La crisis política en Ecuador ha resultado en excepciones jurídicas constitucionales a favor del Estado, mediante decretos leyes. Estos decretos han tenido consecuencias negativas en los impuestos de los ciudadanos y en los precios para los consumidores. Además, han respaldado legalmente las zonas francas como oportunidades de desarrollo, pero también han generado incertidumbre sobre la regulación laboral y los salarios.
La crisis de los intereses políticos ha dado surgimiento a las excepcionalidades jurídicas constitucionales a favor del Estado ecuatoriano, entendiéndose territorio y población, los decretos leyes, que son potestad exclusiva del gobierno que ejerce la función ejecutiva, después del del ejecútese del Art. 148 de la Constitución de Montecristi.
Hasta la presente fecha, los decretos ley, han sido a los impuestos de los contribuyentes y consumidor final; fundamentar simiente jurídica a las zonas francas como oportunidad de desarrollo y vida para los territorios provinciales, cantonales y parroquiales y; la expectativa de un decreto ley sobre la relación laboral entre empleador y trabajador relacionado con el costo de la mano de obra laboral de profesiones, oficios y en especial de la libertad laboral de las ocho horas reguladas actualmente en el Código de Trabajo y de la institucionalidad pública del Estado; leyes que niegan el ingreso económico al trabajador y empobrecen los patrimonios de los núcleos familiares
Reconstrucción de la economía
La reconstrucción de la economía, planteada desde la óptica y pertinencia de las zonas francas, provoca efectos positivos y negativos en los habitantes y la gobernabilidad de las políticas públicas de los fines y objetivos de los gobiernos autónomos descentralizados.
Los decretos ley obligan a reordenar las finanzas, las relaciones laborales y las fuerzas de la economía del Estado y de gobiernos de jurisdicciones provinciales, cantonales y parroquiales sin que exista el contratiempo del idealismo ideológico del derecho constitucional, cuando se trata de aplicar y defender derechos ciudadanos en materia de economía.
La seguridad jurídica para la supervivencia del Estado, en materia de economía, para su beneficio y desarrollo se tienen que normar y reglamentar jurídicamente, con relación al desarrollo de la humanidad y elementos de inventiva y tecnología que experimenta la humanidad actualmente que constantemente se hallan modificando las necesidades de mano de obra humana especializada y sus relaciones laborales de derechos.
El idealismo frente al pragmatismo plantea y hacen dudar de lo escrito como LEY, por parte de los partidos políticos que gobiernan funciones de Estado, quienes inspiran doctrinas de políticas públicas de distribución y redistribución de la riqueza y bienes económicos del Estado frente a las necesidades de quienes consumen dichos bienes patrimoniales que son las políticas públicas sin control del Estado y sin vigilancia constitucional.
La visión política idealista se enfrenta a un gran dilema sobre el pragmatismo de la ciencia, la tecnología e inteligencia artificial que destruyen diariamente los derechos laborales del ser humano; vacíos jurídicos de la economía que deben ser tratados en el enfoque de las zonas francas del Ecuador por una decencia parlamentaria de Estado.
Identidad y autonomía económica
Las Zonas Francas económicas abren el camino de forjar y restablecer identidad y autonomía económica a los territorios y habitantes de acuerdo a sus ubicaciones territoriales con relación a otros estados. Además, podrán generar y profundizar modelos de gobernabilidad que permitan afianzar la geoeconomía con políticas públicas de las ventajas “comparativas” de productos, servicios y de otros valores de la economía global. E incluso entra un valor adicional de las características de la idiosincrasia de los pueblos, la urbanidad de cultura social, el valor de la seguridad, paz y armonía ciudadana y especialmente de la cultura civilizada sobre medio ambiente en la producción de servicios, bienes y productos de manufacturados con los mercados nacionales e intercambio con sistemas de producción y comercialización de las economías globales
Para la provincia de Loja, el decreto ley de zonas francas, abre la puerta para restablecer la identidad y autonomía industrial y comercial que es parte de la idiosincrasia del habitante lojano del emprendimiento e innovación para fomentar riqueza, como quedó demostrado en las guerras por la independencia y se profundizó dicha identidad económica de Loja en el Gobierno Federal de Loja.
Para ello se cuenta con recurso formado en especialidades y saberes, recurso económico y principalmente recursos naturales muy bastos que pueden sostener economías de los mercados mundiales. Además de ello, la ubicación geográfica de Loja es privilegiada con relación al resto de las ciudades del Ecuador.
La ubicación de privilegiada
La provincia de Loja, tiene características especiales para instaurar un poder industrial de orden nacional por las características de su territorio y de su ubicación geográfica continental con las economías del mundo, que garantizar el edificar un poder industrial de gran envergadura y de tecnología de punta de primer mundo en desarrollo e innovación sobre economía.
Un territorio, de naturaleza y ubicación geográfica única, brinda condiciones de ventajas para hacer prevalecer el ideal de la defensa profunda territorial de instalaciones productivas; ventaja comparativa de seguridad para las inversiones económicas con el resto de territorios del Ecuador; además, es un sitio geográfico estratégico que dificultará paralización de producción y logística de materias primas, insumos y productos por eventos políticos como los ocurridos en la mayoría de las ciudades del Ecuador, donde la ‘Revolución de la papas’, detuvo la economía.
La ventaja comparativa de Loja, envió al piso la falacia más burda que políticamente se haya podido hilvanar el slogan “El campo da de comer a la ciudad”, cuando la cosmovisión es muy diferente: “EL campo hace negocios con la ciudad y la ciudad hace negocios con el campo”. Esa ventaja comparativa para una zona franca en de vital importancia en para costos económicos sobre seguridad y movilidad.
Loja, políticamente es frontera de Estado; pero, continentalmente es el sitio ideal para conectar economía y turismo con el resto del planeta. Las ventajas son visibles en dos aspectos: territorio y población.
La ubicación continental de Loja le otorga mayores ventajas para movilizar poder económico y de tecnología industrial. Dos puertos de aguas profundas, a menos de 200km de distancia; cordilleras con micro climas y mesetas ricas en nutrientes y especialmente fuentes hídricas que riegan campos de Sur América. Además, geográficamente la economía para su movilidad tiene la ventaja de las carreteras hídricas y oceánicas de conexión con puertos del océano Pacifico y Atlántico.
Las zonas francas pueden detener la Migración de Lojanos
Reconstruir la economía (Zonas Francas), trae al escenario el Federalismo económico de Loja, y a evaluar su pertinencia para acabar con los feudos políticos que distorsionan la democracia y la economía; escenario que, de acuerdo a la excepcionalidad del momento político del Ecuador, podría ser un camino de oportunidades.
Las zonas francas pueden detener el ‘Éxodo lojano’ Una zona franca económica en Loja, como la que existió por costumbre entre habitantes ecuatoriano y peruanos, puede detener la migración a otros sitios del planeta e iniciar la repoblación del campo y ciudades fronterizas hoy carentes de población económicamente activa; oferta de mano de obra especializada y abundante, que permita reverdecer el campo lojano.
Las zonas francas de hecho reemplazan las nefastas políticas de las ‘Trincheras humanas’ para la seguridad del Estado (las fronteras vivas); más bien dan paso a la dinámica de implantar políticas a los Estados en sus fronteras para beneficio y desarrollo humano de sus ciudadanos, basadas en la economía de las fronteras globales.
Los municipios y la racionalidad jurídica
La carrera contra reloj de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales se halla dictada con los decretos ley en materia económica y los tiempos en economía global se iniciaron, sin equivocación alguna, catorce años atrás; plantear deberes y obligaciones de los gobiernos seccionales en crear riqueza para sostener y desarrollar a sus poblaciones, retos actuales de mirar el fomento productivo con sectores de la economía privada.
La visión y misión de un gobierno seccional, únicamente gira en vender servicios básicos, cobrar impuestos y forzar a pagar planillas de pequeñas obras con valores exagerados que no se afianzan a ninguna realidad económica honesta; esa realidad con los decretos leyes, hacen variar dichas metas.
La racionalidad jurídica municipal frente a la visceralidad política de los las preferencias electorales; los cabildos cantonales tienen la tarea de establecer racionalidad jurídica en las ordenanzas para hacer que el virtuosismo de los decretos ley en materia de economía puedan ser el detonante del desarrollo de las jurisdicciones que tienen los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales descentralizados. La excepcionalidad desde Montecristi hasta los decretos leyes.