Fuerzas vivas hacen un llamado a riosenses y santodomingueños a emprender una acción de protección para evitar cobros de peajes anticipados.
BUENA FE. El anhelo de muchos riosenses parecía concretarse hace un año, cuando la Prefectura de Los Ríos firmó un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para intervenir la vía Estatal 25 (E–25) en los tramos Buena Fe–Babahoyo–Jujan.
El entonces ministro del MTOP, Gabriel Martínez, estuvo presente. En el encuentro se expusieron los detalles de los acuerdos y compromisos establecidos para ejecutar la obra. Anteriormente, la Prefectura había pedido la concesión, para intervenir este tramo de 130,98 kilómetros de longitud.
Sin embargo, en marzo de ese año la convocatoria a concurso público internacional se cerró con la participación de dos reconocidas empresas constructoras del país. El contrato preveía una inversión inicial de 318,79 millones de dólares y de 236,79 millones para operación y mantenimiento.
Dicha convocatoria fue hecha por el MTOP. Posteriormente se lanzó un nuevo concurso con el aporte de la Prefectura y mediante un acuerdo con el Ministerio, “mejorando la calidad de los pliegos para evitar que cualquier empresa privada participe”, informó en el prefecto Johnny Terán.
Se conoció que había un intento frustrado para adjudicar directamente a empresas públicas chinas, que no estaban dispuestas a asumir el mismo costo que constaba en la adjudicación fallida.
‘Mano negra’ en ampliación
En marzo se cumplirá un año desde que inició el cobro en el peaje ubicado en la vía Santo Domingo – Buena Fe, pero los trabajos de ampliación a cuatro carriles aún no se observan.
También en el tramo Buena Fe-Patricia Pilar se ejecutan las casetas, que fueron clausuradas por falta del permiso de uso de suelo y construcción.
Y es que los representantes de la Asamblea Ciudadana de Los Ríos y el Frente Ciudadano Riosense plantearon en diciembre de 2021 la posibilidad de iniciar acciones legales ante la Corte Constitucional para hacer escuchar su pedido, en contra del cobro de peaje anticipado.
Y es que el cobro anticipado del peaje ha sido motivo para que organizaciones sociales, transportistas, agricultores y autoridades locales y provinciales protesten e incluso hagan un pedido al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que la construcción de un nuevo peaje en dicha vía y el cobro anticipado sean suspendidos.
El MTOP paralizó la construcción del segundo peaje. Mientras que el prefecto Terán detalló que la obra costaría $280 millones, más $300 millones por el mantenimiento durante 27 años. El costo total sería de unos $ 600 millones, pero el consorcio con los peajes va a recibir más de $ 800 millones.
Actualmente es uno de los proyectos más criticados al Gobierno anterior, pues la concesión de esta red estatal se dio durante el periodo de Lenín Moreno.
¿Qué dice el informe de Contraloría?
El resultado del examen especial que aplicó la Contraloría General del Estado (CGE), refleja que los procesos precontractuales para la ampliación de la vía Estatal 25 (E-25) carecieron de transparencia.
Además, que habría existido la interferencia de un exfuncionario, el mismo que en esa época ocupó diferentes cargos en el MTOP.
Según el documento, la empresa Técnica de Construcciones S.A. no contaba con la capacidad técnica ni financiera para asumir la concesión. Sin embargo, se le permitió acreditar la experiencia con otra empresa extranjera.
En el 2017 un funcionario del MTOP da la viabilidad técnica para el proceso de ampliación a cuatro carriles. Después de varios meses esta persona sale del sector público y el 30 de abril de 2019 presenta la oferta a nombre de la empresa Técnica de Construcciones S.A.
Para el 2020 nuevamente se reintegra al MTOP, para desenvolverse como subsecretario de Delegaciones de los Servicios de Transporte y Obras Públicas. Fue en este periodo cuando autoriza el cobro del peaje ubicado a la altura del kilómetro 15 de la vía Santo Domingo – Quevedo, información que se recoge del examen aplicado por la Contraloría.
La empresa también habría incumplido con la garantía de fiel cumplimiento. El informe resalta novedades sobre la recaudación proyectada del peaje, ya que hasta el 2048 se pronostica una afectación económica de aproximadamente 104 millones de dólares para el Estado.
Fuerzas vivas dan un plazo
Felipe Buenaño, coordinador de la Comisión Anticorrupción Núcleo Santo Domingo, informó que han motivado a ciudadanos del cantón que se han paralizado para no permitir la construcción de casetas y el cobro del peaje en dicho lugar.
“Nosotros nos hemos motivado ante ello para posicionarnos referente a la construcción de dicho peaje. Es un cobro que se está haciendo sin recibir ningún servicio, pues no existe aún la ampliación de la vía”, expuso.
Buenaño hizo un llamado a riosenses y santodomingueños a emprender una acción de protección. Aseguró que han formado una comisión jurídica, con cuatro abogados, para seguir estas acciones.
Una de las resoluciones es que no se cobre el peaje en la vía Santo Domingo – Buena Fe. Uno de los pedidos es que el Gobierno Nacional revierta las competencias y la administración de las vías Alóag – Santo Domingo y Santo Domingo – Buena Fe a las prefecturas de las provincias involucradas.
Puso de ejemplo la vía Panamericana, que tiene una sola concesionaria y los usuarios pagan su peaje por una vía que ya ha recibido sus ampliaciones. “En Santo Domingo tenemos 27 años de cobro y no contamos con dicha ampliación. Las Prefecturas dicen que no tienen dinero para mantener estos, entonces que dejen que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de una licitación nacional e internacional, atraiga a una empresa con el dinero y la obra se haga realidad”, expuso.
Dijo además que el ofrecimiento de “una pequeña ampliación” y una limpieza en la vía Buena Fe – Santo Domingo es un “caramelito momentáneo”, pero que de todas formas no se ha hecho nada aún. “Hago la invitación de dirigentes, líderes, gremios y ciudadanía en general a que se una a las acciones de la Comisión Anticorrupción de Santo Domingo, para tomar acciones de manera conjunta”, puntualizó.
La comisión jurídica ha planeado 30 días al Gobierno Nacional para que se tomen en cuenta las peticiones ciudadanas.
Pronunciamiento del transporte pesado
Fernando Ortiz, dirigente de la transportación pesada, criticó el accionar de las autoridades anteriores y advirtió que estarán atentos para que se tomen los correctivos del caso.
Resumió que el gremio contrató los servicios de un equipo jurídico de Quito para obtener un resumen del documento remitido por la Contraloría, que tenía 141 páginas.
Ortiz aseguró que aún no existen los estudios definitivos para el proyecto de ampliación, cuyo plazo era de 180 días. Lamentó que continúe el cobro del peaje ante un proyecto que todavía no demuestra avances.
Alcalde de Buena Fe apoya ampliación de vía
El alcalde del cantón Buena Fe, Eduardo Mendoza, informó semanas atrás que apoyan la construcción de la vía. “Se está construyendo el peaje cerca del recinto El Descanso, y en base al diálogo se ha conseguido que la constructora amplíe cuatro sectores, que son los puntos críticos entre Buena Fe y Santo Domingo”, puntualizó el edil.
Mendoza detalló que primero se va a ampliar el tramo Fumisa y luego, “cuando se intervengan los otros tramos, el MTOP dará el aval para que se proceda a cobrar el peaje con los beneficios de ley a los vecinos del proyecto”, añadió. (DLH)
Las contribuciones especiales por mejoras son la vía fácil de los municipios y prefecturas para obtener más recursos cuando se quedan ‘chiros’ ????????. Te explicamos ???????? https://t.co/8uh1NlFkhK pic.twitter.com/zeV0tBCXbb
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) January 27, 2022