La investigación se inició luego de varias denuncias sobre actos de corrupción como la anulación de citaciones por contravenciones de tránsito, para obtener la autorización de salida de vehículos del Centro de Retención Vehicular.
La Fiscalía ha formulado cargos contra diecisiete personas por su presunta participación en el delito de peculado, el cual habría ocurrido en la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT) del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja. Los hechos, que se investigaron y se habrían perpetrado entre junio de 2014 y febrero de 2018, involucran a personal directivo y administrativo de la UCOT, así como a agentes civiles de Tránsito y particulares.
Tras analizar los elementos de convicción presentados durante la audiencia de formulación de cargos, el juez encargado de la causa ha dictado presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salir del país para todos los procesados. Entre ellos se encuentran Juan M., jefe de UCOT-Loja; María E., secretaria; Maritza U., secretaria; y Luis B., digitador. Además, varios agentes de tránsito, como Jhonny Q., John M., Edwin G., Evelyn E., Jhonn A., Kelvin M., José P., Fernando A., Wilson A. y Jéfferson P. Completan la lista Jaime G., Luis R. y Sandra A., todos en calidad de presuntos coautores.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de diversas denuncias sobre actos de corrupción en la UCOT, incluyendo la anulación de citaciones por contravenciones de tránsito para obtener la autorización de salida de vehículos del Centro de Retención Vehicular. Se ha señalado también la emisión de nuevas boletas de citación, reducción o eliminación de rebaja de puntos y multas, mediante anulaciones en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito.
Entre los elementos de convicción, se destacan denuncias por el uso doloso de documentos falsos y un informe de la Contraloría General del Estado que señala indicios de responsabilidad penal por los mismos hechos.
El delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla una pena privativa de libertad de hasta trece años para quienes resulten culpables.