En el 2013 con el gobierno de Rafael Correo nacería la Ley de Comunicación como una medida para tener mejores medios de comunicación gracias al control del Estado. Sin embargo, esta ley fue duramente criticada en su época por la comunidad internacional. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Prensa mantenía que la situación que enfrentan los medios de comunicación en Ecuador se había deteriorado gravemente dada la “excesiva regulación estatal”.
La libertad de expresión es un derecho, el cual está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo la autorregulación busca cambiar el veto del Ejecutivo que concebía a la comunicación como personas naturales y jurídicas, mas no un derecho humano. La justificación de la excesiva regulación estatal va del hecho que se veía a los medios de comunicación como un poder, y como todo poder, este debe ser regulado restringiendo así, la libertad de expresión.
Ojo, los discursos de odio no pueden ser justificados bajo el amparo de la libertad de expresión y esto se denota en el caso Pellacini cuando la Defensoría del Pueblo emitió medidas de cumplimiento obligatoria e inmediato contra los comentarios misóginos en su programa radial “Mucho que contar”. Las disculpas públicas de Pellacini no son una sanción, es una medida de reparación. El derecho internacional permite establecer límites al ejercicio de la libertad de expresión, estos límites van para combatir males específicos como: la apología al odio o la protección de los derechos de otras personas.
¿Estamos listos para la autorregulación? Es una pregunta justa para la oposición del Ejecutivo considerando hechos como las declaraciones de Pellacini o los dardos de La Posta. Sin embargo cabe también preguntarse ¿Qué nos dejó la Ley de Comunicación del 2013? ¿Consiguió su objetivo? ¿Tenemos mejores medios de comunicación después de casi 10 años de normas en contra de estándares internacionales sobre la comunicación?