El asesinato del fiscal César Suárez, a plena luz del día en una avenida muy transitada de Guayaquil, estremece al país en un momento de extrema fragilidad. Son tantos los casos de gran envergadura que el funcionario tenía a su cargo que es prematura cualquier especulación sobre los autores y sus motivaciones.
Sin embargo, llama la atención que alguien de semejante perfil no haya tenido un adecuado resguardo policial; sorprende la osadía de los mentalizadores y ejecutores, justo cuando el Gobierno busca imponerse en el conflicto armado interno que ha decretado. Pese a los esfuerzos que se derivan del Decreto 111, el país observa impotente asesinatos de este tipo, como en el año pasado, cuando otros dos fiscales fueron asesinados. Ante esta sangrienta y cruel afrenta al Estado y al sistema de Justicia, la fiscal general Diana Salazar respondió con un mensaje de determinación y compromiso.
El nerviosismo y el miedo no dan tregua entre la ciudadanía. Se torna absolutamente necesario el completo esclarecimiento de este caso y la detención de los autores materiales e intelectuales; no puede ser, como se ha visto en otros casos, que los motivos permanezcan en las sombras.
Conforme la lucha contra el crimen organizado se agudiza en el país, mayor se torna el riesgo que enfrentan fiscales, jueces y trabajadores de la Justicia. La sociedad ecuatoriana debe reconocer, hoy más que nunca, el inmenso sacrificio y el gran esfuerzo cívico que significa servir al país desde esas posiciones.