Redacción LIMA
El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mantiene en silencio tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este 6 de diciembre de 2023 que no se ejecute esa medida.
La decisión que se tomará no ha sido hasta el momento motivo de declaraciones públicas ni de algún mensaje del despacho de la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o del Ministerio de Justicia.
Medios locales señalan, sin embargo, que el Gobierno ha decidido acatar la resolución en última instancia del TC, lo que implicaría incumplir la orden de la CorteIDH.
Al respecto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, fue el único funcionario en referirse al tema para indicar que Fujimori no fue liberado este 5 de diciembre por un error en el trámite realizado por el TC, que consideró que debía ser subsanado durante la mañana de este miércoles.
«El INPE se encarga de llevar toda la documentación al penal y el penal es el que ejecuta la libertad», comentó en la emisora RPP.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, también dijo que considera que el procedimiento se debe solucionar en horas y que el exgobernante podrá abandonar la prisión. EFE