El Ministerio de Economía y Finanzas publicó en su página web los movimientos del Presupuesto General del Estado (PGE) con corte a septiembre de este año.
De acuerdo con esa información, en los primeros nueve meses de 2023 el PGE acumuló un déficit de $3.172 millones, equivalentes al 2,7% del PIB que proyecta el Banco Central ($119.573 millones). Es decir, a falta de tres meses para el cierre del año (e históricamente en el último trimestre se ha generado una buena parte del déficit del año completo) el resultado ya es peor del que el ministro Arosemena proyectaba hasta hace poco para todo 2023: entre 2,3% y 2,5% del PIB (y hasta agosto insistía en que el déficit sería de 2% del PIB). El deterioro frente a los primeros nueve meses del año pasado es notable: en ese período el PGE había registrado un superávit de $304 millones, pese a lo cual al cierre de ese año el resultado fue deficitario en $1.873 millones.
Como hemos señalado en análisis anteriores dice CORDES, este deterioro de la situación fiscal se explica principalmente por una caída en los ingresos. Los que genera la exportación de petróleo pasaron de $2.641 millones en los primeros nueve meses de 2022 a $1.455 millones en el mismo período de este año, lo que implica una caída de 45%.
Si bien en las últimas semanas se ha registrado un alza en el precio del petróleo, el valor promedio de exportación de enero a septiembre de 2023 sigue siendo más bajo que el del mismo período del año pasado. A eso se suma la caída en el volumen de producción. Los ingresos tributarios del PGE, por su parte, sumaron entre enero y septiembre de este año $11.099 millones, es decir, 4,3% menos que en los mismos meses de 2022. Y al comparar los ingresos tributarios puntualmente de septiembre de 2023 con los del mismo mes del año pasado la caída se hace mucho más profunda: 13,6%.
De hecho, en septiembre de este año todos los impuestos dejaron menos recursos al PGE que en el mismo mes de 2022. Incluso el Impuesto a la Renta, que venía registrando resultados positivos, pero cuya recaudación se vio afectada por la última reforma, que redujo la presión sobre las personas de mayores ingresos. Cabe señalar que la reducción en los ingresos tributarios del PGE podría ser mayor en los próximos meses como consecuencia de los apagones y su impacto en la actividad económica.
AUMENTO DE GASTOS
Por el lado de los egresos, en el acumulado hasta septiembre se registran aumentos en todos los componentes del gasto corriente, destacando el de los intereses (37%), los sueldos (7,1%) y las transferencias corrientes (8,4%), que se refieren principalmente a bonos sociales y transferencias al IESS por el 40% del fondo de pensiones. Respecto a esas transferencias, el crecimiento interanual de septiembre (3,6%) es considerablemente menor que el acumulado hasta agosto (9%). Algo similar ocurre, en el gasto de capital, con las transferencias permanentes (las que van a los GAD), que pasaron de crecer 2,7% interanual en el acumulado hasta agosto a caer 15%, también en términos interanuales, en septiembre. Si bien las transferencias de capital dependen de los ingresos petroleros y tributarios que recibe el PGE y, por tanto, es comprensible que ante una caída de esos ingresos dichas transferencias se ajusten, podría estarse produciendo un subregistro del gasto, como ha advertido Jaime Carrera en una reciente columna publicada en la página del OPF2 .
PREVENTA PETROLERA: RETORNO AL PASADO
La gravedad de la estrechez fiscal parece reflejarse en una noticia que se dio a conocer ayer: que el Gobierno estaría pensando en prevender petróleo por $1.200 millones, ocupando la oferta exportable de diciembre de 2023 a marzo de 2024. Si esos recursos se utilizan en este año, esa operación complicará aún más la ya muy difícil situación fiscal que heredará el próximo gobierno, pues reducirá su flujo de ingresos para el primer trimestre . A eso se suma una previsible caída en los ingresos tributarios –por la reducción de la tasa del ISD a 2% a partir del 1 de enero de 2024, los últimos cambios en el Impuesto a la Renta y el fin del impuesto al patrimonio de las grandes empresas, por el cual el SRI recaudó $348 millones hasta septiembre –.
A todo esto se suma una nueva caída en la producción petrolera por el cierre de la explotación en el Yasuní, una tendencia al alza en el gasto corriente y el posible incremento en el gasto de capital como consecuencia del fenómeno del Niño.
En ese contexto, es importante que el presidente electo dé señales de conocer cuál es la situación fiscal y diga qué piensa hacer para enfrentarla.
En caso de concretarse, esa operación debe registrarse, al igual que cualquier preventa petrolera, no como un ingreso (“sobre la línea”) sino como un crédito (“bajo la línea”).
Acá no se discute sobre los impactos negativos que el ISD puede haber generado al ingreso de divisas al país ni sobre los desincentivos a la inversión que pueden ocasionar los impuestos patrimoniales a las empresas, simplemente se menciona que los cambios en esos impuestos tienen un impacto fiscal.