No podemos negar la situación crítica que el país vive. Todas las instituciones tienen una bajísima credibilidad y se desarman. Cada una de ellas se siente dueña del país, solo les importa tomarse las instituciones para sus fines.
Los poderes fácticos emergentes consideran que pueden imponer sus intereses grupales a una mayoría silenciosa y cobarde. Cada cierta época repetimos “que se vayan todos” y el caos tiene actualmente otros componentes que en el pasado. La violencia, el narcotráfico, los líderes de la corrupción que pujan por el retorno, una justicia pusilánime y evidentes acuerdos políticos entre agrupaciones supuestamente irreconciliables nos llevan a recordar épocas en las que casi terminamos como un estado fallido.
Hoy vemos que se repiten graves y similares nubarrones y por eso hemos pedido la colaboración a un Ilustre General, Ex Alcalde y Politólogo, Paco Moncayo Gallegos que nos recuerde desde su visión, hechos que nos permitieron salir por lo menos temporalmente de una de las peores crisis que afrontamos en las últimas décadas del siglo pasado.
Varios gobiernos defenestrados, dos fenómenos del Niño, guerras, una crisis financiera que costó el 17 % del PIB , es decir más del doble de lo que nos dejó la Pandemia. También hemos solicitado a Fausto Jaramillo Yerovi, mentor de esta Revista actor y testigo político de estos hechos que nos ayude con sus experiencias y su vasto conocimiento político para llevar a ustedes una visión pluralista y global de esa época.
Les entregamos estos valiosos materiales a nuestros ávidos lectores cuya constancia agradecemos con la seguridad que nos da, el tratar ya en 60 semanas temas de fondo que tienen una gran acogida, la que nos abruma y compromete.
Los editores.
Fatídico 1997
Introducción
Cuando se estudia la Historia del Derecho Territorial ecuatoriano, se observa como los acontecimientos de política interna afectaron, siempre para mal, a las negociaciones sobre límites con los dos países vecinos. Súmese a ello la debilidad congénita del poder militar y se entenderá mejor de qué manera se delineó el actual mapa de nuestro país. Así sucedió en el año 1941, cuando el Perú ocupó militarmente la provincia de ‘El Oro’ y parte de los territorios amazónicos para, bajo amenaza de tomarse Guayaquil, imponer el Protocolo de Río de Janeiro, en 1942, cerrando para el Ecuador cualquier posibilidad de una salida soberana al Río Amazonas. Errores en la delimitación y demarcación de la frontera en el suroriente ecuatoriano mantuvieron a los dos países en permanente confrontación.
Las autoridades ecuatorianas habían presentado alternativas para negociar una solución pacífica del viejo diferendo, pero la posición del Gobierno peruano se mantenía firme en defender que todos los problemas territoriales con Ecuador se habían resuelto en 1942.
En 1981, con una capacidad bélica abrumadora, sin conocimiento del poder político, atacaron y destruyeron tres destacamentos ubicados en la Cordillera de ‘El Cóndor’. Consumados los hechos, los militares llevaron al presidente Belaunde Terry a izar la bandera peruana en Paquisha.
En 1995, se avivó nuevamente el conflicto, esta vez en el marco de la campaña del presidente Alberto Fujimori para la reelección. Él, a la cabeza de tropas de su país, incursionó en la Zona no demarcada en las cabeceras del río Cenepa, seguramente con la idea de cosechar una fácil victoria militar.
No sucedió así, las Fuerzas Armadas ecuatorianas resistieron y derrotaron la agresión. Se firmó el Tratado de Itamaraty y, cincuenta y tres años después del Protocolo de Río de Janeiro, el gobierno peruano tuvo que reconocer la existencia de ‘impases subsistentes’ que se debían negociar. El presidente Sixto Durán Ballén, los titulares de todas las funciones del Estado, los medios de comunicación, el pueblo ecuatoriano civil y armado, unidos por un solo ideal demostraron de lo que el Ecuador puede ser capaz.
Inician las negociaciones
Para dar cumplimiento a la Declaración de Itamaraty, se conformó la Misión de Observadores Militares Ecuador Perú (MOMEP) bajo cuya vigilancia se produjo la separación de fuerzas y, a mediados del mes de enero de 1996, en la ciudad de Lima, se inició con las negociaciones. La segunda reunión se produjo en Quito, a fines de febrero. En esta ocasión, los dos países entregaron sus respectivas listas de ‘impases’ con el carácter de definitivos y sin opción a veto.
Los mandos peruanos se encontraban muy atentos a la situación de la cúpula militar ecuatoriana. El 24 de abril, en pleno conflicto, se publicó en la revista ‘Oiga’ una entrevista al general Walter Ledesma quien se refirió a mi persona en los siguientes términos: “Es un General joven, muy carismático, simpático, inteligente y enemigo del Perú. Capaz de lo que ha hecho y de algo más.
Se ha preparado para enfrentarse al Perú desde hace tiempo, fue uno de los más jóvenes asesores del general Levoyer, quien negoció con el almirante Dubois en 1981… Pienso que hay que tenerlo muy en cuenta y estar atentos al cargo que va a ocupar”.
Estas declaraciones fueron pretexto suficiente para que el general Ledesma sea enjuiciado y sentenciado por la justicia peruana servil al presidente Alberto Fujimori y al general Nicolás Hermosa Ríos, su principal colaborador y asesor. Así estaban las cosas cuando en junio de 1995, el presidente Sixto Durán, a pesar de las advertencias de los periodistas peruanos, sus familiares cercanos, partidarios y amigos firmó mi nombramiento como comandante general del Ejército y del general Jorge Ortega como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En aquel momento las negociaciones con el Perú habían comenzado a enturbiarse. En Buenos Aires, reunidas las comisiones los días 18 y 19 de junio, acordaron que los países Garantes actuarían “De acuerdo con el espíritu del Protocolo de Río de Janeiro, con especial atención a lo previsto en sus artículos 7º y 9º”. El gobierno ecuatoriano lo había aceptado, a sabiendas de que con ello se limitaba seriamente la posibilidad de un arreglo favorable para el país.
Con esta preocupación a cuestas el 26 de julio se firmó el trazado de una zona desmilitarizada, en el área de los combates. El 28 de julio, al iniciar su segundo mandato, el presidente Fujimori en el Mensaje a la Nación, pronunciado ante el Congreso de su país, destacó estos auspiciosos avances como un paso importante que pueda “conducir a la paz permanente en el marco del respeto al Protocolo de Río de Janeiro”. Mi nombramiento como comandante de la Fuerza Terrestre, fue muy mal recibido en el Perú. El gobierno ecuatoriano analizaba la posible compra de cuatro aviones K.fir. El 14 de diciembre de 1995 la revista Caretas publicó: “Ecuador habría estado negociando la compra de uno o dos escuadrones -doce o veinticuatro- cazabombarderos Kafir en Israel (…) “Ecuador desata alarmante ola belicista (…) cuatro oficiales de inteligencia de Ecuador viajaron secretamente a China, Indonesia y Europa para comprar armamento diverso… obedeciendo órdenes del general Paco Moncayo, comandante en jefe del Ejército ecuatoriano y tenaz enemigo del Perú”.
El general Edgardo Mercado Jarrín denunció: “El general Francisco Moncayo aspira erigirse en el Pinochet ecuatoriano. El excanciller no descarta golpe de Estado en el país vecino (…) Él es el que controla la política exterior en las tratativas de paz con el Perú. (…) El Perú tiene que pensar con quien está negociando, porque si bien se conversa con el canciller Galo Leoro Franco, con al gobierno civil, detrás de todo está la cúpula militar, está Moncayo, que solo quiere ganar tiempo”.
La revista ‘SI’ se refirió al tema en los siguientes términos: “La compra de cuatro aviones K-fir (…) encerraba vínculos políticos y diplomáticos que no aparecían a primera vista y que abarcan a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, pero también al golpismo encubierto de Paco Moncayo, el militar ecuatoriano que comparte la ambición de poder con el odio al Perú”.
El 8 de enero de 1996, el articulista Patricio Ricketts Castro realizó un análisis distorsionado de todos los contenidos de mi libro “Fuerzas Armadas y Sociedad”, publicado en junio de 1995, por la Corporación Editora Nacional, al que calificó como la versión ecuatoriana de “Mi Lucha” y al autor como “una suerte de pequeño Hitler del Ecuador”. Escribió que: “Detrás de los K-fir, el espionaje por satélites, la enorme panoplia de cohetería, la sala de mando computarizada, el procesamiento digital instantáneo y ultra preciso de la información obtenida del Perú, y muchas otras costosas novedades destinadas a hacer del Ecuador el Israel de América, hay un factor determinante: la mirada fija en nuestro país del general de división Paco Moncayo Gallegos, comandante general del Ejército de Ecuador y hoy indisputable poder tras el trono de ese país.” En un recuadro el comentarista destaca: “Consta, pues, que en el camino de la paz hay sembrada una mina llamada Moncayo”.
Ese mismo día, Martín Belaunde Moreira, en su artículo “Del Norte y del Sur”, proclamó la necesidad de un rearme disuasivo frente a Ecuador: “La única forma de evitar el conflicto es demostrar una capacidad disuasiva y retaliatoria que haga muy costosa cualquier infiltración ecuatoriana en nuestro territorio”. Y, simultáneamente, Enrique Chirinos Soto, en entrevista concedida a Marcelo Gullo, en la revista ‘Sí’, de la semana del 8 al 14 de enero, que presenta mi fotografía en su primera plana con el título: “EL PERU en la mira de Moncayo”, aseguró: “Moncayo es el hombre fuerte y cualquiera que sea el presidente ecuatoriano será su títere (…) Por supuesto que,si nos vienen a atacar por la selva, tendríamos nosotros derecho de responder por la costa y avanzar hacia Guayaquil, como lo hemos hecho varias veces”. Martín Belaunde Moreyra, por su parte, refería, refiriéndose a mi persona: “Su estadía en Israel, según lo señalan algunos observadores que lo conocieron en esa ocasión, le sirvió para empaparse de la praxis y de la doctrina militar del ejército judío. Pero no solo de la teoría militar judía sino también de la Palestina. Pero no imaginemos al general Moncayo como un militar de aspecto sanguinario. La revista ecuatoriana. Vistazo lo describe cómo “una interesante -combinación de jefe militar y académico universitario. Vale decir como un hombre de acción y de pensamiento que guía su conducta…”.
La crisis de los gastos reservados
Esa era la situación cuando el 5 de junio de 1995, el vicepresidente Alberto Dahik denunció ante varios periodistas que diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían exigido dinero al Gobierno para aprobar leyes y dictar fallos de interés para el país. Como suele suceder en Ecuador, un escándalo se tapa con otro mayor. La oposición política reveló que gastos reservados de la Vicepresidencia habían sido utilizados en beneficio del Segundo Mandatario y sus colaboradores. El 19 de julio veinte diputados presentaron ante el presidente del Congreso el pedido de enjuiciamiento político de Alberto Dahik, acusándolo de cohecho y de atentar contra el honor de la nación.
El 23 de julio el presidente Sixto Durán ordenó que se revelen las cuentas bancarias de expresidentes, exvicepresidentes y sus colaboradores como parte de una campaña en contra de la corrupción.
El 6 de octubre falló el intento de destitución de Dahik en el Congreso pues no hubo los votos necesarios en el juicio político.
El presidente había respaldado inicialmente a su vicepresidente, pero, al observar que se ponía en riesgo la estabilidad de su gobierno, en un dramático comunicado, anunció que le había pedido que presente su renuncia ante el Congreso Nacional. El diario ‘HOY’, informó: “Finalmente Sixto Durán Ballén tomó una decisión que responde a un clamor nacional por la salida del vicepresidente Alberto Dahik Garzozi del Gobierno”.
El 12 de octubre de 1995, para evitar la prisión preventiva dispuesta por la Corte, el Segundo Mandatario presentó la renuncia ante el Congreso Nacional y viajó a Costa Rica. El 19 de octubre el Congreso eligió a como nuevo vicepresidente a Eduardo Peña Triviño, de una terna enviada por el presidente Durán Ballén.
Los partidarios del economista Dahik culparon al general Moncayo de todo lo sucedido. Esto tiene una explicación. El vicepresidente, en medio del conflicto, convocó al ministro de defensa y al mando militar a reunirse en su oficina. Allí explicó el asunto de los gastos reservados. Mi participación fue en el sentido de que los militares no teníamos ningún papel en el asunto y que éste debía resolverse por las vías legales correspondientes. Eso fue todo, pero la avalancha de insultos fue despiadada.
De todo esto sacó provecho la campaña sicológica de Montesinos. El diario “Expreso” de Lima, del 22 de octubre, publicó un artículo titulado “Alianza non sancta de militares, jueces y políticos destituyó a Dahik”. “La accidentada salida del vicepresidente Alberto Dahik del gobierno conservador ecuatoriano por acusaciones de corrupción sería consecuencia de una intriga orquestada por la cúpula militar encabezada por el general Paco Moncayo Gallegos, según afirman analistas vinculados al Departamento de Asuntos políticos de las Naciones Unidas …”.
El 19 de noviembre, el periodista Patricio Ricketts de Castro opinaba: “En estos momentos está asaltando el poder… Esto ocurre, por lo demás, en plena campaña electoral y en un país institucionalmente descompuesto, en parte por obra de los “Moncayo boys”, que han conseguido convertir al vicepresidente Dahik en un perseguido y exiliado, al presidente Durán en un fantasma, al candidato presidencial más prestigiado en una figura moralmente cuestionada y al diputado Larrea, que se atrevió a reclamar la revisión de las cuentas secretas de los militares, en un inculpado de la justicia militar”.
Para cerrar el año 1995, la revista ‘Gente’ publicó el artículo “De nuevo el Baile del Mono”: “Como se sabe la Misión de Observadores Militares para Ecuador y Perú (MOMEP) confirmó los sobrevuelos de aviones denunciado por el Perú en nuestro territorio. Nuestro país informó que tropas ecuatorianas por aire y tierra incursionaron en distintos puntos de nuestro territorio…”.
Todo un despliegue de falsedades que no tenían sentido, a no ser que se buscase exacerbar los sentimientos nacionalistas y crear en el pueblo peruano, una sensación de amenaza, que le motive y conduzca a apoyar cualquier aventura revanchista.
El Plan Zorro
El domingo 23 de junio, Montesinos, con audacia, poca escrupulosidad y, felizmente menos acuciosidad, jugó una carta que pensó sería decisiva para sacarme del Ejército: el llamado “Plan Zorro”. El diario ‘EL SOL’ de Lima publicó, esa fecha, en gran titular, “Se daría golpe de Estado en Ecuador… Plan denominado Zorro habrían elaborado las FFAA de Ecuador (…) El objetivo sería impedir el acceso de Bucaram a la Presidencia (…) Se pretende exacerbar el problema fronterizo presentando al Perú como país agresor y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas como heroicas”.
El periodista Edmundo Cruz, afirmaba: “Al Plan Zorro se le asignó el siguiente objetivo: impedir el acceso de Abdalá Bucaram a la Presidencia de la República, a como dé lugar (…) Para lograrlo, se debería primero neutralizar, y luego destruir las posibilidades electorales del líder del Partido Roldosista… El plan habría dado licencia para alcanzar el objetivo, inclusive, mediante el empleo de una “operación húmeda”, término que en el argot militar secreto sugiere la eliminación física (…) En caso de que Abdalá Bucaram resultara triunfador en la segunda vuelta, la fuente confidencial informa que el “Plan Zorro” prevé la opción extrema de la interrupción del proceso democrático para asestar un golpe militar. El pronunciamiento estallaría antes de la transmisión de mando”.
Triunfó Abdalá Bucaram con el 54.37% de la votación a su favor. Conforme se acercaba la transmisión del mando, la campaña sicológica peruana se exacerbó. Nuevamente diario Expreso, en su edición del 15 de julio, publicó un gran titular: “Ecuador viola acuerdos con la movilización de tropas a frontera.” “General Moncayo desafía al presidente electo Bucaram”. En el relato periodístico, el rotativo peruano dice: “En acto considerado en medios peruanos, como un desafío al presidente electo Abdala Bucaram, a sus recientes declaraciones de amistad hacia el Perú, el general Paco Moncayo Gallegos, jefe de la cúpula militar y principal impulsor del belicismo nacionalista en Ecuador, dispuso la movilización de tropas hacia provincias fronterizas con el Perú”. Eso tampoco era verdad.
Más adelante manifiesta que la movilización de tropas ecuatorianas, dispuesta por el general Paco Moncayo “es una flagrante violación de los acuerdos de paz”, La operación según fuentes de la inteligencia, contaría con la participación de asesores de origen asiático en el manejo del armamento chino. Se trataría, en su mayoría, de exmilitares contratados en Bang Kok.
Al respecto, la supuesta presencia de ex combatientes del Vietcong habría sido reportada a la inteligencia peruana, según las fuentes, por un ciudadano de nacionalidad china, que, por motivo de negocios, habría tenido contacto con ellos dos meses atrás en Guayaquil”.
Felizmente, el presidente Abdalá Bucaram no cayó en la trampa. Inteligente como es, seguramente entendió las intenciones oscuras de los autores de todas esas patrañas o, encontrándose dedicado a toda la enorme carga de organizar su gobierno, no conocía de estos asuntos.
Lo cierto fue que, en el mes de julio, fui invitado a la ciudad de Guayaquil, donde el nuevo mandatario me pidió que acepte la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me dijo: “General, usted es el líder indiscutible de las Fuerzas Armadas y yo lo soy del pueblo ecuatoriano. Vamos a trabajar juntos en bien del país”.
En despacho de la Agencia Reuter, desde Lima, el 26 de julio, bajo el titular “Perú amenaza” se informaba: “Lima. – La Fuerza Aérea del Perú utilizará, cuando sea necesario, “la fuerza con toda su potencia” para defender la frontera entre Perú y Ecuador definida por el Protocolo de Río de Janeiro, dijo su comandante general Waldo Richter. Un comunicado difundido hoy por la agencia estatal Andina indicó que Richter dijo que la Fuerza Aérea actuaría para “defender la frontera definida por el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo del arbitraje de Braz Días de Aguiar” que trazó la frontera entre Perú y Ecuador. “No vacilaremos un instante por el honor a nuestra causa, tal como lo hicieron Quiñones y los inmolados en 1995 en el Alto Cenepa”.
El 30 de julio, Martín Belaunde tituló su artículo: “Es hora de que el Perú aprenda a decir no”, regresando a su viejo discurso alarmista: “Las últimas declaraciones del general Paco Moncayo, próximo comandante en jefe de las fuerzas armadas ecuatorianas y del canciller saliente del Ecuador (Galo Leoro) suscitan diversas reflexiones en torno al tema fronterizo”.
Después analiza que desde inicios de la década del 40 hasta mediados de la del 80, el Perú mantuvo una capacidad militar de igualdad con Chile y de absoluta superioridad hacia el Ecuador, lamentando que las cosas hayan cambiado tanto, al punto que la igualdad con Chile no exista más y respecto a Ecuador, la antigua superioridad militar se redujo a límites muy peligrosos, tal como pudo advertirse en el reciente conflicto del Alto Cenepa”. Abdalá Bucaram presidente
Conforme al mandato legal, el 10 de agosto de 1996 se produjo el cambio de mando. Felizmente, las negociaciones con el Perú no se habían detenido. A fines de ese mes, se llevó a cabo la siguiente reunión de las comisiones negociadoras en Santiago de Chile.
Un trabajo intenso con los representantes de los países garantes, realizado por la Cancillería y las Fuerzas Armadas, en particular con Luigi Enaudi de los Estados Unidos, permitió revertir la incómoda situación creada en Buenos Aires, puesto que se logró que las negociaciones se mantengan, tomando en consideración lo avanzado en la Declaración de Itamaraty y el Acuerdo de Quito.
No sé por mano de quien, el supuesto Plan Zorro fue puesto en manos del presidente Bucaram. Una tarde, me visitó el ministro de Defensa para expresarme que el presidente estaba muy preocupado por la lectura de ese documento, que tenía mi firma. Tomé los papeles y con una simple ojeada, respondí: “… es una vulgar trampa y un documento falso”, Señalé con un lápiz bicolor las inconsistencias: “El nombre del destinatario, Aníbal Sandoval Barahona; la forma de designar a las zonas aéreas, llamándolas regiones; los papeles en que estaba impreso, cuyo formato ya no se utilizaba en las Fuerzas Armadas desde hacía mucho tiempo, etc.” El Mandatario fue informado y comprendió que era un documento forjado. Lastimosamente, tiempo después, cuando el Congreso le había destituido, ese documento, con las marcas señaladas en la reunión con el ministro Víctor Bayas, fue publicado por la prensa peruana. ¿Quién les entregó? No lo sabemos, ni tuvimos jamás interés en averiguarlo.
El presidente Bucaram tuvo el acierto de mantener al doctor Galo Leoro Franco, al frente de la Cancillería. Informado sobre el estado de las negociaciones, convocó al Consejo de Seguridad y, al referirse a la reunión de Buenos Aires, nos increpó en términos fuertes por haber aceptado los términos de la negociación, en lo que se refería a los artículos séptimo y noveno del Protocolo de Río de Janeiro. Respondimos con la verdad: los mandos militares no habíamos conocido, en ningún momento, de los resultados de esta negociación. ”
El lunes 23 de septiembre, a pesar de toda la campaña en contra del proceso de paz, se reunieron los mandos militares, en Lima, para establecer los mecanismos de confianza acordados en la reunión de Quito. Esta era la segunda ocasión, ya que, en febrero, en nuestra histórica Capital, se realizó la primera entre los generales Jorge Ortega y Nicolás Hermosa Ríos. A mediados de octubre, se realizaron reuniones cruciales para el desarrollo de las negociaciones. Era importante dar continuidad al proceso diseñado en Itamaraty.”.
En noviembre el canciller Galo Leoro Franco denunció ante los Países Garantes, la desproporcionada carrera armamentista que afectaba la continuación y el éxito de las negociaciones previstas para diciembre. Así terminó el año 1996. No se cumplió el compromiso de iniciar las negociaciones sustantivas para resolver los impasses subsistentes, lo que debía suceder el 20 de diciembre, porque se produjo el sorpresivo asalto a la Embajada del Japón en Lima, por parte de un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Entre los rehenes se encontraba el canciller Francisco Tudela, responsable de la conducción de las negociaciones de paz. Inicia el sombrío año 1997
Inició el nuevo año con un viaje del presidente Bucaram al Perú. En la visita que realizó al jefe de Estado peruano, en el Palacio de Pizarro, le manifestó: “Presidente Fujimori tenemos que aprender a perdonarnos. Quiero expresarle, en nombre del pueblo ecuatoriano que no habrá paz sin perdón”. Para el presidente peruano el gesto del mandatario del Ecuador fue “un paso audaz y gigantesco”. En su discurso ante el Congreso peruano, el presidente Bucaram emitió un mensaje de paz a nombre del pueblo ecuatoriano y aprovechó la ocasión para ofrecer todo su apoyo a cualquier iniciativa del gobierno en el grave problema de los rehenes.
Las declaraciones del presidente Bucaram fueron usadas inmediatamente en nuestro país por parte de sus detractores, para desacreditar al Mandatario. Una foto de los dos presidentes vestidos con indumentaria típica del Perú, degustando un plato típico de la gastronomía andina, el cuy, sin el uso de cubiertos, sirvió para que Abdalá Bucaram fuera ridiculizado por la mayoría de los medios. Lamentablemente, también por parte de algunos ecuatorianos, una vez más, la política interna enturbió el ambiente en que se desarrollaban las negociaciones.
Por otra parte, el frente interno cuya solidez es premisa básica para un país que negocia un tema fundamental como sus reclamaciones territoriales para lograr la paz, se desmoronaba. El 23 de enero, el diario ‘HOY’ informó: “El gobierno hace agua por distintas partes. Hay paro de funcionarios judiciales en Quito y de hospitalarios en Guayaquil. Jóvenes y mujeres se tomaron la Plaza Grande la noche del martes y en la tarde de ayer, lo que obligó a Bucaram a abandonar el palacio de Carondelet.
Mientras tanto unos doscientos alcaldes se reunieron y acumularon quejas y demandas. La Panamericana se cierra intermitentemente en las ciudades del centro del país y en Portoviejo, los manifestantes intentaron tomarse el Banco de Fomento… La oposición política concreta el pedido de censura al ministro Adum… en este ambiente caldeado el presidente, concreta promesas: contratará a Maradona para el Barcelona.”
El golpe de Estado del Congreso Nacional
En el mes de febrero la situación interna del país se agravó. Se produjo escasez de combustibles, se cerraron carreteras, hubo amenazas de bombas en edificios públicos, estudiantes marcharon hacia el Congreso en reclamo por las medidas económicas y el transporte interprovincial dejó de operar. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que el paro, convocado para el día 5, se extendería hasta el fin de semana y que si el presidente Bucaram no abandonaba el cargo continuarían las medidas de hecho.
Se conoció que los expresidentes Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja, políticos influyentes como Jaime Nebot, Rodrigo Paz, Freddy Ehlers, Ricardo Noboa, el general Frank Vargas Pazzos y el dirigente del Magisterio público Juan José Castello, se habían reunido el 3 de febrero para pedir la organización de un gobierno constitucional de transición que pueda impulsar una reforma política; en Quito, el alcalde metropolitano Jamil Mahuad convocó a la Asamblea de la Ciudad para plantear la salida del presidente Bucaram. Algo similar sucedió en Cuenca, Loja y otras ciudades
El día 5 el Comando Conjunto mantuvo el seguimiento de la aplicación de los planes de operaciones de Defensa Interna se comenzaron a aplicar en la fase correspondiente. El denominado Paro Cívico Nacional convocado por los sectores productivos y sociales, transcurrió sin novedades mayores. El Presidente plegó simbólicamente al paro y dijo entender la situación económica creada por las medidas económicas, que planteó iba a revisar.
En el Perú, la prensa manejada por Montesinos pronosticaba un golpe militar. El 3 de febrero, en la revista “SI” se publicó bajo el título “Complot contra Bucaram”, lo siguiente: “Abdalá Bucaram se encuentra en una difícil encrucijada: existe un complot militar para sacarlo del cargo y colocar en su reemplazo a la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Detrás de este plan están los mandos del ejército ecuatoriano quienes consideran al mandatario un peligro para la estabilidad del Estado (…) lo cierto es que Moncayo ha perdido fuerza al interior del poder militar ecuatoriano, ya que el cargo que ostenta carece de mando de tropa. …”. Con la muerte de Bucaram los militares ecuatorianos habrían logrado dos objetivos: “… boicotear la paz y sacarse a Bucaram de encima (…) De allí las declaraciones de Bucaram manifestando que su vida corre peligro…”
En esos momentos críticos, el presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación creada por el Congreso en torno a su destitución. Obviamente no asistieron el presidente del Congreso, ni el titular de la Corte Suprema de Justicia. Esa reunión fue sumamente compleja. Algunos miembros del Consejo recomendaban al presidente que ordene el cierre del Congreso. Mi posición al respecto fue se estaría atentando contra la Constitución y que debía buscarse una solución política, negociada y legal. El presidente descartó la clausura.
El 5 de febrero, como lo habían planificado los promotores, se produjo una enorme manifestación en la ciudad de Quito y movilizaciones a lo largo y ancho del país.
El diario HOY informó el día 6: “Multitudes de ciudadanos manifestaron en las ciudades. Las carreteras bloqueadas. Dramatismo en el Palacio Nacional y en el Palacio Legislativo. Denuncias del golpe de Estado (…) hoy sesionará el Congreso en un período extra con un solo tema: Analizar y resolver la crisis que vive el Ecuador y el gobierno Nacional”. En su principal editorial, luego de analizar la situación, concluye que: “la salida al estado de zozobra, parálisis económica y desconcierto público corresponde buscar al Congreso en el marco de la ley, si acaso antes el presidente de la República no reconoce que su gobierno luce no viable y decide, en bien del país, presentar la renuncia al cargo”. .
Los alcaldes de las principales ciudades, exmandatarios, excandidatos, líderes sindicales y gremiales encabezaron las marchas. Ese día, debido a la serie de rumores que se difundían en todo el país, las Fuerzas Armadas tuvimos que emitir un comunicado desvirtuando una presunta detención del presidente del Congreso.
Cuando exaltados manifestantes intentaron ingresar al Palacio Legislativo, se mantuvo la protección policial y militar a los diputados, especialmente a los familiares del presidente y políticos de su partido, que eran amenazados por la enfebrecida multitud. La Escolta tampoco permitió que ingrese el alcalde Jamil Mahuad quien, presuntamente a nombre de la Asamblea de la Ciudad, apoyaba la salida del Mandatario. Para evitar posibles ofensas a legisladores y funcionarios de la familia Bucaram, el comandante de la Zona de Defensa, general Manuel Suárez, los evacuó en un bus del Ejército, vistiéndolos con uniformes militares.
En la mañana del día 6, el presidente del Legislativo buscaba lograr los votos para designar al gobierno de transición. El diputado César Verduga anunció que el presidente interino podría ser el titular del Congreso o el de la Corte Suprema de Justicia y que Rosalía Arteaga estaba excluida. Entre tanto, el gobierno, en su desesperación por tranquilizar a la población, anunció la suspensión de las medidas económicas decretadas.”.Bajo la dirección del ministro de Defensa, se reunió el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, y emitió un comunicado al país, expresando “un llamado a mantener la cordura y la tranquilidad, a fin de conservar la paz y la democracia, bienes invalorables para la sociedad ecuatoriana” y ratificando “la finalidad de garantizar la paz ciudadana, la vigencia y el respeto a la Constitución.En esos mismos momentos conocimos que el presidente recibió al secretario general de la OEA, César Gaviria Trujillo, quien vino al país, atendiendo el llamado del Mandatario, para apoyar el mantenimiento del orden constitucional.
A las 8 de la noche, el Alto Mando Militar fue convocado a la Presidencia de la República. En esa reunión revisamos las medidas de seguridad de Carondelet. Abdalá Bucaram informó que aspiraba solucionar políticamente el problema, pues contaba con el apoyo de varios diputados que se encontraban ese momento, en Palacio y a quienes pudimos observar reunidos en el salón de sesiones del Gabinete, cuando salíamos con destino al Ministerio de Defensa. A las 10:30 horas, llegaron a la Recoleta la vicepresidenta de la República, Dra. Rosalía Arteaga y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Solórzano. Ambos coincidieron en expresar que el Congreso Nacional estaría violando la Constitución en caso de destituir al presidente de la República y nominar un Interino.
Rosalía Arteaga Presidenta
Pasada la medianoche, el día 7 de febrero, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, emitió un decreto asumiendo la Presidencia y disponiendo la obediencia de las Fuerzas Armadas. A la 1h30 llegó a La Recoleta el doctor Nelson Robelly, portando una copia del Decreto, para conocimiento de los mandos. A las 02h20, se pronunció el Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante comunicado a través del cual se declaraba la inconstitucionalidad de la destitución del presidente Bucaram y felicitaba la acción democrática y constitucional de las Fuerzas Armadas.
En esa mañana visitaron al Comando Conjunto delegados del Frente Unitario de Trabajadores, de las Cámaras de la Producción y de la Asociación de Generales y Almirantes en servicio pasivo. Pedían un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en respaldo a la decisión del Congreso. La respuesta a todos ellos fue que esa nuera nuestra responsabilidad obligación constitucional ni legal.
A las 11h00, del día 7, el presidente Bucaram aceptó el diálogo e invitó a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, quienes no se pronunciaron al respecto; a las 11h30, el doctor Fabián Alarcón declaró que solamente había un presidente de la República que, por supuesto, era él y convocó al pueblo a salir a las calles, como en efecto sucedió.
A las 1600 horas se reinstala la sesión del Consejo Ampliado. Los Generales, al retornar de sus unidades militares informan de la situación, se conoce el contenido de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, documento a través del cual expresan su preocupación por la situación que vive Ecuador y resaltando la actuación de FFAA, a más de su esperanza por una solución pacífica. También se recibieron criterios positivos de países como Chile y Argentina, que destacaban la actuación de Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les informé también de las visitas recibidas por parte de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo, el Frente Unitario de Trabajadores, las Cámaras de la Producción, quienes pedían se obedezca el mandato del Congreso.
En el despacho del presidente se produjo una tensa reunión, con presencia de los colaboradores cercanos del presidente, quien me invitó a un cuarto aledaño a su oficina y me planteó que 44 diputados o un Consejo de Generales no podían resolver contra la decisión dada por el pueblo en las urnas.
Yo le expliqué que estábamos sitiados, que se intentaba asaltar el Palacio y que esto podía dar lugar a un grave derramamiento de sangre .De vuelta al despacho presidencial, acordaron encargar la presidencia a la vicepresidenta hasta que se calmen los ánimos y se retorne a la normalidad. Fue invitada Rosalía Arteaga a la reunión, no hubo acuerdo y el presidente planteó que como su presencia en el lugar podía ocasionar un problema mayor, viajaría a Guayaquil. Con el Grupo de Operaciones Especiales, se organizó la evacuación con todo éxito. Al despedirnos, le expresé que lamentaba este desenlace y que había cumplido mi deber con lealtad. Abdalá Bucaram se despidió agradeciéndome y asegurando que yo era un caballero. Esto lo reiteró a su arribo a Guayaquil. El sábado 8 de febrero visitaron el Ministerio de Defensa varias personalidades de la política nacional, pidiendo unos el respaldo a la vicepresidenta y otros al doctor Alarcón. Nuestra respuesta fue la misma: “Este es un conflicto político.
Las Fuerzas Armadas no son parte de este, ni árbitros de la disputa, por lo que las autoridades deben buscar una salida política”. Ese mismo día, el general Víctor Bayas presentó su renuncia. Conforme a las leyes militares, me correspondió asumir esa Cartera de Estado hasta que se designe al titular. Víctor Bayas acudió entonces al auditorio de la Fuerza Aérea, donde nos encontrábamos reunidos los generales, agradeció el apoyo a él brindado y se despidió augurando suerte para la Institución.
Un país tres presidentes
En ese momento el país tenía tres presidentes. El Congreso seguía firme en su posición de apoyo al Dr. Alarcón. El Abogado Bucaram, en Guayaquil, aseguraba que seguía siendo el presidente Constitucional.
La vicepresidenta afirmaba que legalmente le correspondía ocupar la primera magistratura, puesto que el Congreso había destituido al presidente y ella entraba en la línea de sucesión presidencial.
Recibí también una llamada telefónica del abogado Jaime Nebot. Participó el ingeniero León Febres Cordero que exaltado me exigía obedecer la decisión del Congreso porque el país no podía continuar en esa condición de caos. Respondí en el mismo tono que él había usado, que las Fuerzas Armadas coincidían en la urgencia encontrar una solución constitucional, pero ese era asunto de ellos: los políticos.
A media noche, arribaron al Ministerio de Defensa los jefes de todos los bloques del Congreso, con la excepción obvia del PRE. Manifestaron que habían llegado a la siguiente decisión:
1. Se ratifica la destitución del presidente Bucaram.
2. Por pedido del Dr. Fabián Alarcón se deja sin efecto su nominación como presidente Interino.
3. Se encarga el poder a la Señora vicepresidenta hasta que se nombre constitucionalmente al presidente Interino.
Expresaron que con esta proposición se obtenía una salida constitucional, pues contaba con los dos tercios de los votos de los legisladores. De mi parte expresé que las Fuerzas Armadas acataríamos la decisión una vez que esté constitucionalmente respaldada.
Que no considerábamos esta una consulta o el pedido de una opinión, porque sería un comportamiento inconstitucional. Pedí que se respete a los mandos y puse mi cargo a disposición del Congreso.
Inmediatamente informé al Consejo Ampliado sobre lo tratado y éste publicó un nuevo boletín, fechado el 9 de febrero, en el que se consideraba la nueva situación y las Fuerzas Armadas expresaron su decisión de: Reafirmar su inquebrantable vocación democrática y de respeto absoluto a la Constitución y leyes de la República y subordinar la Institución a la autoridad legítimamente elegida por el Congreso Nacional”.
Como era de esperarse, la guerra sicológica de Montesinos estuvo muy activa en estos días. El 8 de febrero, el principal titular del diario “Expreso” fue: “Golpe bajo en Ecuador”, con la siguiente reseña: “… Ante estos hechos lamentables, lo grave es que las fuerzas armadas –bajo la férula de quien detenta desde hace mucho el poder de facto en el Ecuador, el general Paco Moncayo Gallegos- han adoptado lo que denominan ignominiosamente una actitud “neutral”… Experto en operaciones encubiertas, el general Moncayo Gallegos pretende sorprender a la comunidad internacional haciéndole creer que los militares son del todo ajenos y aun lamentan una situación de la que hacen responsables a los “políticos” civiles, de quienes dicen ahora esperar instrucciones para saber a quién respaldar”.
Desde Lima, ese mismo día, otro medio publicaba: “Gorilas impusieron a Mona en presidencia ecuatoriana”. “El jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general Francisco Moncayo, fue quien decidió que la presidencia de Ecuador sea asumida por la hasta hace dos días vicepresidenta Rosalía Arteaga… quien no perdió tiempo y nombró a su padre embajador.
Con el título “El Cuarto Presidente”, en la revista Gestión se publicó el siguiente artículo, parte del cual reproduzco: “Que los militares son los grandes armadores del nuevo cuadro político ecuatoriano, queda clarísimo: le han dado de baja a Bucaram, le han dicho gracias a Alarcón por su sacrificada labor (pero le han dicho que se quede de mandamás del Parlamento), y han decidido que la vicepresidenta Rosalía Arteaga asuma la máxima magistratura.
Vistas bien las cosas, el nuevo presidente debajo de la formalidad es el general Paco Moncayo, jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Bucaram, Alarcón y la Arteaga quedan opacados frente a este cuarto candidato a tener el poder político efectivo en el Ecuador”.
Colofón
El día 11 de febrero, Abdalá Bucaram abandonó el país, la vicepresidenta renunció al encargo de la presidencia y el doctor Fabián Alarcón fue designado presidente Interino. Al marcharse hacia Panamá el presidente depuesto declaró que había sido víctima de “un golpe de Estado civil”. El nuevo presidente ratificó a todos los miembros de la Comisión que estaba organizada para la reunión en Brasilia y manifestó que trataría de buscar definitivamente la paz con dignidad. Agregó que el Ecuador tiene una sola política internacional y “por lo tanto continuaremos las conversaciones iniciadas en Itamaraty”.
El nuevo gobernante designó como Canciller a un reconocido diplomático y prestante ciudadano, el doctor José Ayala Lasso. Personalmente pienso que el cambio en la dirección de las negociaciones debilitó la posición internacional del país, que perdió al hombre que con sabiduría y experiencia había conducido con éxito la Cancillería, en los momentos estelares de su historia. De todas maneras, hay que reconocer que para reemplazar al doctor Leoro Franco, no podía haberse elegido mejor. El doctor Ayala registraba una brillante trayectoria, prestigio y conocimiento de los temas internacionales.
Las negociaciones se mantuvieron. Sus avatares han sido ya relatados por ilustres internacionalistas y la paz se firmó, al fin, el 26 de octubre de 1998. Las negociaciones se habían debilitado por el ambiente de caos y desorden político interno sufridos en 1996 y 1997. Alberto Fujimori había negociado implacablemente con cinco presidentes: Rodrigo Borja, Sixto Durán, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad.
Las Fuerzas Armadas habían cumplido, tanto en la guerra externa como en el conflicto interno, profesionalmente.
A la misma hora se conoció la resolución del Congreso Nacional de destituir al presidente de la República aplicando el Art. 100, literal d, “por incapacidad mental comprobada”. La resolución se había tomado apenas con 44 votos, esto es mayoría simple, acto violatorio de las normas legislativas. Se nominó, en el mismo acto al doctor Fabián Alarcón como Presidente Interino. El presidente Bucaram anunció que no acataría tal resolución. A las 23:55 arribó al Ministerio de Defensa una comisión del Congreso, conformada por los diputados Franco Romero, Heinz Meller y Carlos Vallejo. El legislador Romero, en representación del Parlamento Nacional, explicó que, ante la aguda crisis que venía afrontando el país en las últimas semanas, se habían visto obligados a convocar a un Congreso extraordinario, el cual resolvió declarar la incapacidad mental del abogado Abdalá Bucaram y la cesación de sus funciones, así como la designación del doctor Fabián Alarcón Rivera como presidente Constitucional.
A las 23:00 horas y con los argumentos expresados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la decisión del Congreso que daba al traste con 44 votos los procedimientos constitucionales. El Consejo decidió no aceptar ninguna decisión, sin el informe del Tribunal Constitucional. Entonces emitimos un segundo comunicado solicitando a las Funciones del Estado acudir al diálogo, recabando de la clase política madurez, patriotismo y sabiduría, e invocando al pueblo ecuatoriano a respaldar la concertación y al diálogo como únicos instrumentos válidos para mantener la vigencia de una democracia auténtica.