El escándalo en el puerto de Esmeraldas se descubrió gracias a la denuncia de Fernando Villavicencio, el ex legislador asesinado en agosto de 2023.
El peculado es una forma de corrupción que ha afectado a varias instituciones en todo el mundo. Ecuador no es la excepción, y uno de los casos más notorios en los últimos años es el del puerto de Esmeraldas. Este artículo pretende ofrecer una visión integral de este caso, desde sus inicios hasta las repercusiones actuales. La Fiscalía de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción inició una investigación basada en su denuncia, la cual implicaba a 18 personas en un proceso de contratación pública lleno de irregularidades.
Licitación sospechosa
En 2019, la Autoridad Portuaria de Esmeraldas abrió una licitación para la construcción del muelle 3 y el reforzamiento de los muelles 2 y 3. Uno de los requisitos era que la contratista debía ser una empresa con domicilio en Ecuador y todos sus documentos debían estar en regla. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que la compañía que ganó la licitación, Grupo Industrial JPDR, no cumplía con estos términos.
Grupo Industrial JPDR: una firma irregular
El Grupo Industrial JPDR no tenía domicilio fiscal en Ecuador ni permisos para operar en el país en el momento de la adjudicación del contrato. Incluso, la empresa se domicilió en Ecuador y empezó a operar después de haber ganado la licitación. Según la Fiscalía, la empresa fue constituida con el único propósito de ganar el contrato. Esto benefició a algunos funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y a terceros. La entidad estima que el perjuicio para el Estado es de aproximadamente 3,9 millones de dólares. Entre los procesados se encuentran Rafael Intriago, quien elaboró los pliegos y fue presidente de la comisión técnica; Gino Saúd, exgerente de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas; Cristina Montenegro, miembro de la comisión técnica; Ivan Rhor, gerente del grupo JDPR; Erika Galarza Baque, apoderada del grupo JDPR; y otras siete personas.
Falsificación de firmas y documentos
Además de las irregularidades en la contratación, la Fiscalía también sospecha de la falsificación de firmas y documentos. José Luis Delgado San Martín, representante de JPDR y de nacionalidad mexicana, nunca ha viajado a Ecuador, pero aparece firmando documentos presentados en la oferta de JPDR. Este caso de corrupción ha tenido importantes repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Ha llevado a un mayor escrutinio de los procesos de contratación pública y ha impulsado reformas para prevenir la corrupción en el futuro. En respuesta al escándalo, el gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de medidas para combatir la corrupción. Estas incluyen la creación de una comisión anticorrupción y la puesta en marcha de un nuevo sistema de licitación pública.(DLH)