En días pasados, convocado por la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto, se reunió, en Quito, el Primer Congreso Internacional Anticorrupción para establecer nexos de cooperación entre las diversas entidades internacionales encargadas de mantener una lucha permanente y frontal contra una de las plagas sociales que más atentan contra el desarrollo de nuestros pueblos. Las resoluciones adoptadas en este congreso, de cumplirse, tendrán un efecto positivo en el futuro de nuestras naciones o serán simplemente meras ilusiones, un saludo a la bandera.
LA DECLARACIÓN DE QUITO de 19 de agosto de 2022
1. Antecedentes
Según estimaciones de organismos internacionales, los montos de recursos financieros que se movilizan por actos de corrupción a nivel mundial se encuentran en el orden del 5% del PIB; y, en Ecuador según estimaciones de organismos privados que trabajan en el control de la corrupción, estaría en un nivel del 7% anual. Es importante hacer conciencia a la comunidad que los dineros perjudicados al erario nacional son de propiedad de todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos que sufragamos los impuestos con el producto de nuestras diferentes actividades económicas y a través del consumo de bienes y servicios. Por ello su control es tarea de todos los miembros de la sociedad, a pesar de tener contradictores a las diferentes políticas de control gubernamental y privado.
2. La Declaración de Quito
La corrupción se ha convertido en una actividad arraigada en ciertos estratos de la sociedad que tratan de esquivar la acción de los organismos de control a través de prácticas distractoras que pretenden justificar el origen y la licitud de los fondos arrebatados a un presupuesto estatal indefenso y abiertamente generoso.
Coimas y diezmos, falsificación de los certificados de discapacidad, autoridades cuestionadas por actuación al margen de la Ley, aduanas, son los últimos escándalos de corrupción que nos ocupan, sin embargo, existe un círculo vicioso y pronto estos casos serán reemplazados por nuevos o renovados, por lo que la sociedad pide a las autoridades erradicar la impunidad y que todo acto de corrupción termine con su correspondiente sentencia. De lo expuesto, se deriva la necesidad del control gubernamental, que según su aplicación temporal se lo clasifica en control preventivo a través de la norma jurídica, la educación pro activa y la formación en valores y ética; concurrente, mediante el asesoramiento presencial en campo o “in situ” y control posterior a base de los diferentes procesos de auditoría. Finalmente cabe señalar que el Congreso ha sido programado sobre la articulación de diez mesas de trabajo, en las que consideramos se encuentran los exponentes más destacados para establecer realidades inéditas con absoluta libertad de expresión en este encuentro. Las mesas de trabajo fueron:
Panel 1: Mecanismos y acciones del sector público contra la corrupción.
Panel 2: Una mirada desde la sociedad civil hacia la transparencia.
Panel 3: Políticas de la integridad en la gestión pública
Panel 4: Periodismo investigación: Incidencia, opinión y articulación social.
Panel 5: La lucha contra la corrupción desde el fortalecimiento de la transparencia.
Panel 6: Acciones de los organismos internacionales en la anticorrupción.
Panel 7: Género y anticorrupción: retos a emprender.
Panel 8: Gobierno Abierto, Compliance y seguridad jurídica para el control de la corrupción.
Panel 9: Innovación y tecnología para la transparencia en procesos de contratación.
Panel 10: La academia en la lucha contra la corrupción.
3. Ética pública y moral social
La ética es aquel componente de la filosofía encargada del estudio de la moral por lo que también se la conoce como la ciencia de la moral, del comportamiento humano y de las obligaciones y respeto de convivencia entre las personas. Por su origen, concepción y estructura la ética pública, pertenece a la conformación interna del estado, del sector público y por tanto es componente de la ejecución de política de control gubernamental.
Es importante señalar que cuando se trate de ética pública se refiere a la ética de un conglomerado de individuos que laboran para el estado y responden ante una normativa específica del sector público, generalmente expresadas en la Normas de Control Interno y en los diferentes Códigos de Ética institucionales.
De manera complementaria, la moral es el patrimonio de una sociedad, se la correlaciona con las normas y costumbres, por lo que en ciertos aspectos esta puede cambiar de una locación geográfica a otra. Pero en lo que a los valores básicos de la moral serán siempre similares a pesar de la diversidad cultural; y la moral obliga a todos los ciudadanos ser celosos custodios de los recursos del estado que en realidad son el patrimonio de todos los ciudadanos, por lo que la protección moral es algo tangible, real y propio que debe protegerse y mantenerse como misión de vida de la población.
1.El control como factor de desarrollo económico
A más de los ingresos públicos, el ahorro, la inversión y el gasto públicos, se deberá considerar al control del correcto, legal y ético uso de los recursos públicos como un factor fundamental para el desarrollo de una sociedad.
El sector privado debe ser un actor activo en estos procesos a través de su correcto y oportuno pago de impuestos y de la incorporación a su estructura empresarial de oficiales de cumplimiento que supervisen el correcto y legal funcionamiento de la empresa.
2.Participación de la sociedad civil en el control de la corrupción
Para emprender de manera oficial en la lucha en contra de la corrupción, las organizaciones de la sociedad civil deberán estar debidamente registradas en una entidad estatal como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado o la Defensoría del Pueblo, a fin de que cuenten con un respaldo oficial, para poder actuar de veedores, investigadores de sociedad civil, controladores del uso de bienes públicos y que sus denuncias documentadas tengan prioridad en las intervenciones de las entidades de control.
3.Recomendaciones de la “Declaración de Quito”
La declaración que suscribimos es un manifiesto ético que surge de los diálogos dados en el I Congreso Internacional Anticorrupción Quito Luz de América, en el que hemos sentido un gran apoyo de las instituciones, la sociedad civil, las fuerzas productivas, los organismos de cooperación internacional y la academia.
Es urgente devolver a los ciudadanos la fe en lo público y ratificar la necesidad que tienen de establecer verdaderos diálogos con las entidades estatales; ello solamente se puede dar desde una política de transparencia, que genere un verdadero cambio en la realidad y percepción de la gestión en las instituciones y empresas públicas.
Tres han sido los puntos que todos proclamaron: lucha irrefutable contra la corrupción, cero impunidades en el atraco a las arcas del Estado y recuperación de capitales.Ello se hace posible desde la aplicación de una legislación supranacional ágil, la implementación de plataformas tecnológicas que rompan con el ocultamiento de activos y erradicando la impunidad en estos delitos.
El componente resolutivo de la Declaración de Quito consta de seis artículos, de los cuales los dos primeros recomiendan que es inaplazable aplicar estrategias y acciones nacionales e internacionales, que creen una cultura de prevención, investigación, denuncia, juzgamiento y recuperación de activos, para que se cumplan los tratados internacionales; y, las leyes nacionales encaminadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El tercer artículo invoca la norma supranacional de Naciones Unidas, con el cumplimiento de la Agenda 2030, en especial del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.
Posteriormente se incluyen dos exhortos a la comunidad internacional para coadyuvar esfuerzos judiciales y de control contra la corrupción, mediante la implementación de mecanismos supranacionales que permitan la recuperación de recursos y la erradicación de la impunidad; y a la ciudadanía a construir una cultura de derechos y transparencia que proscriba la corrupción.
Fernando Larrea Estrada