El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, informó que el 2024 no se renovarán los contratos de unos 5.000 funcionarios estatales y que se revisarán un millón de ayudas de tipo social para detectar y corregir irregularidades.
Redacción BUENOS AIRES
El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades. Así lo informó este 26 de diciembre el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Adorni también anunció que los contratos públicos cuya vigencia inició en 2023 y que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina; solo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera «irregular».
De acuerdo al portavoz, estos planes tienen un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos ($12,45 millones). «Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero«, enfatizó Adorni.
Golpe a la corrupción
El objetivo del Gobierno argentino es «transparentar el sistema de ayudas, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales«.
Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el 20 de diciembre en Buenos Aires. Las protestas coincidieron con el 22° aniversario de las protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como ‘corralito’ bancario, y en lo político provocaron la dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
Pero en las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista. (EFE)
Simplificación de las importaciones
El Gobierno de Javier Milei reemplazó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por un nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI). La meta es eliminar «vueltas burocráticas» al comercio importador en el país.
Con el fin del SIRA y la implantación del SEDI «se termina aquello de que el funcionario de turno pueda decidir qué queremos exportar y qué no«, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El nuevo modelo permitirá que el Gobierno argentino valore más «la decisión del privado que la de aquel que está detrás de un escritorio«, enfatizó el vocero gubernamental. «Siempre confiamos más en el que trabaja que en el burócrata».