El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, podría quedar en libertad tras un fallo del Tribunal Constitucional.
LIMA.- La restitución del indulto otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) atizó esta semana la polémica en Perú entre opositores y partidarios de esa medida, motivando las primeras manifestaciones de preocupación de organismos internacionales de derechos humanos.
Mientras aún se espera que se publique la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que este 17 de marzo aceptó un recurso que permitirá a Fujimori salir de la cárcel en los próximos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por la reactivación del indulto.
A nivel interno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, comparó a Fujimori con el líder nazi Adolfo Hitler; mientras que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió «no polarizar» más la situación que afronta su país.
Torres también se solidarizó con los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por las que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Reacciones internacionales
Por su parte, juristas y organismos de derechos humanos aseguraron que la justicia supranacional derogará la decisión del TC.
La CIDH indicó en Twitter que esta medida «afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales», en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.
A su turno, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) recordó que «el derecho internacional de derechos humanos restringe amnistías o indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos».
En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dio una semana de plazo al Estado peruano para que le informe sobre las medidas que ha tomado ante la decisión del TC.
“Se le puso como plazo máximo al Estado peruano hasta el 25 de marzo de 2022, para que informe sobre las medidas provisionales presentadas ante la sentencia del TC que liberó a Fujimori», aseguró en Twitter la CorteIDH.
Fujimori, de 83 años, fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992. EFE