De manera extraoficial se informó que un concejal alterno de Quevedo fue baleado.
Los robos de vehículos no paran en Quevedo así como en la provincia de Los Ríos y la región.
Cada día son más las personas que pierden sus automotores y en muchas ocasiones son heridos por no dejarse robar.
A veces prefieren no presentar la denuncia respectiva y pagar un rescate, aunque el automotor o la moto no sean entregados completo pues una o varias de sus piezas originales han sido cambiadas.
Manifestó que en la curva que sube del río Macul (límite entre ambos cantones) fue interceptado por cuatro hombres en dos motocicletas, quienes sacaron a relucir un revólver y le obligaron a parar la marcha.
“La intención era quitarme el carro, pero justo venían dos tráileres y comenzaron a pitar fuerte, entonces ellos (los delincuentes) solo nos quitaron los celulares y dinero en efectivo, así como otros cosas”, señaló.
Concejal
En varias redes sociales circula la fotografía de un hombre a quien se le atribuye el nombre de un concejal alterno de Quevedo, el cual fue supuestamente herido por no dejarse robar el vehículo.
Al consultarse el tema entre sus colegas funcionarios del Gobierno Municipal se indicó que la imagen empezó a circular en un grupo de autoridades de una parroquia urbana de la ciudad, pero que no tenían conocimiento si era verdad o no.
Quien también resultó con un corte en su brazo izquierdo fue Ricardo G.
Circulaba por la vía El Empalme – Balzar cuando fue sorprendido por dos sujetos en una moto, a la altura del recinto San Perico.
Indicó que le obligaron a parar y al resistirse le hirieron la extremidad, ensangrentando tuvo que entregar sus pertenencias personales para luego buscar ayuda en una casa de salud de Balzar. (JO)
El artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal en su parte medular señala que la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.