolución de la SIP, aprobada en su reciente asamblea anual en Ciudad de México.
En ella, la SIP exhortó «a los tribunales de El Salvador a considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2004 en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, que exime de responsabilidad a los medios por publicar contenidos de otros medios, reprobando una condena por difamación que vulneraba el derecho a la libertad de expresión». (ILS- EFE)