Con la confirmación del atentado que segó la vida del presentador de televisión Gerardo Delgado, en Manta, Ecuador tiene a su haber diez periodistas asesinados cuyos autores intelectuales y, en algunos casos incluso, autores materiales, permanecen en la impunidad.
El Estado, en especial los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo tienen una deuda mortal e irremplazable con el periodismo ecuatoriano. No hay excusa alguna para que el Ecuador no haya implementado hasta el momento una unidad o protocolo interinstitucional de protección al ejercicio e integridad de los periodistas en el territorio nacional.
La Fiscalía no ha cumplido con la capacitación ofrecida, pues la problemática de la persecución y los atentados contra la vida de los periodistas, un mal que acecha a los medios y comunicadores en toda América Latina, tiene complejidades únicas. Sus consecuencias son nefastas para la democracia y para el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho.
El Ejecutivo, mediante su Secretaría de Comunicación y el Ministerio del Interior, en coordinación con las gobernaciones, no es capaz de ejecutar la protección efectiva de periodistas amenazados en distintos cantones del país. Bien saben los funcionarios que rodean la comodidad de Carondelet, que los periodistas que arriesgan el pellejo por informarnos desde ciertas provincias se baten entre bandas delictivas, redes de narcotráfico y autoridades involucradas, y que la menor denuncia o alusión al tema en esferas públicas les puede costar la integridad de sus familias, la seguridad de su hogar, y hasta la propia vida.
El Legislativo es, quizá, el más honesto de los poderes del Estado: no tiene vergüenza alguna para declararse enemigo de la Libertad de Prensa y verdugo de la información libre que con su vida defienden los aguerridos periodistas en este país.
Un país jamás será libre cuando opera bajo el yugo de la censura y la oscuridad; y eso es precisamente lo que se pierde con cada amenaza y atentado contra un periodista: la libertad de toda una nación.
Jamás callaremos ante el desdén de un Estado y una sociedad que deben la información que consumen a diario, al trabajo de todos y cada uno de los comunicadores ecuatorianos.