Por Econ. Jaime Carrera
A la mayoría de la población y de sus élites políticas, económicas y sociales, les importa un comino la magnitud de la crisis fiscal y del déficit público. Esta pandemia fiscal de autodestrucción causa profundo dolor, más, cuando los recurrentes déficit públicos son el gérmen de la fabricación de pobres y desempleados.
En el ejercicio de nuestras responsabilidades ciudadanas, invitamos al lector a un recorrido por el viacrusis fiscal de los años 2024-2026.
Debido a la falta de certezas, ausencia de rigor y transparencia en la gestión fiscal, de hecho, las proyecciones de los cuadros van a variar en función de las decisiones del gobierno. Sin embargo, las deficiencias estructurales de las cuentas públicas continuarán intocadas, se profundizarán. Es nuestro propósito contribuir a la comprensión de la grave crisis fiscal del país, y de las vicisitudes y entresijos de una gestión fiscal que luce inmanejable.
Los ingresos públicos, miopía de la temporalidad.
Como se observa en el cuadro 3, en 2024 podrían existir ingresos adicionales netos por unos $1.804 millones. Habría mayores ingresos tributarios por unos $1.380 millones producto de la amnistía tributaria, impuestos a las utilidades de la banca, cooperativas y empresas, aumento al 13 por ciento del IVA y al 5 % del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) entre marzo-diciembre. De otra parte, los ingresos tributarios se reducirían en unos $521 millones al terminar la vigencia del impuesto al patrimonio de las empresas y el efecto de la vuelta atrás del impuesto a la renta.
Ingresarán $170 millones por la transferencia del Banco Central de las utilidades en la venta del oro. También podrían fluir unos $400 millones por la concesión a las empresas Claro y Movistar. Como se ha anunciado, al reducir el subsidio a los combustibles desde marzo podrían ingresar $375 millones. Se asume que continúa la explotación del ITT.
En 2025, ya no existirán los ingresos por la amnistía tributaria y los impuestos a las utilidades de los bancos y cooperativas. Habría una parte del impuesto a las empresas. Se estima que el IVA se incremente al 15 % y el ISD al 5 %. Habría por todo el año el ingreso por la reducción del subsidio a los combustibles. Tampoco habrá los ingresos extras por la venta del oro y las concesiones a Claro y Movistar. Se estima que en 2025 la economía crezca al 1,5 % y la inflación en igual magnitud, lo cual proporcionará más ingresos al fisco. En 2026 los ingresos tributarios podrían crecer al ritmo citado de la economía e inflación. Además, se mantiene el ingreso por la reducción del subsidio a los combustibles, el IVA al 15 %, el ISD al 5 %, y se explota el ITT. En el cuadro 1 se muestra una posible evolución de los ingresos del presupuesto.
Gastos, aumentos en una inflexible estructura poco entendida.
En 2024, de modo inexorable, los gastos podrían aumentar en unos $1.500 millones. El pago de sueldos crecerá por la proyección del gasto para todo el año de cargos policías, maestros, médicos y otros, creados en 2023. Además, por el aumento inercial de determinadas escalas salariales.
Las transferencias al IESS por el 40 % de las pensiones de los jubilados, y a los institutos de seguridad social de la Policía y FF AA, crecen cada año. En el caso del 40 %, los números del cuadro 1 son insuficientes, pues, el IESS reclama montos más elevados.
Como se observa en los cuadros 1 y 4, el pago de intereses de la deuda externa, aumenta por el incremento gradual de las tasas acordadas en la renegociación de los bonos basura, y también por el pago a los organismos internacionales.
Asumimos, además, que en 2024 se podrían gastar unos $700 millones en los requerimientos por la lucha contra la inseguridad. Como se observa en el cuadro 1, los gastos operativos del Estado y los bonos a los pobres permanecerían constantes.
En los años 2025-2026, los gastos totales del presupuesto se mantendrían en niveles similares a 2024 (cuadro 1). Los gastos de inversión podrían mantener un valor poco representativo de alrededor de $500 millones anuales.
Déficits elevados de cuentas públicas inviables.
Como se observa en el cuadro 1, en 2024, no obstante los posibles ingresos adicionales y debido al aumento de los gastos, el déficit se ubicaría alrededor de los $5.500 millones. En 2025 sería de unos $5.000 millones al desaparecer los ingresos temporales, aún al mantener el gasto constante. En 2026 la magnitud del déficit sería similar. Sino se explota el ITT los déficits serán mayores.
Necesidades de financiamiento que estremecen.
Conceptualmente, las necesidades brutas de financiamiento provienen de la sumatoria del déficit fiscal, las amortizaciones de la deuda interna y externa, las cuentas por pagar del presupuesto, el stock de CETES (Certificados de Tesorería con plazos menores a un año), el stock de los Convenios de Liquidez (Uso de saldos de caja de empresas y entidades que tienen que devolverse), y otros pasivos del Estado. Como se observa en el cuadro 2, las necesidades brutas de financiamiento se ubicarían alrededor de los $20.000 millones anuales.
Si en 2024 se mantienen constantes los valores de las cuentas por pagar por $4.500 millones, CETES por $2.197 millones y Convenios de Liquidez por $3.100 millones (valores a noviembre de 2023), habría que obtener créditos para cubrir el déficit de $5.456 millones y las amortizaciones internas y externas por $4.778 millones, esto es, $10.234 millones. Cabe señalar que habrá presiones para reducir las cuentas por pagar, algunos CETES no podrían ser renovados, y se exigirán devoluciones de los convenios de liquidez.
Si asumimos que los $2.566 millones de las amortizaciones internas (cuadro 2) son renovadas (roll over), aún faltarían créditos por $7.668 millones. La autorretención del impuesto a la renta de bancos y empresas contribuirá como fuente de financiamiento en unos $1.100 millones. Todavía faltarían $6.568 millones (10.234-2.566-1.100). Si los saldos de caja a diciembre fueron de $135 millones, aún faltarían créditos por $6.433 millones. Vamos a suponer que el BID, BM, FM, CAF, conceden préstamos por $1.332 millones para pagar sus propias amortizaciones (cuadro 4), aún faltarían $5.101 millones (6.433-1332), cuadro 2.
En 2024 será severa la incertidumbre de como, a pesar de las reformas para generar ingresos, se cubren las inmensas necesidades de financiamiento. Sino se obtienen más préstamos, las cuentas por pagar al IESS, GADs y proveedores pueden aumentar por encima de los $8.000 millones, con la inherente ingobernabilidad e impactos en la economía.
En 2025 desaparecen los ingresos temporales. Al asumir que los montos de CETES, cuentas por pagar y convenios de liquidez se mantienen constantes, se requerirán préstamos para cubrir el déficit y pagar las amortizaciones internas y externas, esto es, $9.505 millones (5.068+1.243+3.194, cuadro 2). Ya no habrá el flujo de caja de la autorretención del impuesto a la renta de empresas, pues, la misma será parte de tal impuesto generado como ingreso tributario en 2025.
Si en 2025, se efectúa la renovación de las amortizaciones internas por $1.243 millones, faltarían préstamos por $8.262 millones y si hay saldos de caja por $135 millones (cuadro 2), faltarían préstamos por $8.127 millones. Si el BID, BM, FMI, CAF, conceden créditos por $2.282 millones para cubrir las amortizaciones de sus préstamos, aún faltarían $5.845 (cuadro 2) millones (8.127-2.282). De nuevo, acumular más cuentas por pagar sería explosivo.
En 2026, al mantener el stock de CETES, cuentas por pagar elevadas y convenios de liquidez, se requerirán préstamos por unos $11.045 millones para cubrir el déficit y las amortizaciones (4.768+2.336+3.941). Si el BID, FMI, CAF, BM, conceden préstamos para pagar sus amortizaciones por $2.249 millones y se renuevan las amortizaciones internas por $2.336 millones (cuadros 2 y 4), y hay saldos de caja por $135 millones, aún se requerirán préstamos por $6.325 millones (11.045-2.249-2.336-135), cuadro 2. Continuar acumulando atrasos en los pagos al IESS, GADs y proveedores será inviable.
Como en 2026 habrá el primer pago por $905 millones de las amortizaciones de los bonos basura (cuadro 4), ante el paisaje descrito entre 2024-2026, la percepción de un nuevo impago de la deuda externa estará siempre latente. Cabe tener presente que entre 2024-2026, el pago acumulado de amortizaciones e intereses de la deuda externa será de $16.236 millones, entre los cuales $3.961 millones al FMI (cuadro 4).
Viacrusis fiscal, camino en extremo doloroso.
El tour fiscal que hemos recorrido, evidencia la magnitud de los déficits fiscales y de las necesidades de financiamiento, elementos que se tornan casi inmanejables. Aún, con el aumento permanente del IVA, ISD, reducción de los subsidios a los combustibles, y otros ingresos temporales, las tensiones fiscales serán la normalidad. Como en el pasado, los desajustes fiscales seguirán como uno de los principales factores que en los últimos 43 años han transformado al Ecuador en una fábrica de desempleados y de pobres.
De persistir los recurrentes desajustes fiscales de las últimas décadas, el Ecuador vivirá otros 40 años de crisis permanentes, negación de las oportunidades de bienestar para las mayorías, y muy cerca de constituir un Estado fallido. Financiar déficits elevados con costos onerosos y nocivos desajustes, y acumular deudas cuantiosas, es explosivo e irresponsable.
El Ecuador requiere de modo imperativo, emprender un proceso serio y creíble de reducción del déficit del presupuesto hasta lograr superávit, a fin de que en el mediano y largo plazos la sostenibilidad fiscal sea una práctica permanente, apreciada por la sociedad como núcleo vital para fomentar el crecimiento de la economía, aumento de las inversiones, creación de fuentes de trabajo y reducción de la pobreza.