Los aciagos años de 1858 a 1860 encuentran al Ecuador dividido y con tantos Gobiernos cuantos Departamentos (tres) lo componían, amén de otro Gobierno establecido en la provincia de Loja, que proclamaba el sistema federal como el adecuado para el país.
Cuatro Gobiernos son demasiado para cualquier Estado y más cuando entre dos de ellos es imposible ningún avenimiento.
Como si fuera poco el caos interno, los ambiciosos vecinos creyeron oportuna la ocasión para invadirlo y “polonizarlo”, como diría el Dr. Julio Tobar Donoso.
Un General Mosquera, ambicioso y sin escrúpulos, quería tener su propio “Estado” para lo cual propuso dividir el Ecuador llevándose una parte de él, a otro no menos ambicioso Mariscal Castilla, que, no solo aceptó la propuesta, sino que condujo su poderosa Armada y Ejército a la misma ciudad de Guayaquil.
Mientras así se disponía desde fuera del destino del Ecuador, los líderes ecuatorianos se devoraban entre sí; pactaban con los enemigos, ofrecían a potencias extranjeras la soberanía nacional y uno de ellos, el de más ingrata recordación, suscribía un “Tratado” entregando al invasor todos los territorios que se le antojó.
A pesar de un panorama tan triste y desolador, al cabo de tanta tragedia, la Patria “Niña”, como la llamaba Alejandro Carrión, sobrevive la tempestad y sale fortalecida. Del hondo abismo a que fue conducida, surgirá como el Ave Fénix, y consciente de las causas de su desgracia, bajo la firme conducción de un caudillo que no descansa, implantará las reformas que han sustentado su posterior desarrollo relativo. De la crisis de esos años, el Ecuador del presente tiene su actual régimen de División provincial, que sin duda alguna ha vertebrado de mejor manera a las distintas geografías de la Patria, no tanto como quisiéramos los ecuatorianos pero al cabo mejor que con el viejo Sistema Departamental.
También de esos años se recuerda la abolición del antidemocrático sistema de representación igualitaria entre secciones diferentes en extensión y población. La reforma al régimen de representación política, ahora basada en la proporcionalidad de la población, eliminó la fuente de permanentes conflictos. La relativa autonomía concedida a las provincias, sin duda disminuyó el peligro de disolución nacional.
PROCLAMACIÓN DEL STATUS FEDERAL
Con el retraso que las precarias comunicaciones imponían a las noticias que llegaban a Loja, las más de las veces conocidas más bien desde el Perú, cuando el 18 de septiembre de 1859 se supo en la ciudad los acontecimientos de Quito, Guayaquil y Cuenca que llevaron a que cada uno de los cuales tenía su propio gobierno, los ciudadanos se reunieron a fin de deliberar la posición que la provincia debía adoptar frente al caos nacional y a la agresión externa.
Según el Acta de la reunión, “Los padres de familia de la ciudad de Loja, reunidos en la sala del Concejo Municipal, con el objeto de deliberar acerca de las medidas que deben adoptarse para la reorganización de la provincia, en razón de hallarse disociada la República, por unánime consentimiento de los pueblos……se acordó lo siguiente: Nombrar de Jefe Civil y Militar al Sr. Manuel Carrión Pinzano, quien reunirá a la brevedad posible una Junta de Ciudadanos para que acuerde todo aquello que creyere conveniente para el porvenir de la provincia. Por lo demás, el Jefe nombrado, queda con amplias facultades para dictar todas las medidas conducentes a la Administración Pública de la provincia SIN SUJECIÓN A NINGUNA AUTORIDAD”. El mismo día, Carrión Pinzano convoca a los ciudadanos para el día siguiente, 19 de septiembre; y asume el Poder tanto Civil como Militar, sin ninguna resistencia. Expresamente el Gobernador Jaúregui resigna el Poder Civil en Carrión; y, el cuartel se somete voluntariamente al nuevo jefe.
Como se puede apreciar. el pronunciamiento de Loja del 19 de septiembre de 1859, constituye la proclamación de un nuevo Status político y jurídico. Se declaran vigentes la Constitución y las leyes mientras “no se opongan al nuevo orden de cosas”. Se abandona el sistema centralista y se acoge el federalista. No solo se evade de esta manera tomar partido por uno u otro bando en disputa en el resto de la República, sino que se aprovecha la ocasión para trajinar por una senda diferente a las tradicionales en estos casos: la guerra civil o el arreglo sacrificando los intereses nacionales. El Acta del 19 de septiembre, es, en la forma y en el fondo, una Constitución: en ella el pueblo reasume el ejercicio de la soberanía y se establece la forma de gobierno, la religión y la unión federal al resto de la República.
GESTIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
El Gobierno de Carrión Pinzano, sin duda interpretando el sentimiento general de la población y con su unánime respaldo, inmediatamente asumió las funciones administrativas, designando a los empleados necesarios; pero su atención, durante los 16 meses de gestión, estuvo dirigida, por un lado a las reformas estructurales interiores de la provincia y por otro, a atender sus relaciones con las demás provincias del Ecuador y a la cuestión internacional agravada con la presencia de la Flota Peruana bloqueando la Costa Ecuatoriana y especialmente la ciudad de Guayaquil.
En lo primero, el Régimen Interior, parece ser que Carrión Pinzano tenía un plan meditado desde mucho antes, a juzgar por las reformas introducidas. Lo más urgente fue asegurar el respaldo militar y para ello reorganizó el Batallón “Zamora”, indultó a los desertores del mismo y formó uno nuevo, el “Batallón Cívico”, compuesto principalmente por elementos civiles. Evidentemente, con esta medida no buscaba defender a la provincia de la agresión armada, venga del resto del país o venga incluso del Perú. Buscaba solamente guardar el orden interno y curarse en salud de revueltas o “pronunciamientos” a los que eran tan aficionados los militares profesionales de la época. La defensa exterior de la provincia quedaría librada a la gestión diplomática y a la negociación, como veremos luego.
Por otro lado, gobernando un territorio realmente extenso, que iba desde el Océano Pacífico hasta el rio Amazonas, ante la imposibilidad de mejorar rápidamente las comunicaciones y en el afán de ser genuino con el sentimiento federal, reorganizó políticamente la provincia, considerando que la vigente división territorial “no corresponde a sus necesidades, ni consulta el fomento de sus intereses locales ni a la pronta y buena administración de justicia”, decretó que la provincia se compone de 5 cantones: Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí; éste último con su capital Santa Rosa y con todas las islas pertenecientes a la provincia (recuérdese que la provincia del Oro se creó posteriormente, en 1886). A más de modificarse la pertenencia de ciertas parroquias, se creaba, en realidad, un nuevo cantón, Santa Rosa, que no figuraba como tal en la división territorial de 1824, vigente a la sazón.
Por otro lado, habiendo sido queja permanente de Loja la lenta y lejana administración de justicia, el quince de octubre de 1859, se crea el Tribunal Superior de Justicia, como Corte de Apelación (Superior), se designan ministros a los Doctores José Antonio Eguiguren, Francisco Arias, Agustín Costa y Manuel González. Se inauguró el 24 de noviembre. Es la primera Corte Superior en una provincia que no es cabecera departamental. Posteriormente, ya unificado el Ecuador, la Convención Nacional, en agosto de 1861 estableció de modo definitivo dicha Corte y fueron elegidos ministros Jueces los Doctores José Antonio Eguiguren, Ramón Samaniego e Isidro Ayora; y, Fiscal el Dr. José María Bermeo.
La educación fue también motivo de las reformas y estimando que la provincia había reasumido “el manejo de sus negocios, ninguno le es mas propicio ni le corresponde con más derecho que este” se forma el “Instituto de Instrucción Secundaria” compuesto de los colegios Nacional “San Bernardo” y particular “La Unión”. El primero existía desde hacía algún tiempo por la filantropía de Don Bernardo Valdivieso y el segundo, de más reciente y corta duración, se había organizado por las gestiones del Dr. Miguel Riofrio, quien estando de diplomático en Colombia, gestionó la venida de los profesores Benjamín Pereira Gamba, Ortiz Barrera y Belisario Peña con la finalidad de participar en la educación de la juventud lojana. El Decreto de fusión de los dos colegios, dispuso, además, que se creen las cátedras de Filosofía y Letras, Jurisprudencia, Medicina y Teología; es decir, con las características de Universidad.
No solamente lo militar, judicial, territorial y educativo son materia de reforma, también lo económico: se ordena habilitar el Puerto de Jambelí, para el comercio con Guayaquil y el exterior; se reducen los impuestos a la importación y se permite el libre ingreso de mercadería, para contrarrestar el contrabando; se crean ferias, como la del 25 de diciembre y se administran las rentas de la provincia de manera autónoma; se pagan sus propios empleados y el remante se emplea en pequeñas obras públicas. La buena administración financiera, sin duda genera excedentes que son reclamados posteriormente por García Moreno para el auxilio de los gastos militares nacionales, conforme se verá en el último capítulo.
También fue un logro del Gobierno Federal provincial, y materia de negociación con García Moreno para la reincorporación plena al Gobierno central, la aspiración de Loja por contar con su propio Obispado. Efectivamente, una de las principales gestiones del Gobierno fue la de la creación del Obispado, gestión que culminó exitosamente, merced al apoyo posterior del Gobierno de García Moreno, pues su Santidad el Papa Pio IX erigió el nuevo Obispado, el 29 de diciembre de 1862.
También se debe al Movimiento Federal de esos años, uno de los primeros periódicos lojanos. “Con la finalidad de cooperar en la labor del Gobierno Federal, se fundó en esa época el periódico denominado “La Federación”, que se editó en la imprenta que algunos años antes había traído desde Lima un hombre entusiasta por el Progreso de Loja, el señor Juan José Peña. Este periódico de tendencia liberal, que ayudó a la administración provincial, se supone que fue dirigido por el intelectual colombiano, Sr. Benjamín Pereira Gamba, uno de los maestros granadinos contratados por Miguel Riofrio, para regentar el Colegio de La Unión”.
Autor: Genaro Eguiguren V.
Abogado, Doctor en Jurisprudencia y en historia.
autor de “El Gobierno Federal de Loja” y “Derecho de Propiedad en el Ecuador”
Ha sido docente de la Universidad Central y de la Universidad Andina,
Juez de la Corte Nacional y ejerce la profesión de abogado
y por vocación la historia.”