Alaridos y violencia. Estamos acostumbrados a que cada vez que se da un fenómeno nuevo en la escalada de violencia o cuando se toman medidas controvertidas como actualmente las nuevas regulaciones para portar armas, salen los expertos que, con un tuit, un boletín más o menos redactado que hasta parece profundo, o con simples declaraciones proponen ideas y recomendaciones sin ningún análisis ni fruto de estudio alguno.
De esta triste realidad que ya parece un deporte nacional, no se escapa ni la academia, que pretendiendo proteger sus espacios de poder o sus negocios, sin realizar estudio alguno, simplemente se suman a la chacota, lanzan leña al fuego como si ese fuese su papel.
No pretendemos pontificar aunque sea época de sermones, queremos sencillamente cumplir con nuestro objetivo y dar a nuestros lectores, diferentes ópticas , con el debido fundamento de estudiosos del tema, controvertidos entre ellos pero con profundidad y que nos traen sus múltiples experiencias, estudios y sus lecciones de vida. Agradecemos a quienes nos han colaborado, pese a la urgencia del tema como es también la lacerante realidad nacional.
Los Editores.
Sembrar vientos
Una siembra de errores inauditos ha convertido a un país que fue isla de paz en un infierno de violencia. El Ecuador atraviesa una de las peores épocas de inseguridad en su historia. En 2022 se tuvo que lamentar 4.550 muertes violentas, mientras que el año anterior llegaron a 2.115; esto es una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El país fue tercero, después de Guatemala y Nicaragua, en la mayor tasa de robo y asalto; también fue tercero en decomiso de las drogas ilícitas lo cual, si bien demuestra la eficiencia y calidad profesional de la Policía nacional, significa también el incremento exponencial del tráfico que se realiza a través del Ecuador, con el agravante de que un porcentaje del negocio ilícito abastece un consumo nacional que ha ido en aumento. Situaciones igualmente graves soporta el país en el área de gestión de riesgos.Una situación de esta naturaleza obliga a un análisis objetivo y profundo para determinar las relaciones causales que han llevado a que un país considerado antes como una isla de paz se haya transformado en un infierno de violencia, solamente así, se podrá definir y aplicar políticas públicas que incidan especialmente en las causas, sin dejar, por ello de actuar sobre sus indeseables efectos. Ese es el objetivo de este trabajo y del él deriva su importancia.
Para realizar un análisis ordenado de ese trascendental tema, se destaca el origen y significado de la doctrina de seguridad y la importancia de que un Estado cuente con una doctrina propia, construida desde la realidad nacional, con los múltiples aportes teóricos de distintas escuelas que se han preocupado de desarrollar sistemáticamente un pensamiento científicamente fundamentado sobre la materia.La doctrina de seguridad nació como fruto de la bipolaridad ideológica que caracterizó la confrontación hegemónica en el período de la Guerra Fría.
Mientras las potencias comunistas contaban con sólidas teorías aportadas por pensadores sobresalientes de los siglos XIX y XX como Marx, Lenin y Mao
Zedong, los Estados capitalistas se nutrieron inicialmente de la denominada Escuela Francesa y sus teorías nacidas de sus fracasos en Indochina y Argelia. Ese nuevo pensamiento llegó a Norteamérica que posteriormente lo desarrolló pasando del enfoque exclusivamente militar a otro que vinculaba la seguridad y defensa con el desarrollo nacional, desde sus particulares paradigmas. Esas doctrinas fueron trasmitidas a través de distintas instituciones de capacitación y entrenamiento a funcionarios civiles y militares de América Latina.
Sin embargo, en el subcontinente latinoamericano se produjo una naturalización de esas teorías, conforme a las realidades concretas de los grupos de poder de cada país y su percepción de la amenaza. En el caso ecuatoriano, del mismo modo que en el de Perú, Venezuela y Panamá, el enfoque fue diferente a los de Centro América y el Cono sur. El Ecuador, desarrollo una doctrina propia de avanzada en temas que después fueron promulgados bajo la concepción de Seguridad Humana.
En este trabajo se analiza, de una manera somera, el proceso experimentado en Ecuador desde los años sesenta, pasando por el período de la llamada Revolución Ciudadana del Socialismo del Siglo XXI, hasta estos días. El advenimiento de la Revolución ciudadana significó un cambio doctrinario controversial de la seguridad nacional estigmatizada como una imposición del Imperio norteamericano, que había militarizado a la sociedad y sometido al Estado a sus intereses. El nuevo enfoque se nutrió de los aportes de la Escuela de Copenhague, introdujo el concepto de objetos referentes, la visión de los complejos de seguridad y las múltiples agendas de seguridad. Incluyó, además, algunos contenidos de la seguridad humana.
También se modificó el anterior sistema por otro que reducía la seguridad nacional a tres subsistemas: defensa, control del orden público y gestión de riesgos. Después de la invasión colombiana a territorio ecuatoriano en el sitio Angostura, para eliminar una base de las FARC, que operaba clandestinamente, se incluyó al sistema la Secretaría del Plan Ecuador. El Ministerio Coordinador de Seguridad era el ente de mayor jerarquía.
En el segundo gobierno de Alianza País, con Lenin Moreno, comenzó el debilitamiento del sistema, cuando se creó un poderoso ministerio de Gobierno que, junto al ministerio de Defensa eran los responsables de la seguridad. En el actual gobierno se mantuvo al ministerio de Gobierno como responsable primario de la seguridad, luego se creó el ministerio del Interior y, finalmente, la Secretaría de Seguridad.
Es evidente una conducta reactiva y no proactiva de las autoridades. Lo grave es que de la seguridad depende en gran medida el desarrollo económico y social, toda vez que a un país violento no llegan inversionistas, los capitales nacionales buscan mejores destinos, el turismo los excluye y, en consecuencia, se cierran empresas, se pierde empleos, aumenta la pobreza y, en círculo vicioso perverso, se incrementan agravadas las causas de la inseguridad.
Seguridad nacional ¿De qué hablamos?
Todas las circunstancias que puedan amenazar la tranquilidad del ser humano, individual o colectivamente, dificultar o impedir la protección de sus derechos y conculcar sus libertades deben ser consideradas como razones de inseguridad. Estas se presentan bajo distintas modalidades, conforme sean las causas que las motiven: La escasez de recursos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la población, la incompatibilidad entre las demandas sociales y los recursos que dispone un gobierno para atenderlas, acciones discriminatorias que impiden la participación de segmentos de la sociedad en los procesos políticos y en el desarrollo nacional, etcétera. Las razones de inseguridad pueden, además, resultar de amenazas externas a la soberanía nacional, su integridad patrimonial y territorial, o agresiones a su identidad cultural.
La seguridad es la percepción de que no hay amenazas que temer o que de haberlas se cuenta con los medios suficientes para neutralizarlas o eliminarlas. Los medios a que se hace referencia y que sirven para superar las vulnerabilidades, son los recursos del poder. A mayor poder y destreza en aplicarlo, mayor seguridad interna y externa, una mejor capacidad para hacer efectiva la soberanía del Estado y para lograr el bienestar de la población.
Para el Estado español, la Seguridad Nacional se entiende como: “… la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La Seguridad Nacional es un servicio público objeto de una Política de Estado que, bajo la dirección y liderazgo del presidente del Gobierno, implica a todas las administraciones públicas y precisa la colaboración de la sociedad en su conjunto”.
Desde la perspectiva tradicional, el concepto de seguridad se mantenía vinculado a la protección del Estado soberano en el marco del sistema de seguridad colectiva, previsto en la Carta de las Naciones Unidas y se encontraba centrado “… en el Estado, en su independencia e integridad territorial, frente a agresiones armadas externas en un sistema internacional anárquico y violento”.
Con una visión más amplia, David Baldwin plantea que “… para caracterizar un enfoque de seguridad es necesario hacerse cuatro preguntas: 1. ¿Para quién es la seguridad? Es decir, ¿cuál es el sujeto que debe ser asegurado? 2. ¿Qué valores hay que asegurar o proteger? ¿La independencia política y la integridad territorial del Estado o una amplia gama de valores, desde el bienestar económico hasta la salud de las personas? 3. ¿Qué amenazas a la seguridad se perciben? 4. ¿Con qué medios se puede garantizar la seguridad? Disuasión militar, cooperación internacional, desarrollo humano en el enfoque amplio de la seguridad humana, etc.”.
En la actualidad, el concepto de seguridad, en el campo de la gobernanza democrática, se entiende como la garantía del Estado de resguardar a la nación contra todas las formas de amenaza que puedan afectarla individual o colectivamente. Subjetivamente se expresa en la sensación de confianza y tranquilidad de la población cuando existen las instituciones competentes y los medios necesarios para protegerla.
Aportes sustanciales
La Seguridad ha sido motivo de estudio desde que se pensó en el Estado y la política; pero, fue a la luz de la Guerra Fría que surgió como una doctrina impuesta por las potencias capitalistas para contener la expansión comunista.
Los grupos conservadores, defensores de la sociedad tradicional y de las tesis liberales radicales sobre el Estado mínimo, se opusieron a ella por considerar que se confería un rol exagerado al Estado y su aparato burocrático. Los sectores progresistas la criticaban, en cambio, argumentaban que, con el pretexto de combatir la lucha subversiva, se oponía, descalificaba y perseguía cualquier intento de modernización o programa de justicia social y de ejercicio de la soberanía nacional y convertía a estudiantes, sindicalistas, sacerdotes y otros grupos sociales y políticos progresistas en el ‘enemigo interno’ de la nación.
La Iglesia católica latinoamericana aportó al debate, con una visión orientadora. En la Tercera Conferencia General del Episcopado de América Latina, celebrada en Puebla – México, en 1979, aceptó “… la necesidad de una Seguridad Nacional en toda organización política, para imponer el respeto a un orden social justo, que nazca del consenso de gobernantes y gobernados; que sea contraria al estatismo, elitismo y verticalismo; que permita el ejercicio posible de las libertades individuales, limitadas solo por causas objetivas; que propicie el desarrollo integral y proporcionado de todos los sectores y que sea un medio para lograr el fin del bien común de la totalidad de la nación”.
En el campo de las instituciones militares latinoamericanas no hubo una actitud uniforme frente al tema. Algunos países, entre ellos Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela, tuvieron una posición comprometida socialmente y progresista. Coincidían en que: “No hay seguridad sobre los escombros de la miseria, del hambre, del analfabetismo, de la carencia de techo seguro, de educación liberadora, de salud y bienestar social… la subversión es producto de la dependencia económica y el subdesarrollo social… y el terrorismo también lo practican los grandes intereses económicos capitalistas”.
Una seguridad para ecuatorianos
En el contexto de los acontecimientos de aquella época, el 10 de diciembre de 1964, la Junta Militar de Gobierno decretó la primera Ley de Seguridad Nacional, en la que se estableció que la Seguridad es una responsabilidad del Estado, como país soberano, independiente y democrático. El Estado garantiza la obtención de los Objetivos Nacionales, contrarrestando los factores adversos por medio de acciones y previsiones políticas, económicas, sicosociales y militares.
Esa Ley fue modificada en el Gobierno de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Rodríguez Lara y codificada en 1979. En el artículo 2 consta: “El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre, promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y externos, por medio de previsiones y acciones políticas, económicas sociales y militares”.
Se puede observar que ya en 1979 el referente de la seguridad es el ser humano, individual y colectivamente considerado, y el deber del Estado la defensa de sus derechos fundamentales. En el documento “Acción Política Doctrina y Método de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional”, de 1993, se refiere a la seguridad en los siguientes términos: “… el sentido humanista de la seguridad nacional es coherente con las enseñan que preconizan la necesidad de colocar al hombre en el centro de toda actividad social, política y económica; por lo tanto, es sentirse corresponsable por todo aquello que genera injusticia, porque ofende a su dignidad.
Toda sociedad si no quiere ser destruida, debe establecer un orden social justo”. “…la imagen de la seguridad se engrandece cuando se percibe que uno de sus propósitos es garantizar la libertad de la persona humana.” “Las medidas de seguridad interna deben tener un sentido característico de prevención antes que de represión”. El enfoque de la doctrina ecuatoriana se refleja también en los Objetivos Nacionales Permanentes del Estado Ecuatoriano: 1. Integridad territorial; 2. Integración Nacional; 3. Soberanía Nacional; 4. Desarrollo integral; 5. Democracia; y, 6. Justicia Social..
Al ser la seguridad nacional responsabilidad del Estado, no solamente del Ejecutivo, El Consejo de Seguridad estaba presidido por el presidente de la República y lo conformaban, el presidente de la Cámara Nacional de Representantes, el de la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de la función ejecutiva, los directores de los frentes político, económico, social, el jefe del Comando Conjunto y el presidente de la Junta Monetaria.
Los órganos de trabajo fueron: la Secretaría General, las Direcciones de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo y otros organismos y comisiones que podía conformar el presidente. De la Secretaría dependían las direcciones nacionales de Movilización, Defensa Civil, Inteligencia y el IAEN. Ese sistema funcionó hasta la llegada del Socialismo del Siglo XXI al poder.
Y después de la Guerra Fría ¿Qué?
Los cambios dramáticos acaecidos a finales del siglo XX, lejos de abrir una época de armonía y mejoramiento general, dejaron la herencia de un mundo incierto, plagado de riesgos y amenazas que poco antes eran difíciles de imaginar. El sistema internacional de posguerra Fría se ha tornado más difuso, volátil y menos predecible. Los esposos Toffler acertaron al calificar la reacción de las potencias occidentales como de “éxtasis colectivo y júbilo insensato”, a la vez que anunciaban un futuro de guerras multiplicadas por guerras y un mundo menos estable. El tiempo les ha dado la razón. La inseguridad individual y colectiva del ser humano se ha incrementado en los albores del siglo XXI. Si entendemos por seguridad la posibilidad de vivir sin temor a la violencia en cualquiera de sus formas; la certeza de contar con medios suficientes para satisfacer las necesidades de una vida digna; y de estar protegidos frente a los riesgos de la naturaleza, entre los aspectos más importantes, el mundo es ahora más inseguro. El narcotráfico, la violencia criminal organizada, desastres naturales, cambio climático, terrorismo, hambre y pobreza, fragmentación política, explosiones nacionalistas, fundamentalismos étnico-religiosos, explosión-implosión demográfica, confrontaciones entre culturas y civilizaciones, son las complejas amenazas, muchas de ellas provenientes de actores que no son Estados.
Ignacio Ramonet advierte: “Surgen nuevas amenazas: hiperterrorismo, fanatismos religiosos o étnicos, proliferación nuclear, crimen organizado, redes mafiosas, especulación financiera, quiebra de macroempresas (Enron), corrupción a gran escala, extensión de nuevas pandemias (sida, virus Ebola, enfermedad de Creutzfeld-Jakob…), desastres ecológicos, efecto invernadero, desertización, etcétera”.
Del mismo modo, la revolución de las tecnologías de la comunicación e informática que pone en manos de los gobiernos, medios antes impensables para proveer seguridad integral a sus pueblos, está siendo más y mejor aprovechada por los grupos criminales. No es casual que el crimen organizado disponga en la actualidad de tantos recursos financieros y tecnológicos que le permiten competir con ventaja con los Estados, inclusive en el ejercicio de competencias que se entiende les son privativos, como la provisión de servicios básicos y control del orden público.
El Real Instituto Elcano aporta con una caracterización interesante de los nuevos escenarios de seguridad:
• Lo novedoso de los riesgos (escaso conocimiento, complejidad, transnacionalidad, mutabilidad…).
• Continuidad entre lo externo y lo interno, lo local y lo global; lo público y lo privado.
• Incapacidad en la gestión de los medios y actores tradicionales.
• Multiplicación de las dimensiones de seguridad (tradicional y no tradicional) y de los niveles donde se decide (privado, público, subestatal, estatal, regional e internacional).
La Seguridad Humana
Sobre la base de comprender que la guerra no era la única amenaza que ponía en riesgo la paz y seguridad internacionales, a partir de 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), amplió el ámbito de la seguridad a los campos económico, alimenticio, de salud, ambiental, comunitario y político. En ese mismo espíritu, Canadá aportó con la categoría de Seguridad Humana como: “… una condición o Estado caracterizado por la libertad ante amenazas dominantes sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad e, incluso, sobre sus vidas”. Este concepto refiere una situación en la que las personas están libres frente al miedo, es decir, exentos de la amenaza de violencia física; y libres frente a las necesidades, o sea, tener atendidas sus necesidades básicas. Se cambia así de un enfoque de seguridad nacional orientado al Estado, a otro orientado a las personas, sus derechos y libertades.
La Seguridad Multidimensional
La Declaración Sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la tercera sesión plenaria de la OEA, celebrada el 28 de octubre de 2003, en la ciudad de México, en el punto II. Valores Compartidos y Enfoques Comunes, destaca: “Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”. En su condición de países democráticos los gobiernos reafirman que el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana.
“Las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre”.
Y llegó el Socialismo del Siglo XXI
El gobierno de Alianza País propuso reformas al sistema político y a la organización del Estado que fueron recogidas en el texto constitucional el año 2008. Lastimosamente esas transformaciones no fueron fruto de un análisis objetivo de la realidad nacional y, en muchos casos, se trató de trasplantes de soluciones con una gran carga ideológica y de prejuicios aportados por asesores extranjeros, desde sus propias experiencias personales en casos y países específicos. La Constitución del 2008 contiene algunas disposiciones sobre seguridad, en varios casos contradictorias. Entre las más importantes: Art. 3. Establece entre los deberes primordiales del Estado, los siguientes: “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. El Art. 261, señalan como competencias exclusivas del Estado central: “… La defensa nacional, protección interna y orden público … El manejo de desastres naturales” (¿Existe un Estado central en Ecuador?). Art. 147, numeral 17, determina, entre las atribuciones y deberes del presidente de la República: “…velar por el mantenimiento de la soberanía y la independencia del Estado, del orden interno, la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional”. Art.158.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial… La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional…” Art. 393: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”. Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social incluye entre otros componentes al transporte y a la seguridad humana Expedida la nueva Constitución, el 2009 la Asamblea nacional aprobó la nueva ‘Ley de Seguridad Pública y del Estado’ que establece el Sistema de seguridad pública y del Estado, conformado por: “… la Presidencia de la República, quien lo dirige, las entidades públicas, las políticas, los planes, las normas, los recursos y los procedimientos, con sus interrelaciones, definidos para cumplir con el objeto de la presente ley; y, las organizaciones de la sociedad que coadyuven a la seguridad ciudadana y del Estado”.
El secretario del Consejo será el Ministro o Ministra de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces” los órganos ejecutores son:
“a) De la defensa: Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas:
b) Del orden público: El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos.
c) De la Prevención: Entidades Responsables: “… todas las entidades del Estado.
El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las prioridades y designará las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo con el tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. Cada ministerio de Estado estructurará y desarrollará un plan de acción en concordancia con el plan nacional de seguridad integral, de acuerdo con su ámbito de gestión.
El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos asegurará la coordinación de sus acciones con los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias, para una acción cercana a la ciudadanía y convergente con esta, y d) De la gestión de riesgos: La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”.
La seguridad según Gustavo Larrea
Hacia una nueva política de Seguridad Interna y Externa. Seguridad, Soberanía y Democracia Siglo XXI. Gustavo Larrea, ministro Coordinador 21/09/08.
En este documento se propone una revolución en la seguridad, desde una visión integral y multidimensional, que garantice los derechos humanos, la gobernabilidad, el fortalecimiento de la democracia, las libertades, los derechos del buen vivir de las personas. Además, reconoce que: “Las Fuerzas Armadas dieron un énfasis importante históricamente tanto a los aspectos relacionados a la defensa del territorio como al apoyo al desarrollo económico y social del país, bajo un esquema altamente nacionalista y antiimperialista”.
Igualmente, plantea una visión integral y una “nueva” política de seguridad sustentada en los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y la democracia. Hace, también, referencia a “una seguridad soberana” en todos los ámbitos de la política.
En las relaciones internacionales, considera aplicar los principios de asistencia recíproca y la solidaridad, promover la integración latinoamericana, las relaciones Sur- Sur y la seguridad global”.
Agenda Sectorial de Seguridad Interna y Externa 2009-2010
El ataque de las fuerzas militares colombianas a la base guerrillera de Angostura, obligó a una revisión de la planificación. En este documento se señalan como principales problemas: “…las incursiones de fuerzas militares regulares e irregulares, el tráfico de drogas, intentos por establecer plantaciones ilegales en nuestro país, tráfico de armas, precursores químicos y explosivos, y la presencia del crimen organizado”. Por esta razón, Se hace “necesaria una respuesta en términos de seguridad, entendida esta no solo como acciones policiales y militares coercitivas, sino también como acciones de desarrollo económico y social que, entre otros factores, debe prestar señalada atención al factor transfronterizo y sus decisivas implicaciones para la promoción de la paz”.
La política 5 de la Agenda reza: “Asegurar la presencia estatal en la frontera norte para promover el desarrollo, la paz y la vigencia de los derechos humanos enmarcados en el buen vivir de los habitantes de la región… La paz social también se busca a través de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador en la reducción de las inequidades de la frontera norte con relación al resto del país”. Se reconoce que: “Un desarrollo territorial equitativo, simétrico y equivalente ayuda a preservar la seguridad integral en el espacio nacional. Siendo la frontera norte una región particular, se busca que el desarrollo se dé garantizando la paz y el cumplimiento de los derechos humanos para los habitantes de la frontera”. Ese fue el concepto central para definir el “Plan Ecuador” que era una respuesta crítica al “Plan Colombia” apoyado por Estados Unidos y enfocado a la lucha contra el narco tráfico.
2011-2013 La Marina al timón
El Plan de Seguridad 2011-2013 se promulgó cuando era secretario Coordinador de Seguridad el almirante Homero Arellano. En su presentación, se reiteran las denuncias infundadas, parte del discurso del Socialismo del Siglo XXI. “… especialmente durante los años de dictaduras militares y la lucha antisubversiva que se dio en el país.
En la guerra antisubversiva se privilegiaron las labores de inteligencia, se crearon, entonces, estamentos similares a los norteamericanos; se militarizaron y policializaron los servicios de inteligencia, legitimando la persecución, el hostigamiento, la detención arbitraria, la tortura y desaparición como métodos válidos de esta guerra anti-subversiva. Las consecuencias de este proceso fueron violaciones de los Derechos Humanos, la desprofesionalización militar y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en defensa de intereses de los grupos de poder”.
Lo anterior no le quita mérito a un plan desarrollado de una manera técnica, con el empleo de metodologías universalmente aceptadas y con gran coherencia en los contenidos.
Un verdadero Plan Nacional de Seguridad Integral que sustenta su visión y misión en el ser humano y refleja la gestión y coordinación de distintas instituciones que superan concepciones sectarias y contribuyen a la acción del Estado en favor del bien común. El gobierno de Ecuador considera a la Seguridad Integral como: “la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas”.
El Plan contiene ocho “Agendas”: Política Exterior (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración), Defensa (Ministerio de Defensa), Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad (Ministerio del Interior), Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos), Gestión de Riesgos (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos), Inteligencia (Secretaría Nacional de Inteligencia), Plan Ecuador (Secretaría del Plan Ecuador) y Estrategias de Seguridad Vial (Agencia Nacional de Tránsito). La seguridad con enfoque integral articula seis ámbitos: 1. Justicia y Seguridad Ciudadana: Derechos Humanos, Violencia, Delincuencia, Seguridad Vial, Justicia y Paz Social 2. Relaciones Internacionales y Defensa: Integridad Territorial, Política Exterior, Recursos Estratégicos, mantenimiento de la Soberanía, sostenimiento de la Paz (incluido el terrorismo) 3. Democracia y Gobernabilidad: Construcción de Institucionalidad (marco legal), Participación Ciudadana, Profundización de la Democracia 4. Ambiental y Gestión de Riesgos: Soberanía Alimentaria, Prevención, mitigación y respuesta (respecto al medio ambiente, ciencia e investigación), Derechos de la Naturaleza. 5. Científico y Tecnológico:
El mismo secretario, un nuevo plan
La presentación delo documento Seguridad Integral plan y agendas 2014-2017 desborda de optimismo. “El Gobierno de la Revolución Ciudadana, prioriza e invierte en seguridad, en términos de cantidad y calidad, lo que nadie hizo en toda la historia nacional. Desterrar del imaginario tradicional que la seguridad es un asunto castrense y del cuerpo policial deviene en auténtica transformación sociocultural y cambio volitivo de mentalidad. Pocos países en el mundo poseen una plataforma desconcentrada y de última tecnología para la seguridad y el despacho multidisciplinario en la atención de la emergencia.
El Ecuador ostenta una institucionalidad pública fortalecida y visible en donde antes ni siquiera existía. Impulsamos una planificación nacional, prospectiva y rigurosa de la seguridad. ¡La seguridad dejó de improvisarse en el Ecuador! Como señala nuestro presidente… hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho por hacer… Toda nuestra energía en legar una verdadera cultura ciudadana de paz, autoestima y seguridad a nuestro pueblo: cimiento ético y concreto para materializar el Buen Vivir”. El nuevo documento fue elaborado con rigor metodológico y coherencia en sus enfoques. La Seguridad Integral tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de las y los ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas.
Toma como referencia el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2010 y la Declaración sobre Seguridad de las Américas, México 2003.
Desconcierto subsiguiente
Lenin Moreno asumió el cargo de presidente el 24 de mayo de 2017. Entre sus primeras decisiones estuvo la de suprimir los ministerios del Interior, de Justicia y el ministerio coordinador de Seguridad y encargar sus funciones a los ministros de Gobierno y de Defensa. De esa manera, el Estado, perdió el organismo superior para planificar, asesorar y proponer las políticas públicas de seguridad que, antes de 2009, cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Pública y del Estado, correspondía a la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, función que luego recayó en el ministerio Coordinador de Seguridad. Los resultados fueron negativos. La gestión de las crisis del secuestro y asesinato de los periodistas de Diario ‘El Comercio’, del levantamiento de octubre del 2019 y de la pandemia, son muestra de lo que sucede a un país en el que no funciona un sistema de seguridad técnicamente diseñado.
Como era previsible, las cosas irían para peor y las consecuencias más nefastas de los errores pasados las cosecharía el gobierno del presidente Guillermo Lasso quien tampoco ha sabido ni podido dilucidar la magnitud y naturaleza del problema.
Es evidente que inició su gestión sin plan ni estructura adecuados a la naturaleza de las amenazas y, consecuentemente, sin una estrategia para enfrentar un problema de dimensiones agobiantes. Inicialmente puso en manos de su ministra de gobierno la responsabilidad de planificar y dirigir la seguridad del país (a tal punto que excluyeron al ministro de Defensa del Gabinete estratégico); presionado por la opinión pública creó el Ministerio del Interior el 31 de marzo de 2022, como organismo dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, con la finalidad de “precautelar por la seguridad ciudadana, protección interna y orden público”; y, posteriormente, el 2 de agosto, anunció la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado como instancia que “articulará esfuerzos y definirá acciones” con las Fuerzas Armadas, la Policía, los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa. Lo anterior deja ver, sin lugar a duda, la forma improvisada como se ha venido manejando un tema de tanta trascendencia como el de la seguridad, a partir de 2009: politizándolo; debilitando hasta el extremo a las Fuerzas Armadas; sin constituir un verdadero sistema de gestión de riesgos; dejando en manos inexpertas asuntos que son verdaderamente complejos; y con acciones improvisadas para que la gente crea que se está tomando en serio el asunto. En fin, el país está cosechando lo que sus mandatarios han sembrado.
Concluyendo
Con el triunfo electoral de Alianza País, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, se modificó radicalmente el Sistema de seguridad y se incluyeron normas, algunas de ellas contradictorias en esta materia; sin embargo, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, organizó un sistema razonable que establece con claridad las responsabilidades de todas las funciones del Estado y niveles de gobierno. Desde un enfoque ideológico radical que considera a las fuerzas armadas y policía como aparatos represivos de la dominación burguesa, en la dictadura que ejerce sobre las clases subordinadas, se debilitó a las instituciones de seguridad, en particular a las Fuerzas Armadas y se crearon estamentos como los Comités de Defensa de la Revolución, como aparatos paramilitares de apoyo al gobierno.
En el segundo gobierno de alianza País, presidido por Lenin Moreno se abandonó el sistema edificado por su propio gobierno, cuando era vicepresidente y se improvisó un conjunto de soluciones no sistémicas que han generado, junto con otras razones, la dramática situación de inseguridad que soporta la sociedad ecuatoriana. Al presidente Guillermo Lasso le ha correspondido cosechar los errores de sus antecesores, pero ha sido incompetente para enfrentar la aguda crisis de inseguridad que afecta al Ecuador. La presión que con justicia ejerce la opinión pública sobre los gobiernos, hace que se tomen medidas, algunas veces improvisadas y de impacto mediático, de corto plazo, a costa del diseño de políticas de mediano y largo plazo. Sin descuidar las urgencias del momento, es indispensable repensar prospectivamente y de manera estratégica el trascendente tema de la seguridad.