A la declaración de la reserva marina hermandad, en el corredor entre las Galápagos y las islas de Cocos, la cuestionada pretensión de declarar una reserva marina de 8 millas en la costa continental, que no constituyen una respuesta al ecocidio en curso, ahora suma la pretensión de emitir “bonos azules” de deuda externa, la que destapa una pregunta que se hace el país y la comunidad internacional: ¿Es permisible el uso de Galápagos como mascarón de proa de un negocio financiero?
El gobierno del presidente Lasso, solo ha generado cortinas de humo, frente a la gravedad de la pesca depredadora de las flotas extranjeras habilitada por la adhesión a la CONVEMAR (2012), que está ocasionando un ecocidio en el mar del Ecuador, denunciado por la prensa internacional.
La primera observación crítica a la cadena de políticas marinas de Lasso, es que ninguna de ellas enfrenta la causa de fondo de la depredación pesquera, el sometimiento a la CONVEMAR, y su artículo 3, el cual sólo reconoce a los Estados adherentes 12 millas de mar territorial.
Para Ecuador este texto implica la pérdida de 188 millas de mar continental e insular, una extensión superior a 1 millón de kilómetros cuadrados, sobre la cual ha ejercido soberanía a lo largo de su historia, ratificada por la legislación internacional precedente a la CONVEMAR.
Es más, Lasso, aprobó el 2021 el cambio de varios artículos del Código Civil, expedidos en 1966 que afirmaron expresamente la soberanía territorial de 200 millas marinas, continentales e insulares, sobre las aguas, los fondos, las plataformas, los zócalos submarinos, el espacio aéreo.
El propósito fue subordinar la legislación ecuatoriana a la CONVEMAR y limitar su territorio marino a 12 millas, favoreciendo obviamente la intensificación de la pesca de las gigantescas flotas depredadoras ex tranjeras. La reforma es por su naturaleza inconstitucional, pues el artículo 4 de la carta política de la República, establece que su territorio continental y marino es irreductible e inalienable.
En una perspectiva que sigue la línea montada por el ex presidente Correa, cuando el 2007 legalizó la “pesca incidental del tiburón”, el aleteo, transporte y comercialización de las aletas de tiburón, cuando violando la Constitución proclamó la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR el 2012, el presidente Lasso, vetó la necesarísima Ley Orgánica de Incentivos a la Pesca Artesanal, presentada por el legislador Simón Bolívar Remache.
La ubicación en la milla 200 y la navegación en las 188 millas restantes, consideradas por la CONVEMAR como aguas internacionales, es usada por las flotas extranjeras para depredar la fauna marina, utilizando artes de pesca de sofisticada tecnología que, les permiten succionar todo tipo de peces, moluscos, artrópodos (cangrejos, langostas, camarones), e incluso Cnidarios (aguas vivas, corales anémonas).
La magnitud de sus operaciones fue estimada -por los defensores de la CONVEMAR-, en 5 millones de toneladas por trimestre, que suman 20 millones de toneladas al año. Los pescadores de Galápagos consideran que la cifra podría ser el doble, una cifra descomunal impensable: ¿Será equivalente a 1, 2, 3 o más Chimborazos de peces? En términos monetarios la cifra supera un perjuicio económico al país de más de 100.000 millones de dólares, a la cual se deben añadir los daños ocasionados al ecosistema, numerosos, irreversibles.
Los pescadores artesanales del perfil costanero de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y el archipiélago de Galápagos, verifican en su labor diaria que no hay pesca, su magnitud se ha reducido a un 10 y a un 5%, lo propio ocurre en los mercados y en la mesa cotidiana de la población acostumbrada por siglos a los frutos del mar. Los índices de precariedad y hambre en la costa del Pacífico y en el país, además de los asesinatos de los pescadores, como el ocurrido en el puerto artesanal de Esmeraldas, crecen bajo la indolencia gubernamental.
La afirmación de los pescadores ha sido constatada por medios internacionales como el New York Times, el cual denunció el año pasado que la flota pesquera China se lleva el 99% de la pesca ecuatoriana, operando con tal disposición de recursos que bloquea a otras flotas extranjeras, a más obviamente de a los pescadores artesanales y a la industria pesquera ecuatoriana.
Es en este contexto, en el cual no se ha adoptado ninguna política responsable para la protección del ecosistema marino, que el presidente Lasso busca emitir los “bonos azules” de la deuda externa, supuestamente, para obtener beneficios financieros destinados a proteger las especies en peligro de ese maravilloso hábitat marino, Galápagos.
Una extraña operación de cientos de millones de dólares
La mar estaba serena, cuando el Credit Suisse, anunció sorpresivamente una compra de bonos global de la deuda externa ecuatoriana por 800 millones de dólares. Los mercados financieros empezaron a agitarse y la cotización de los papeles de la deuda ecuatoriana a subir insólitamente, en un contexto caracterizado por la aproximación del “riesgo país” a los 2.000 puntos, una magnitud sin precedentes y también insólita en un gobierno presidido por un banquero.
Por primera vez en la historia, el “riesgo país” operó al revés. El axioma “a mayor riesgo menor precio, a menor riesgo mayor precio”, dejo suelta una insólita excepción. Siempre, la elevación de los puntos de riesgo dispara hacia abajo y no hacia arriba el valor de los papeles de la deuda, pero, por contingencias insólitas, en este caso el valor de los papeles subió.
La operación se concretó en las vísperas del juicio político al presidente Lasso en trámite en la Asamblea Nacional, por lo cual fue clave el beneplácito de la Development Finance Corporation DFC, de EEUU, expresada en la emisión de un seguro de riesgo político, precisamente en la escena de un semáforo de riesgo político, no en verde ni siquiera en amarillo, sino: en rojo.
Juego de máscaras
El viceministro de Finanzas, Daniel Lemus declaró que el país no tenía participación en la operación de USD 800 millones de bonos global de la deuda externa de Ecuador, realizada por el Credit Suisse, el 26 de abril que, como un estruendoso rayo en tiempo sereno agitó las aguas del mercado financiero.
“Credit Suisse, no lo hace por orden de la República de Ecuador. No tenemos ningún contrato de recompra de bonos con Credit Suisse … es una oferta privada que hace el banco de inversión suizo por su propia cuenta”… “No tenemos ningún contrato de recompra de bonos con Credit Suisse”.
Pocos días después el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, declaró en tono orgulloso: “El gobierno del presidente Guillermo Lasso hoy logra ese canje de deuda por conservación, el más grande de la historia. Eso significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones por una deuda de 656 millones. … Adicionalmente se logra destinar 450 millones para conservación en las islas Galápagos”.
¿Quién miente, el viceministro Lemus o el ministro Arosemena? Sus contradicciones revelan la falta de transparencia de la operación y generan una cadena de dudas y preguntas:
¿Quién o quiénes pusieron los 656 millones para financiar la recompra de bonos por el Credit Suisse?
¿Qué acuerdos existieron y/o existen entre el gobierno ecuatoriano y el Credit Suisse o terceros, para la realización de esta operación?
¿Quiénes son los beneficiarios del alza en la cotización de los bonos global 2030, 2035, 2040?
¿Ecuador compró o no otros bonos global a las nuevas cotizaciones al alza, por qué valor, a quiénes?
¿Ecuador va a comprar esos 656 millones adquiridos por el Credit Suisse con los llamados bonos azules?
¿Si Ecuador compra esos bonos al Credit Suisse, cómo va a fondear la adquisición, efectivamente va a emitir los bonos azules para el efecto, en qué condiciones, cuánto va a pagar: 644, 656, 800 millones u otra cifra en papeles, a qué interés, cuál es el cronograma de pagos hasta el 2041?
¿Deuda por ambiente, verdad o falacia?
Walter Spurrier, en su artículo “Deuda por ambiente”, afirma que Credit Suisse contaba con 800 millones para realizar la operación en la que se compraron 1.628 millones al 40% del valor nominal, por 644 millones, por la cuenta de un cliente, aventura que podría ser Blue Nature Alliance, una organización que proclama, “conservar el océano para la naturaleza y las personas”.
La visión de Blue Nature es precisa: “Las prácticas pesqueras dañinas, la contaminación y el cambio climático están devastando la salud del océano global, amenazando a las comunidades conectadas al océano, la vida marina y los recursos naturales esenciales. La ciencia muestra que proteger y conservar grandes áreas del océano es necesario para regular el clima, mantener la biodiversidad esencial y sustentar el aire que respiramos”.
Sin embargo, no se conoce su preocupación por el ecocidio que sufre el mar del Ecuador con la pesca depredadora habilitada el 2012 por la adhesión a la CONVEMAR y su pérdida de soberanía territorial marina, sobre el etnocidio que sufren los pescadores artesanales o las consecuencias alimentarias que sufre la población por la sensible disminución de la pesca.
¿Efectivamente Blue Nature Alliance es la autora de esta recompra de papeles? ¿Qué acuerdos tiene el gobierno de Ecuador con la entidad ambientalista? ¿Si existen, por qué no han sido de conocimiento público?
El siguiente paso señala según el articulista es que, Ecuador emita bonos azules por 656 millones, con garantía del BID y garantía contra riesgo político de la DFC y se los canjee por los bonos globales, Ecuador así reduciría su deuda en 984 millones, sin destinar un solo centavo de su presupuesto.
Sus cifras, respecto a que Ecuador destinaría 150 millones a un fideicomiso para la conservación del corredor marino, se contradicen con otras fuentes que señalan que sería de 18 millones anuales, los cuales proyectados hasta el 2041, superarían los 300 millones, o las del mismo Ministro Arosemena quien habla de 450 millones.
El propósito del fideicomiso, según Spurrier sería “impedir la pesca industrial, sobre todo la China” en el corredor marino, pero la pesca de las flotas extranjeras incluida la China no opera en el corredor, ubicado en el norte del archipiélago, tiene lugar en el sur, el occidente y oriente. Por el contrario, afectará a la pesca industrial ecuatoriana que labora en esas zonas y dejará intocadas las actividades de la pesca no ecuatoriana, indiscriminada, depredadora, no declarada ni regulada.
El país efectivamente requiere asignar recursos económicos adecuados para la protección del ecosistema marino y garantizar las formas de vida de su flora y fauna; para su conocimiento científico; para la protección de la pesca artesanal sostenible, para el fortalecimiento de la pesca industrial sostenible; para fortalecer su seguridad alimentaria; para el fortalecimiento de la Armada y la policía marina en la protección de la soberanía territorial.
Sin embargo, requiere medidas que no se financian con millones de dólares, como derogar las normas que permiten la llamada “pesca incidental del tiburón” que están ocasionando desde el 2007 la depoblación de la especie. Y sobre todo, salirse de la CONVEMAR, denunciar la CONVEMAR, para reestablecer los fundamentos jurídicos que le permitan obrar en sus 200 millas de mar territorial insular y continental en pleno ejercicio de su soberanía nacional consuetudinaria, que a lo largo de siglos ha preservado a la fauna y flora oceánicas y posibilitado que la población ecuatoriana se alimente de una diversa y riquísima proteína marina.
La ausencia de información sobre el fideicomiso, su constitución, objetivos, actores y de una pertinente deliberación pública, dibuja más sombras que claridad y advierte el peligro de usar la protección de las Galápagos como mascarón de proa de un negocio financiero.