Judicatura investiga supuestas irregularidades en sorteo de caso minero Hanrine

Habitantes de La Merced de Buenos Aires protestan contra la empresa minera. Cortesía: Acción Ecológica

El recurso legal que garantizó el retorno de la minera a Buenos Aires, Imbabura, tendría tres irregularidades, empezando por el sorteo.

El Consejo de la Judicatura investiga presuntas irregularidades en el sorteo de una acción de protección interpuesta por la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A, que opera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Esto luego de que la empresa minera Hanrine ingresara la primera semana de agosto a la parroquia La Merced de Buenos Aires, con custodia de la Policía Nacional para ejecutar la acción de protección a favor de Carlos de Miguel, representante de la empresa. Este fallo judicial permitió el reingreso de la compañía a la zona de influencia del proyecto “IMBA01” en la parroquia. Lo que generó enfrentamientos entre los comuneros que se resisten a la actividad extractiva y los agentes policiales que garantizaron el retorno de la minera.

Tres elementos serían los indicios que permiten sospechar que esta acción de protección tendría irregularidades desde su sorteo. El asambleísta Mario Ruiz (Pachakutik) explica sus argumentos presentados en la queja que se indaga en el Consejo de la Judicatura.

  • Primero,  que esta acción  de protección fue sorteada como un trámite verbal sumario por cobro de honorarios en vez de ser ingresada como un proceso constitucional.
  • Segundo, el sorteo de la causa se lo realizó  en la misma  Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia, sede Iñaquito; y con la misma persona, Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, señalada dentro las presuntas irregularidades de sorteo en el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
  • Tercero, que en la audiencia de la acción de protección, el juez Byron Vallejo Naranjo solo notificó al Ministerio de Gobierno, la Comandancia de la Policía y la Procuraduría, no a representes o autoridades  de la población de Buenos Aires, pese a que ellos mantenían una medida cautelar en contra de Carlos de Miguel, en la Unidad Judicial de Urcuquí, en Imbabura.

Esto -a criterio del legislador- dejaría en la indefensión a los habitantes de La Merced de Buenos Aires, porque no se les permitió durante el proceso presentar sus argumentos sobre una decisión que afectaría su entorno. “Dicha acción de protección fue asignada de manera directa al juez Vallejo, quien conoció este proceso para aparentemente favorecer a la empresa minera”, sostuvo Ruiz.

Esta acción de protección se encuentra en fase de apelación en la Corte Provincial de Pichincha. Frente a estas acusaciones, la dirección administrativa de la empresa minera Hanrine informó que por el momento no se pronunciará sobre la apelación ni la queja.

En julio de 2021, la Fiscalía informó que investiga más de 210 vulneraciones el sorteo de procesos judiciales. Incluso el 14 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se realizarán auditorías a nivel nacional para que cada dirección provincial se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo. Esto con el fin de evitar casos irregulares en el sorteo de causas.

180 días para investigar

La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga la queja contra la empresa minera. Así, esta entidad será la encargada de determinar si hubo o no irregularidades en el sorteo de la acción de protección.

Si en las investigaciones no se encuentran presunciones de corrupción se procederá al archivo de la denuncia; sin embargo, si se los encuentra se procederá a emitir el informe técnico legal y su recomendación a la autoridad competente, informó la Judicatura.

El proceso durará 180 días contados a partir de la aprobación de la denuncia, es decir, a partir del 19 de agosto. El plazo concluye en enero de 2022.

El caso no ha sido hasta el momento remitido a la Fiscalía General del Estado, asegura el asambleísta. La Judicatura responde que se debe a que si producto de la investigación existen presunciones de cometimiento de un delito se remitirá el caso a la Fiscalía, caso contrario no.

¿Hanrine en Ecuador?

La empresa Hanrine, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, opera en 23.000 hectáreas de cuatro cantones de las provincias de Imbabura y de Carchi

La concesión minera “IMBA01” se encuentra en la parroquia La Merced de Buenos Aires, donde se registra conflictos ambientales por la ejecución del proyecto y por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Esta concesión estuvo suspendida; pero a partir de la primera semana de agosto, Hanrine retomó sus actividades debido a la acción de protección que concluyó que se vulneró los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo de la empresa minera.

Y dispuso en ese entonces que la Policía Nacional tome “todas las medidas necesarias a fin de garantizar el libre tránsito de cualquier persona y, en especial, de la compañía Hanrine, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia La Merced de Buenos Aires”. (MC)

 

‘Hanrine cuenta con los documentos para la fase de exploración’: Gustavo Manrique, ministro de Ambiente

Protección. El Ministro del Ambiente asegura que la entidad ha despachado el 45% de los trámites en 60 días.

El Ministerio dice que podrá ser un canal entre la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura,  y la empresa Hanrine para solucionar los enfrentamientos que se dan en la zona para evitar la minería legal e ilegal. Habla también sobre lo que ocurre en el relleno del Inga, en Quito.

 Entrevista con Gustavo Manrique Miranda, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador.

¿Cuántas licencias ambientales para minería se han entregado en el país?

Nosotros damos los permisos para los sectores estratégicos: petróleo, minas y energía. En lo que va de la actual administración entregamos una licencia ambiental al proyecto Cangrejos (El Oro). A escala nacional tenemos priorizados 8 proyectos mineros. Alrededor de 300 concesiones mineras están en trámite.

¿Cómo avanza el proceso de remediación ambiental, en Buenos Aires, provincia de Imbabura, producida por la minería ilegal?

Tendría que revisar específicamente hasta dónde quedó la remediación ambiental hasta antes de los problemas registrados en estos días.

¿La empresa de capitales australianos Hanrine Ecuadorian, que intenta ingresar a Buenos Aires para avanzar con la fase de exploración, cuenta con la licencia ambiental correspondiente?

De lo que entiendo ellos tienen todos los permisos. Sus documentos de regularización para la fase de exploración están en orden. Pero ahí es donde las acciones de hecho superan las acciones de derecho, es decir, tienen toda la documentación en derecho, ergo, la comunidad no los deja entrar siendo una minería legal. La minería ilegal es la que impide el desarrollo y la inversión de las mineras que cumplen todas las reglas.

La Defensoría del Pueblo realizó un exhorto al ministerio del Ambiente para que concurran a la comunidad e intervengan en este conflicto, ¿Cómo actuarán en este sentido?

El rol del ministerio del Ambiente es la preservación y la conservación en diferentes formatos y metodologías que se despliegan en normas, reglamentos y demás. Nosotros hacemos un llamado al diálogo y a la socialización entre lo que dice la comunidad y lo que tiene que hacer la minera. El diálogo soluciona toda la problemática que ha existido, al igual que la socialización. Nosotros trataremos de ser un catalizador de los puntos de vista distantes que hay para llegar a acuerdos. Pero finalmente tendremos que hacer cumplir las reglas y reglamentos existentes.

¿La flota de embarcaciones chinas que llegan a pescar cerca de las islas Galápagos siguen siendo una amenaza para la zona?

Mediante diferentes sistemas de radares, aviones y equipos en el mar monitoreamos, online y ontime, las 24 horas del día y en tiempo real esta flota. En este momento (7/08/2021 – 15:30) la flota está a 240 millas náuticas de distancia del punto extremo de las 200 millas de la reserva marina de Galápagos.

Si ellos (embarcaciones) apagaran sus radares para no ser detectados, tenemos un convenio con el gobierno de Canadá que nos permite monitorearlos a través de un sistema de avanzada. Este trabajo se realiza junto con el Ministerio de Defensa.

¿Cuándo se va a presentar el informe al respecto de la visita técnica al relleno sanitario de El Inga y que acciones tomará el Ministerio del Ambiente en este tema?

Efectivamente hicimos una inspección con el director zonal. Se verificó que los afluentes de los lixiviados no están cumpliendo normas y los lineamientos de las políticas que deben seguir. Pondremos las sanciones e iniciaremos los procesos administrativos respectivos para que se tomen los correctivos.

¿Qué tipo de sanciones se aplicarán?

Resulta difícil clausurar o suspender las actividades en un relleno de esta naturaleza. Le sale más caro el remedio que la enfermedad. Las sanciones serán de carácter económico al Municipio de Quito. También puede haber sanciones penales para el representante legal de la industria o de la institución que esté incumpliendo las normas.

¿Qué se sigue haciendo en lo relacionado a la erosión regresiva del río Coca?

Hay una mesa técnica que semanalmente se reúne. Esta es una emergencia que se está viviendo.  Con los habitantes de la comunidad cercana trabajamos en conjunto con el ministerio de Vivienda para garantizar su seguridad. Se está haciendo una reubicación de las tuberías, sobre todo la del oleoducto para prevenir una potencial contaminación en el sector.

¿Qué tipo de licencias ambientales son las que están represadas en el Ministerio del Ambiente y cuanto le significa al país en materia de inversión?

El Ecuador le da derechos a la naturaleza desde la Constitución y luego de eso se permean una serie de cuerpos jurídicos que hacen que la permisología ambiental sea relevante. No se puede hacer inversión sin recibir una licencia ambiental.

Se recibieron 126.000 trámites, en esta administración. Alrededor de 90 mil son de agua y 38 mil son de ambiente. De este último valor hemos procesado en 60 días 17.000, esto es el 45%. El costo para el país en millones de dólares, al no tener una licencia ambiental, es enorme.

¿Cuál es el futuro del Ministerio?

Primero, fortalecer la institucionalidad post fusión y a la par de ello trabajar en potenciar la conservación y generar mecanismos que posibiliten la inclusión del sector privado y los Gads hacia la transición ecológica, la descarbonización de la economía y la resiliencia a los efectos del cambio climático. (AS)

‘En el relleno del Inga se verificó que el tratamiento de los lixiviados no está cumpliendo la norma, se aplicarán sanciones económicas’

‘Damos los permisos para los sectores estratégicos como petróleo, minas y energía’

126.000 trámites ha recibido el Ministerio del Ambiente en esta administración.