Sería ingenuo creer que la mera publicación de un documento o código basta para instaurar un comportamiento ético en todo un Gobierno. Sin embargo, son necesarias las definiciones claras que permitan a los funcionarios enfrentar los dilemas morales propios del día a día de la administración pública. A veces, apelar únicamente a ‘principios’ no basta, en tanto cada quien es capaz, con suficiente argucia retórica, de acomodar los conceptos etéreos a su conveniencia. Aunque los códigos demasiado detallados pueden a veces incomodar por su estrechez exagerada, son preferibles a la cómoda ambigüedad en la que cada quien actúa según su criterio.
Preocupa que el Gobierno —repentinamente y sin ofrecer todavía una alternativa mejor— derogó el Código de Ética que regía desde la anterior administración. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, defendió el acto apelando a la seguridad y a la eficiencia administrativa, aunque esto podría generar mayor secretismo en la gestión pública. Cuanto antes, el régimen debe ofrecer nuevos lineamientos que refuercen la transparencia y el acceso a la información pública.
Hay elementos que juegan en contra. Por un lado, existen funcionarios que creen que la paz y la gobernabilidad solo se alcanzarán trabajando a oscuras y a hurtadillas. Por otro, el Gobierno actual comunica con poca claridad y consistencia.
Y así, echar abajo un código detallado y pedir a la ciudadanía que confíe en la devoción de los funcionarios a ciertos ‘principios’ invita únicamente al escepticismo.