Redacción COTACACHI
La lucha contra la minería no es algo nuevo en la zona de Íntag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
Precisamente, para tratar este tema, que ha cobrado fuerza en los últimos años, se realizó la asamblea zonal denominada “En defensa del territorio”, el viernes 20 de septiembre, en la comunidad de Pucará, parroquia de Apuela.
La cita contó con la presencia de aproximadamente 2.000 personas, representantes de las siete parroquias que conforman la zona de Íntag. Además, estuvo Yacu Pérez, prefecto del Azuay, Monseñor Geovanny Paz, obispo de Latacunga, y Katherine Andrade, de la Defensoría del Pueblo en Imbabura.
Según José Cueva, del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), las autoridades presentes se dirigieron ante los asistentes con emotivas y profundas reflexiones sobre la problemática minera nacional.
Resaltó que también estuvieron presentes presidentes de las juntas parroquiales de la zona, un representante de la Prefectura de Imbabura, de Senagua, del Concejo Municipal de Cotacachi, Unorcac, Asamblea de Unidad Cantonal, Mancomunidad del Chocó Andino y de las múltiples organizaciones de Íntag.
“Estuvieron ausentes, pese a haber sido invitados, el alcalde de Cotacachi, los ministerios del Ambiente (MAE) y de Energía y Recursos No Renovables, Agencia de Regulación y Control Minero. Tampoco fueron de las empresas mineras, que tienen concesiones en la zona de Íntag, como son Enami, Codelco, Cornerstone y Cerro Quebrado, subsidiaria de la australiana BHP”, detalló.
Plenarias
Cueva dijo que se presentaron en plenaria diversas propuestas de resolución, luego de lo cual se procedió a tomar voto, constatando la aprobación por abrumadora mayoría de varias mociones.
Entre las resoluciones, se decidió solicitar a la Defensoría del Pueblo que se extienda medidas cautelares a favor de las comunidades de Íntag, debido a los incumplimientos legales y el desacato por parte de las empresas mineras antes mencionadas.
Además, indicaron que exigirán a la Prefectura de Imbabura, que al ser el Geoparque fruto de un trabajo colectivo de toda la provincia, éste se convierta en una plataforma para la conservación, la educación ambiental, el turismo y la producción agropecuaria sostenible.
“Esperamos que no sea un marco para fomentar la minería y por el contrario se exija la reversión de todas las concesiones mineras en el Geoparque Imbabura, por no ser compatible con el modelo deseado”, detallaron desde Omasne.
Otro punto establecido en la asamblea de esta semana, pide que se establezca controles militares más frecuentes, y con apoyo de la ciudadanía, para prevenir y controlar la minería ilegal, así como establecer vigilancias comunitarias en varios puntos de la zona.
También se mencionó a la Defensoría del Pueblo que realice la denuncia penal por desacato a la sentencia judicial del 19 de junio de 2019, por parte de las empresas mineras Enami EP y Cornerstone, quienes siguen trabajando de manera ilegal en las concesiones Magdalena 1 y Magdalena 2, pese a que fuera retirado el registro ambiental por parte del MAE.
Esperan también solicitar a las autoridades parroquiales y municipales que inicien una acción de protección a favor de toda la zona de Íntag, para revocar las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa ni ambiental.
Compromisos
Como alternativa a la minería, esperan exigir a los gobiernos locales, Municipio de Cotacachi, juntas parroquiales y Prefectura, que se financie la generación de nuevos emprendimientos productivos sostenibles.
Estas, entre otras resoluciones, tienen un plazo de dos meses para que se ejecuten, es decir hasta el 20 de noviembre, de lo contrario anunciaron que se tomará medidas de hecho.
Por su parte, a parte de exigencias a autoridades, la asamblea generó compromisos entre los asistentes.
Uno de ellos fue no permitir rotundamente la minería ilegal, además de solicitar una reunión con el Presidente de la República para dar a conocer la riqueza biológica, productiva y cultural de Íntag, que dicen se contrapone a la minería, además de exigir la reversión de las concesiones mineras.
Cueva mencionó que también esperan solicitar, ante las autoridades pertinentes, que las fuentes hídricas comunitarias, parroquiales y cantonales sean declaradas patrimonio de la humanidad.
Como último punto, decidieron convocar a una marcha hacia la empresa Unacem, “para que indemnice al territorio de Íntag luego de más de 30 años de explotación sin revertir ningún beneficio para la población”. (DLH)