Cincuenta causas al mes resuelven un juez de lo civil. Un árbitro, entre tres y cuatro casos al año. De allí la calidad de las sentencias.
Si quisiéramos equiparar el número de casos entre los jueces y los árbitros tendríamos un ejército de 200 veces más jueces. Inmanejable desde todo punto de vista. El sistema actual no es viable ni aún si incrementásemos en 200 veces el número de jueces.
Ante este problema hay tres soluciones a la vista. Sobre la prevención de conflictos y el uso de la tecnología en aplicaciones judiciales, inteligencia artificial, blockchain, flujos de trabajo, machine learning nos ocuparemos en artículos posteriores.
La tercera opción es devolver el papel a la autonomía de la voluntad. Como sabemos, los empleados públicos ecuatorianos, ante un sistema degenerado y decadente de control social, actúan con pies de plomo en cuanto a resolver problemas reales. El temor a la Contraloría General del Estado, les vuelve cautelosos y temerosos, manejar una glosa, un ciudadano contra el Estado, además de caro es largo, cuatro o cinco años de juicios por las razones más arbitrarias, mientras lo tigres de la corrupción vuelan a paraísos fiscales donde son liberados con amnistías. Conclusión, la administración pública actúa para que el funcionario público no sea responsable y lo único que quieren es que la cuestión se resuelva en otra administración. El Estado, de ese modo, es una máquina boba e inepta.
Algo similar ocurre en la administración de justicia. La pregunta es, será que si se devuelve al ciudadano la fe en la autonomía de la voluntad podrá mejorar la gestión de conflictos en Ecuador.
Probablemente sí. Esa es la experiencia a nivel global. El arbitraje y la mediación liberan de carga al sistema judicial. En un estudio de hace ya 20 años, el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que el 70% de la población ecuatoriana estaba sometida o involucrada de alguna manera en algún tipo de conflicto o controversia. Se desconocen los datos actuales. Francisco Rhon de Ecuador Debate solía publicar cifras sobre la conflictividad social, pero los hechos de hace un par de semanas, muestran el enorme represamiento de ira y descontento hacia la sociedad ecuatoriana.
Tenemos una disyuntiva. Si continuamos con el actual sistema de justicia, el Contrato Social, el Nomos de nuestra sociedad estará destruido en pocos meses más. La solución no está en incrementar el número de jueces, probablemente la solución vaya por el sendero de la adopción tecnológica, el apoyo irrestricto a los jueces honestos y la masificación de los métodos alternativos de prevención y solución de conflictos.
Probablemente haya una causa anterior, la educación de abogados y jueces, hoy en día las carreras más apetecidas por los jóvenes es la abogacía. El resultado está a la vista, miles de abogados salen año tras año de las facultades de derecho, algunos con apenas conocimientos básicos. Un gran porcentaje se convertirán en jueces o funcionarios públicos. La solución está en mejorar el producto que entregan las universidades, pero el producto que entregan las universidades viene de la educación secundaria. Por ende, pensemos en una gran reforma educativa que ponga lo caballos delante de la carreta, mejoremos la educación primaria y secundaria, fortalezcamos la enseñanza y el gusto por las matemáticas y las ingenierías y desmotivemos el estudio del derecho. Corruptissima republica plurimae legges, decía Tácito. Lo mismo se debería hacer con el estudio del derecho.
Como en Alemania y otras naciones civilizadas, solo aquellos estudiantes secundarios que superen un promedio de 9/10 pueden entrar a estudiar derecho. El bien común está por sobre las preferencias individuales, en ciertos casos de urgencia, decía Aristóteles. Este es un caso de urgencia. Del mismo modo, los jueces deben recibir un entrenamiento más prolongado, no con cuatro años de estudio brevísimo, el estudiante ya está preparado para la judicatura y no, ciertamente, con apenas conocimientos de economía, sociología, política. Claramente, la jurisprudencia no es una disciplina fácil, solo los mejores deberían ser jueces. Ello se logra reorientando todo el sistema educativo, exigiendo altos estándares para que los alumnos Facultad de Jurisprudencia, alargando los años de estudio de la carrera y duplicando, al menos, la formación inicial de jueces y funcionarios judiciales, a lo que debe sumarse necesariamente, un plan de actualización constante.
Este es un proyecto nacional, por eso, las universidades públicas ecuatorianas deber ser fortalecidas, entregando recursos, previo un plan de reforma universitaria que haga que solo los mejores ecuatorianos, puedan decidir nuestro futuro.
En caso de que esta generación, nuestra generación, no lo logre, la pesadilla de García Moreno, de una nación dividida y fragmentada, será pronto una realidad.
No es pertinente emular el papel de los grandes reformadores del sistema judicial, que a pretexto de seguir el modelo francés, de forma parcial y mal copiado, reformaron el sistema judicial para hacerlo instrumental a un proyecto político.
Probablemente, la única solución que nos queda es dialogar, en su más antigua y clásica definición, no con todas las respuestas, pero humildemente, con muchas preguntas.
Si fracasamos, fracasamos como generación y como ciudadanos de este pedazo de tierra en el que nos ha tocado vivir, el país de la mitad.
Autor: Autor: Dr. Juan Carlos Mejía
Catedrático, Abogado, Doctor en Jurisprudencia.