Redacción NICARAGUA
Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen en el limbo después de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
Estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia quedaron en el aire, tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.
«Es un golpe muy fuerte, porque no sabemos dónde vamos a ir a estudiar; y nuestros padres, que se han sacrificado (por nuestros estudios), el golpe es más fuerte para ellos», dijo a Efe la estudiante Neyma Hernández, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales de 2018.
Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro», o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala». EFE