Según la actual administración de la Prefectura de Imbabura, se dispuso declarar desierto el concurso debido a varias inconsistencias técnicas y financieras.
Redacción IBARRA
El proyecto de regeneración y construcción de un parque acuático en Yuyucocha está estancado. La iniciativa, que se promovió desde hace dos años por la entonces administración de la Prefectura de Imbabura, encabezada por Pablo Jurado, atraviesa diversos problemas que incluso han llegado al campo jurídico.
Según el actual prefecto, Richard Calderón, el proyecto, que planteaba regenerar este histórico espacio usado por los ibarreños como balneario, abandonado aproximadamente desde 2017, tiene diversas inconsistencias técnicas y económicas, por lo que se desistió de un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador por $3,6 millones.
“Preservando los recursos de los imbabureños se declaró desierto el procedimiento. Esta administración no actúa bajo presiones de contratistas o interés particulares. Este proyecto se debe analizar con viabilidad técnica y financiera, pensando en más espacios verdes para Ibarra, promoviendo el acceso a servicios de calidad para todas las familias”, dijo.
Problemas legales
Pablo Dávila, coautor del Nuevo Reglamento de Contratación Pública, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, conferencista y docente en Contratación Pública en el Ecuador, fue contratado por la Prefectura de Imbabura para analizar los problemas legales que actualmente atraviesa el proyecto, dentro de los procedimientos que se han llevado a cabo y los que no se han ejecutado para su contratación.
Dávila hizo un recuento de los antecedentes que rodean este proceso, que se dio durante el pasado periodo administrativo, explicando que la autoridad anterior, en uso de sus facultades, decidió dar por finalizado el concurso para llevar a cabo el proyecto, al haberse detectado la falsificación de documentos por parte de la oferta ganadora.
Como producto de esta determinación, la segunda oferta acudió a la vía constitucional para reclamar el derecho de adjudicación del contrato, lo cual dio lugar a una acción de protección por parte del órgano judicial.
“Se ha declarado una violación de los derechos humanos en la sentencia. En base a esa decisión el juez ordena se deje el proceso anterior y retrotraer dicha licitación, es decir darle vida nuevamente, para que el proceso de contratación continúe según corresponda”, enfatizó.
Con este antecedente, la actual administración de la Prefectura de Imbabura conformó comisiones técnicas para abordar este proyecto.
Como parte de este proceso, solicitó nuevos informes que señalaron inconsistencias económicas y técnicas en los estudios existentes, por lo que el 18 de enero de 2024 declaró desierto el proceso de contratación, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública, que señala que es la máxima autoridad administrativa quien tiene la facultad de adjudicar un contrato a la mejor oferta o también dar por finalizado un concurso.
Por su parte, el prefecto Calderón precisó que la sentencia judicial ordena que se continúe con el proceso precontractual y no que se adjudique a ninguna persona o proveedor.
“Como autoridad tengo la competencia de adjudicar o declarar desierto. Aclarando que la función judicial tiene la potestad de realizar control constitucional, pero no intervenir en los procesos de contratación”, explicó.
Además, dijo que se presentaron las inconsistencias técnicas y financieras que justificaron la decisión de declarar desierto este proceso.
Calderón citó, por ejemplo, que en la actual situación económica es inadecuado establecer un pago de $5 dólares para el ingreso al parque acuático, argumentando que se realizaron los estudios en base a la capacidad económica prepandemia de 2018.
Según Calderón, a esto se suma una sobredimensión de visitantes irreal, afirmando que la demanda mensual de 425.664 personas es imposible de cumplir, por lo tanto también es imposible auto sustentarse.
Comentó que las cifras de estudios presentadas por la anterior administración carecen de un estudio riguroso de mercado, ya que se sustentan en una tesis de grado.
Las cifras, dijo Calderón, fueron contrastadas con las que actualmente posee el complejo de termas Santagua de Chachimbiro, también a cargo de la Prefectura, que tienen un ingreso promedio mensual de 12.500 personas.
A estos argumentos sumó lo que tiene que ver con la tecnología de calentamiento, que asegura es otra de las discordancias, pues en el estudio consta que se debe climatizar tres de siete piscinas a 21 grados centígrados, algo que según el prefecto Calderón no brindaría un servicio adecuado para sus visitantes.
“Esta comparación se da con este sitio turístico administrado por la Empresa Pública de Chachimbiro que se ha convertido en ejemplo de una administración eficiente de lo público, así como los compromisos cumplidos al rescatar la piscina Olímpica de Imbabura, un escenario emblemático para el deporte de Ibarra y toda la provincia”, aseguró.
Además, resaltó que la idea no es dejar de ejecutar el proyecto, sino hacerlo de forma adecuada. “Yuyucocha sí se va a hacer, vamos a realizar con un estudio serio, técnico, con viabilidad financiera, para que esté al servicio de todas las familias”.
Diseños de la administración anterior
Según la planificación del parque acuático ejecutada por la administración de Pablo Jurado en la Prefectura de Imbabura, en un espacio de 3 hectáreas, se pretendía levantará piscinas temperadas descubiertas y cubiertas, una laguna, sauna y turco, así como un río lento, con un costo que alcanzaba los $3,6 millones.
El espacio de terreno, en el sector de Yuyucocha, al sur de Ibarra, fue adquirido por el Consejo Provincial de Imbabura el 19 de febrero de 1968, pero en 2017 quedó abandonado, después de por casi 50 años ser uno de los balnearios turísticos más importantes de Ibarra.