El bochorno que protagonizaron ayer los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) evidencia la actitud depredadora que prevalece aún entre varios actores políticos: no hay empacho en destruir la institucionalidad si es que ese es camino para controlar todos los poderes.
La pugna en la que figuran, por un lado, el correísmo y el socialcristianismo, y, por el otro, las fuerzas políticas que rodean al presidente Guillermo Lasso terminó alcanzando al más determinante, pero a la vez al más frágil de los poderes del Estado.
Para desdicha de quienes fueron elegidos democráticamente y gracias a las particularidades de nuestro orden constitucional, el CPCCS es aún donde se define el poder.
Lo sucedido abre la puerta a la estremecedora posibilidad de que, nuevamente, el país tenga que ver cómo una fuerza ‘lleva’, con maniobras y triquiñuelas, con los organismos de control y de justicia. El Ejecutivo ha hecho bien en no pronunciarse, aunque ello no esconde dónde yacen sus lealtades.
Los políticos están jugando con fuego, destruyendo la esperanza nacional de que, finalmente, se empezaría a reconstruir la institucionalidad destruida en el correato. Este momento histórico requiere conciencia cívica y paciencia, pero ante todo voluntad de renunciamiento en nombre de la democracia.
El país no habrá pasado la página de la tiranía mientras no se renuncie a la tentación de volver al vicio dictatorial de la concentración de poderes.