En Ecuador, la población tiene necesidades objetivas que siguen insatisfechas; la desnutrición crónica infantil, el acceso a servicios básicos, el déficit de vivienda, la red vial, la infraestructura básica y el sistema de seguridad son algunas. No son problemas etéreos ni ‘construcciones sociales’ que se solucionan con discursos. Caen en el campo de lo plenamente material y, por lo tanto, enfrentarlos exige energía, recursos y trabajo, con todo el efecto sobre la realidad que eso conlleva, incluyendo su ‘impacto ambiental’.
La atención de todas esas necesidades objetivas son reconocidas como derechos por la Constitución. Sin embargo, esta otorga la misma categoría a una serie de nociones subjetivas, como ‘buen vivir’, ‘ambiente ecológicamente equilibrado’, ‘pluralidad’, ‘diversidad’, ‘identidad cultural’, ‘beneficios de los saberes ancestrales’, ‘reparación y resarcimiento de colectividades afectadas por el racismo’, ‘derecho de la naturaleza a la restauración’, ‘mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de la Pacha Mama’. Ante recursos limitados y una abundancia de derechos sin jerarquía entre ellos —70 de los 444 artículos de la Constitución versan sobre estos— quien dirime entre ellos es la política, muchas veces burdamente representada en lo más alto de la Justicia.
En nombre de estos derechos abstractos, en Ecuador se sacrifica la supervivencia material real de la población. La única forma de atenuarlo o revertirlo requiere una reacción que implique similar movilización, organización, cabildeo y participación. ¿Quién alzará la voz?