El Gobierno emitió una guía para las farmacias. Estos locales deben garantizar a medicación para la interrupción del embarazo.
El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este miércoles una guía para las farmacias del país en el que se les avisa de que deben de garantizar medicación para la interrupción voluntaria el embarazo a todas las personas con receta que así lo soliciten e independientemente del estado en el que se encuentren.
En concreto, el Departamento de Salud estadounidense ha detallado a las aproximadamente 60.000 farmacias minoristas del país sus obligaciones bajo las leyes federales de derechos civiles, subrayando que, como beneficiarias de asistencia financiera federal, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, nacionalidad, sexo o edad, incluyendo el suministro de medicamentos recetados.
Según la ley federal de derechos civiles, la discriminación por embarazo incluye la discriminación basada en el embarazo actual, el embarazo anterior, el embarazo potencial o previsto, así como las condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto, según ha detallado el Departamento de Salud en un comunicado.
«Estamos comprometidos a garantizar que todos puedan acceder a la atención médica, sin discriminación (…) esto incluye el acceso a medicamentos recetados para la salud reproductiva y otros tipos de atención», ha detallado el secretario de Salud estadounidense Xavier Becerra.
Esta guía a las farmacias se enmarca en la acción de la Administración Biden por proteger la atención de la salud reproductiva de las mujeres tras la derogación por parte del Tribunal Supremo del país del precedente legal que permitía el aborto en Estados Unidos desde 1974, Roe contra Wade.
En este sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes la constitución de un grupo de trabajo sobre derechos reproductivos con el fin de identificar maneras de proteger el acceso a la atención médica para la interrupción del embarazo.
Este grupo de trabajo será el encargado de monitorear y evaluar todas las leyes estatales y locales y las acciones de aplicación que amenacen con infringir las protecciones legales relacionadas con la búsqueda de atención reproductiva, deteriorar la capacidad de las mujeres de buscar atención reproductiva en aquellos legales donde sea legal el aborto, o deteriorar la capacidad de las mismas de obtener información y asesoramiento en dichos estados. (Europa Press)