BABAHOYO
Un ambiente de mucha incertidumbre y malestar es el que se respira en la Compañía de Transporte Ribera del Río Babahoyo. Todo se debe a la Resolución 072 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que está dirigida para los transportistas de carga pesada.
Esta normativa aprobada el 22 de octubre de 2015, dispone que para la concesión de un permiso de operación de las operadoras de transporte de carga pesada, todos los vehículos que vayan a ser habilitados en la flota vehicular de la persona jurídica titular del permiso de operación, se encuentren bajo la propiedad de la operadora solicitante.
“Están bajo los lineamientos de la resolución 072 las compañías que se constituyan después del 22 de octubre de 2015, fecha en la que se emitió dicha resolución”, dispone la resolución.
Es precisamente esto lo que inquieta a los propietarios de los vehículos, pues afirman que la figura no está del todo clara.
Malestar
Joselo Rivera, gerente de la mencionada compañía sostiene que dicha resolución ha generado que ninguno de los miembros de la institución quiera matricular sus carros a nombre de la compañía.
“Cada persona hace un esfuerzo para comprar su vehículo y no es posible que se lo ponga a nombre de una compañía porque prácticamente ellos dejan de ser dueño del vehículo”, explica Rivera.
Una opinión similar comparte David Barahona, quien se rehúsa a poner su vehículo a nombre de la compañía. “Queremos matricular nuestros vehículos a nombre propio como siempre se lo ha hecho. Esto ocurre solo en el transporte pesado porque en las otras modalidades cada socio la matricula con su respectivo registro”, dijo.
Por su parte, Pedro Junco sostuvo que la Ley les exige realizar una revisión técnica dentro de este proceso para poder legalizar sus vehículos, pero esto se toma un tiempo de tres meses, en el cual no se les permite laborar.
“Los de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) nos están ‘cazando’ como ladrones a los vehículos de placas blancas para sancionarnos. Esto no es justo porque uno sale a ganarse el sustento y nos retienen los carros y luego tenemos que gastar 1.200 dólares para sacarlos”, lamentó.
Esto provoca que cuando se realizan los controles por parte de la CTE, los transportistas sean sancionados debido a que no se encuentran legalmente constituidos conforme lo establece la resolución.
Cesar Esparza, defensor jurídico de este grupo de transportistas, indicó que la Ley aplica solo para las cooperativas que pretenden constituirse. “Queremos que se les dé una prórroga hasta que se constituyan. Estos compañeros ya tienen un años queriendo legalizarse pero aún no lo pueden hacer”, dijo.
Mientras que el representante de la CTE, Ronald Pilaloa, quien estuvo presente en la reunión, enfatizó que no pueden más que seguir realizando lo operativos para combatir la informalidad. “Nosotros solo hacemos cumplir la Ley. No podemos favorecer a nadie, los controles seguirán en la red vial de la provincia”, puntualizó.
Es por ello que este gremio solicita que se les dé una prórroga hasta tramitar sus permisos. Además, requieren un diálogo con la autoridad nacional para llegar a un acuerdo dentro del marco legar que les pueda ayudar. (NDA)
Resolución
De acuerdo con la Resolución 072, esta aplica sólo en el caso de trámites que involucren vehículos con ingresos a una nueva compañía de transporte de carga pesada. La ANT con normativa busca proteger a esta modalidad, porque se ha detectado que se constituyen compañías para luego negociar estas habilitaciones vehiculares.
Esta resolución no aplica para aquellas empresas ya constituidas, para quienes no ha variado la normativa y deberán regirse por las disposiciones vigentes al ingreso de su trámite, esto es que los vehículos continuarán a nombre de sus accionistas (no deberán pasar los vehículos a nombre de la operadora).
Para quienes tengan trámites de índole técnico ya iniciados previo a la suscripción de esta resolución, tales como constitución jurídica, habilitación, incrementos de cupos, la legislación no ha variado. Así como tampoco es aplicable para las solicitudes de renovación de permisos de operación.