El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional logró silenciar al asambleísta Salvador Quishpe por veinte días. Así, la mayoría legislativa imperante consiguió apartar, al menos temporalmente, a uno de los mayores críticos de su esfuerzo coordinado de cooptación del Estado.
Esto no hará mella en Quishpe, un político curtido que resistió a la máquina de persecución correísta en su apogeo y que ya enfrentaba como diputado, en situación desfavorable, ataques de mucho mayor calibre—como los de León Febres Cordero y Alfonso Harb en el auge de la ‘partidocracia’—mientras algunos de quienes ahora lo callan todavía eran niños, jóvenes ignorantes de la política o adolescentes en coqueteos con pandillas juveniles. No obstante, este episodio sí le hace daño a causas importantes.
La primera gran perdedora es, una vez más, la Asamblea Nacional. Que un ente desprestigiado como el CAL actual —conformado en gran parte por suplentes con suerte y ‘rebeldes’ con talento para caer de pie, y el principal responsable de permitir la anarquía en la sala— tenga la osadía de emprenderla contra el segundo asambleístas más votado, y uno de los pocos líderes con capital político propio en el Legislativo, evidencia la desvergüenza que ha abrazado la nueva mayoría con tal de poder saborear otra vez el poder total.
Otra gran perdedora es la cultura democrática. Los pretextos del CAL mancillan e instrumentalizan la noble causa del género en la contienda política, limitan injustamente el trabajo de un asambleísta en un momento delicado para nuestra democracia y —al censurar las voces democráticas y sensatas del movimiento indígena— revigorizan, quizás sin darse cuenta, a las más radicales y peligrosas, como la de Leonidas Iza y sus escuderos.