73% de las familias ecuatorianas gastan hasta $85 mensuales en telecomunicaciones

Con la pandemia y la crisis económica, los hogares han recortado o incluso eliminado su consumo sobre todo en televisión pagada y telefonía fija.

En un mes, la mayoría de hogares ecuatorianos (un poco más de siete de cada diez) gastan entre $21 y $85 en todos los aspectos relacionados a las telecomunicaciones como telefónica, internet, televisión pagada, entre otros. Solo un 7,2% tienen presupuestos menores a $20 o superiores a $100 mensuales.

Debido a la pandemia, con la consiguiente reducción de ingresos y oportunidades laborales, las familias han tenido que recortar o incluso eliminar ciertos gastos. Uno de los principales es la televisión pagada, la cual ha perdido alrededor de 520.000 clientes en los últimos dos años.

Esto debido a que resulta más económico cancelar la suscripción a un plan de televisión por cable con un costo promedio de $35 y contratar un servicio de streaming por entre $5 y $8 mensuales.

Los altos impuestos, que suman una carga del 28% (15% de ICE y 12% de IVA) hacen prohibitiva  las opciones tradicionales de televisión pagada. En 2019, el número total de suscriptores era de 1′236.450, pero la cifra ha caído a los 716.120 (42% menos).

Según un estudio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), otro recorte en el presupuesto fue el gasto en telefonía fija. Así, desde inicios de 2020, el número de abonados pasó de 2′169.550 a 1′755.225. En otras palabras, 414.000 familias prescindieron de este servicio.

La UTEG estableció que el 75,2% de los hogares encuestados han realizado una reducción o eliminación de uno o varios servicios de telecomunicaciones durante los últimos dos años. En el 32,9% de los casos tiene que ver con la televisión pagada, seguido de un 13,9% con telefonía fija.

Otro 10,4 % cambió la telefonía móvil por planes de internet, en medio de las clases virtuales decretadas durante gran parte de la pandemia.

Con esos cambios en el comportamiento de consumo, el panorama de las telecomunicaciones actualmente es el siguiente: Entre el 41,7% y 45 % de los encuestados no tienen ni televisión pagada ni telefonía fija. Lo contrario ocurre con la telefonía móvil y el internet. Por su parte, alrededor del 28% no tienen suscripción a una plataforma streaming; y para los que la tienen, el pago mensual oscila entre $ 6 y $ 20.

DATO.- El 87% de las familias encuestadas gasta entre $6 y $50 mensuales en telefonía móvil. Solo el 5% no tiene este servicio.

Ojo a la letra pequeña de contratos de telefonía móvil o televisión pagada

REALIDAD. Existen más de 3,5 millones de líneas postpago de telefonía móvil con contrato

Siempre revise los costos por terminación adelantada o por alquiler de equipos. Esto consta en los documentos.

Entre 200 y 500 reclamos se registran cada mes en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Más del 80% corresponde a quejas por presuntos incumplimientos de proveedores y operadores de servicios de telefonía móvil, televisión pagada e internet.

Aunque en muchos casos esto sí se comprueba, el organismo de control aclara que en el 50% de casos se da porque los clientes son quienes ignoran a qué se comprometieron al firmar el contrato para recibir ese tipo de servicios.

Joanna Gómez, economista e investigadora en derechos del consumidor, explica que esto se debe a que la mayoría de los clientes ecuatorianos no revisa sus obligaciones contractuales con seriedad.

Algunos solo se preocupan de conocer el valor que pagarán, pero se desentienden de temas referentes a garantías extendidas, arriendo y devolución de equipos, impuestos, costos de reconexión, compensaciones por terminación antes del plazo, entre otros. Por eso, “terminan pagando, en muchos casos, entre 10% y 30% más durante toda la relación comercial. Además, se encuentran con dificultades cuando quieren cancelar el servicio”, puntualiza.

Beneficios y obligaciones

La normativa vigente establece que proveedores y operadores de servicios no pueden cobrar una penalidad si un cliente decide terminar anticipadamente un contrato.

Sin embargo, en esos documentos legales pueden incluirse cláusulas en las que el usuario se compromete a recibir un tiempo mínimo del servicio. Quienes firman y luego incumplen esa condición deben resarcir a la empresa por los costos adicionales incurridos.

Roberto Jaramillo, ingeniero en telecomunicaciones, comenta que operadores y proveedores establecen beneficios como costo de instalación gratuito, más megas o mayor capacidad de navegación. A cambio, en los contratos establecen que los clientes deben permanecer 12, 24 o más meses. En las operadoras móviles esos beneficios se llaman bono de permanencia.

“Cuando se firma, automáticamente se acepta que la empresa cobre un adicional, porque existen costos que no se terminaron de pagar, debido a que la permanencia fue menor a la acordada”, asevera al aclarar que esto nada tiene que ver con la terminación del contrato.

¿Falta transparencia?

Durante una entrevista difundida el 22 de marzo de 2022 en redes sociales, el director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Andrés Jácome, admitió  que esos cobros adicionales están dentro de la Ley.

También aseguró que se adelantan reuniones con operadores de los distintos servicios, para garantizar una mayor transparencia en el manejo de esta información. El objetivo es que los usuarios sepan realmente a qué se están comprometiendo y cuáles son las obligaciones de las empresas.

Además, dijo que se está trabajando en una actualización de la norma técnica, para encontrar un punto medio entre la rentabilidad de los proveedores y el beneficio y costo para los clientes.

Salir es más difícil que entrar

Un reclamo recurrente de los usuarios es que los tiempos son expeditos para contratar el servicio, pero ocurre todo lo contrario cuando se busca su cancelación. En esos casos, el trámite se alarga y se vuelve engorroso.

Al respecto, Gómez explica que el problema central radica en la misma Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual establece que el cliente debe pedir la terminación del servicio con 15 días de anticipación.

“Eso provoca que los operadores y proveedores reciban la solicitud, la tramiten y la hagan efectiva en ese plazo. Además, en ese tiempo, como el servicio sigue en teoría vigente, le pueden seguir cobrando al usuario. Las personas deben tomar muy en cuenta esto, que en algunos casos se incluye en el mismo contrato, para evitar pagar doble mientras se cancela definitivamente el contrato”.

De acuerdo con las autoridades de la Arcotel, dentro de la actualización de la norma técnica también se evalúan opciones para que se equiparen los tiempos y los trámites tanto para firmar como para cancelar un contrato de servicios. (JS)

Documentos que pocos quieren revisar

En más del 50% de los casos, los clientes aseguran que no leen completamente los contratos porque son muy largos y engorrosos. Actualmente, pueden pasar de la veintena de páginas, debido a que las empresas están obligadas a incluir todas las condiciones particulares que el cliente acepta y las obligaciones del operador o proveedor.

Andrés Jácome, director de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), asegura que se han gastado entre 10 y 12 años de discusiones sobre cómo deberían ser esos contratos. Hasta ahora no se han llegado a consensos para simplificarlos y hacerlos más transparentes.

Sin embargo, afirmó que los acercamientos entre las partes se han retomado (empresas y consumidores) para buscar documentos que sean fáciles de leer y de administrar. No hay fechas establecidas para que se concreten los cambios.

Piratería de TV pagada obtiene segunda condena en Ecuador

El negocio ilegal mueve millones de dólares cada año en Ecuador y la región.

Arcotel y Fiscalía lideraron proceso investigativo que concluyó en sentencia de cárcel para distribuidor ilegal de más de 500 canales de televisión pagada.

Ecuador da un pequeño paso en  la investigación y sanción judicial en contra de delitos por piratería de señales de televisión pagada.

Se acaba de emitir la segunda sentencia privativa de libertad por este tipo de piratería y la primera sentencia penal condenatoria por aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

Esas medidas van en contra de la aplicación IPTV LISTO, la cual difundía contenido exclusivo de la empresa de televisión pagada DIRECTV, en especial la programación deportiva, a través de tres señales, así como de otros programadores.

En total, esa aplicación comercializaba ilegalmente más de 500 canales dentro de su oferta de servicio de audio y video. Los costos que se cobraban iban desde los $9 mensuales hasta los $72 por año

Para eso, se operaba mediante la página web www.iptvlisto.com y redes sociales.

Proceso de más de tres años

El caso inició el 5 marzo de 2018. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) presentó la denuncia ante la Fiscalía General. El delito planteado fue el de aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

La acusación tuvo como sustento la información proporcionada por la compañía afectada, de acuerdo con el Convenio de Cooperación de Lucha contra la Piratería de TV paga.

El 10 de julio de 2020, la aplicación dejó de funcionar tras el allanamiento efectuado por la Fiscalía, con apoyo de la compañía operadora. Se incautaron como evidencias del delito cometido: equipo de computación, TV box, FTA AZ AMERICA, ayuda ventas del aplicativo; y se detuvo, con fines investigativos a los distribuidores de esta aplicación.

Tras varios meses de investigación, el 21 de abril de 2021, mediante providencia se declaró la culpabilidad de uno de los distribuidores de IPTV LISTO como autor del delito de aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

Se impuso una pena de cárcel de cuatro meses, y una multa de $400; es decir, un Salario Básico Unificado (SBU). Además, se estableció una indemnización al Estado ecuatoriano, a través de Arcotel, por un monto de $44.836; así como penas restrictivas de los derechos de propiedad y suspensión de los derechos políticos.

Esta sentencia constituye un nuevo hito en el combate a la piratería en la prestación de servicios de audio y video no autorizados. A pesar de que ese delito está muy extendido, apenas es la segunda sentencia de cárcel emitida  en Ecuador.

Asimismo, es la primera vez que se consigue una indemnización para el Estado. Arcotel, como organismo público, es el único autorizado por ley para denunciar ese tipo de casos de piratería.

Un negocio creciente, pero poco sancionado

En 2018 se produjo la primera sentencia en un caso de piratería de señal de TV pagada. En esa ocasión, se sancionó con un año de cárcel a dos administradores del servidor IKS 61, más una multa. Este servicio pirata era usado para compartir llaves que desencriptaban señales de varias compañías operadoras.

Según la consultora Ether City, se calcula que la piratería digital provoca pérdidas entre $733 millones a $1.000 millones anuales en América Latina. De los aproximadamente 223,3 millones de usuarios de Internet, casi el 50% (110 millones), accede a un sitio que distribuye contenidos audiovisuales pirateados.

En el caso de Ecuador, el mercado legal de TV pagada llega a 1’897.303 personas; pero las conexiones ilegales involucran a más del doble, es decir, más de 3’794.000. Eso representa una pérdida de ingresos de más de $250 millones al año, sin tomar en cuenta los impuestos que no llegan al Estado. (JS)