La Justicia de Argentina recibe los alegatos de las defensas en el caso de supuesta corrupción. El pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel para la Vicepresidenta.
El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción durante su Gobierno (2007-2015), entró hoy en una de sus etapas finales, la de los alegatos de las defensas, en un escenario de fuerte convulsión política.
Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta argentina fuera objeto el pasado día 1 de un intento de atentado, en un contexto de elevada tensión entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el pasado 22 de agosto el fiscal que interviene en el proceso oral solicitara para ella una pena de 12 años de cárcel.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido presidente y esposo de Cristina Fernández Néstor Kirchner (2003-2007) y de ella misma en la provincia austral de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La defensa de Héctor René Jesús Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, fue la que abrió hoy la etapa de alegatos.
El abogado de Garro inició su intervención manifestando el «rechazo» al ataque frustrado a Cristina Fernández e imploró a Dios que el «odio no gane» y que «cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción de las reglas de la sociedad y la convivencia social».
Para las próximas semanas se espera el alegato del defensor de la vicepresidenta, quien está acusada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta de recursos públicos.
La exmandataria adelantó una defensa al emitir un discurso el 23 de agosto pasado, a través de sus redes sociales, en el que aseveró que este proceso oral, iniciado en mayo de 2019, es «un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares».
Fernández culpó a los fiscales de adoptar el «guion» de los medios de comunicación afines a la actual oposición política, afirmó que la sentencia «ya estaba escrita» en su contra y volvió a denunciar un «lawfare» (persecución judicial). (EFE)
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