El país andino informó que ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas.
Redacción GINEBRA
El Gobierno peruano aseguró este 25 de enero de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles «excesos» de las fuerzas del orden en la respuesta a las actuales protestas, aunque afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron «violencia indiscriminada«.
«Si algún exceso ha habido se va a investigar», aseguró en su intervención en el Consejo el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante las autoridades han intentado «responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza».
«Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social», declaró el diplomático.
El fiscal superior provisional, Daniel Jara, agregó en la misma sesión que ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca. EFE
Examen en plena crisis
Perú fue sometida al examen periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo (formado por 47 Estados miembros de la ONU), el primero en cinco años para el país y que coincide con la grave crisis producida tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.
Por videoconferencia desde Perú, la delegación institucional peruana ante este examen, liderada por el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, comenzó lamentando la pérdida de vidas humanas (más de 60 hasta el momento) pero aseguró que «la protesta no puede confundirse con acciones delictivas».
Tello denunció en este sentido ataques violentos en el marco de las protestas a centros de salud, instituciones judiciales, pequeñas y medianas empresas con pérdidas millonarias, a medios y periodistas, y bloqueo de carreteras que quebró «el derecho a la libertad de tránsito».
El ministro subrayó que pese a la violencia las actuales autoridades peruanas reconocen las exigencias de los manifestantes, que «forman parte de una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados«. EFE